Bloomberg Línea — A casi una semana de las elecciones legislativas de 2026, el debate sobre la transparencia del proceso electoral en Colombia se intensifica. Mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil insiste en que el sistema está blindado y cuenta con múltiples mecanismos de control, el presidente Gustavo Petro ha denunciado la persistencia de un supuesto fraude estructural ligado al software de preconteo de votos.
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En paralelo, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte limitaciones en la información financiera reportada por las candidaturas, un elemento clave para la transparencia.
El registrador nacional, Hernán Penagos, ha sido enfático en defender la integridad del sistema. “El proceso electoral colombiano es uno de los más fiables de Latinoamérica”, dijo. “No hay lugar a ninguna duda en materia de integridad”.
Según explicó, el conteo de votos será público, habrá auditorías en cada mesa y los resultados estarán respaldados por actas físicas verificables. Además, precisó que los softwares utilizados en la jornada cumplen funciones de consolidación de datos y no pueden alterar la información consignada en los formularios físicos.
Penagos detalló que el proceso está blindado con herramientas como biometría facial y dactilar para la identificación de votantes, exposición y congelación del código fuente de los sistemas, así como auditorías internacionales.
A esto se suma la participación de 860.000 jurados de votación, 9.300 jueces y millones de testigos electorales distribuidos en las mesas de votación de todo el país. “La desinformación no golpea al registrador, golpea a la democracia”, advirtió el funcionario, quien reiteró que están dispuestos a explicar cualquier duda o incidencia hasta el último minuto de la jornada.
Desde el Ministerio Público, el procurador general, Gregorio Eljach, también hizo un llamado a la calma y al respeto institucional. “No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización. No a declarar enemigo a quien piensa diferente”, afirmó, al invitar al país a actuar en concordia. Eljach fue enfático en que los resultados que arrojen las urnas deben ser respetados, “quede como quede”, pues representan la voluntad de las mayorías.
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El jefe del Ministerio Público subrayó que defender la democracia implica apropiarse del proceso electoral y actuar con serenidad.
En un contexto de creciente polarización política, su mensaje apunta a evitar que las denuncias o sospechas se traduzcan en deslegitimación anticipada de los resultados o en hechos de violencia. La institucionalidad, insistió, debe prevalecer sobre las diferencias ideológicas.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha planteado una visión distinta. A través de declaraciones públicas, aseguró tener pruebas de la “persistencia del fraude electoral” en Colombia. Su principal señalamiento se dirige al software de preconteo y a la empresa privada encargada de operarlo, ASD, filial de Thomas and Greg and Sons. Según Petro, el actual sistema desconoce una sentencia del Consejo de Estado relacionada con las elecciones al Senado de 2014, en la que —según su interpretación— se habría ordenado implementar un software estatal.
El mandatario sostiene que el preconteo, aunque en teoría es un mecanismo informativo preliminar, termina estructurando los resultados electorales. También afirmó que en 2022 se habrían presentado irregularidades en cerca de 4.200 mesas, donde —según su denuncia— se habrían realizado “iteraciones” en los algoritmos que afectaron los resultados iniciales.
Petro asegura contar con información mesa por mesa que estaría dispuesto a entregar a las autoridades competentes.
En sus declaraciones, el presidente también hizo referencia a una testigo que habría trabajado en el proceso de preconteo en Pereira en 2022 y que relató presuntas irregularidades en el diligenciamiento de formularios.
Según esa versión, contratistas habrían recibido instrucciones telefónicas para llenar casillas en blanco y remitir los documentos a otras dependencias. Estas afirmaciones, sin embargo, han sido rechazadas por la Registraduría, que insiste en que el preconteo de votos carece de efectos jurídicos vinculantes y que cualquier modificación oficial de resultados solo puede hacerse mediante el escrutinio formal con base en las actas físicas.
En este escenario de posiciones encontradas, la Misión de Observación Electoral ha puesto el foco en otro frente: la financiación de campañas. A 11 días de las elecciones de Congreso 2026, la MOE alertó que la información sobre ingresos y gastos de las candidaturas sigue siendo limitada.
Hasta el 25 de febrero, solo el 29,7 % de las candidaturas al Senado y el 22,4 % a la Cámara habían iniciado el reporte de ingresos y gastos.
Según los datos disponibles, las candidaturas al Senado reportan ingresos por más de COP$41.517 millones y gastos superiores a $21.993 millones, mientras que en la Cámara los ingresos ascienden a COP$36.350 millones y los gastos a más de $19.794 millones. Para la MOE, la falta de reportes oportunos reduce la posibilidad de seguimiento ciudadano y afecta la transparencia del proceso.
Así, el panorama electoral colombiano combina mensajes de confianza institucional, llamados a la calma y denuncias de posible fraude. Mientras la Registraduría y el Ministerio Público defienden la solidez de los controles y la vigilancia masiva del proceso, el presidente plantea dudas estructurales sobre el sistema de preconteo y su impacto en los resultados.
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De cara a las elecciones de 2026, el desafío no sólo será garantizar la transparencia técnica del proceso, sino también preservar la legitimidad política de los resultados. En un entorno de alta polarización, la confianza ciudadana dependerá tanto de la solidez de los mecanismos de control como de la disposición de los actores políticos a respetar las reglas del juego democrático.
