Bloomberg Línea — A escasas semanas de las elecciones legislativas de marzo, el panorama político en Colombia ha dado un giro drástico que obliga a la coalición de gobierno a replantear su supervivencia electoral. La encrucijada actual se debate entre dos visiones contrapuestas: ¿es la situación un error de cálculo interno por no advertir las restricciones legales, o se trata de un cerco institucional diseñado para frenar el avance de la izquierda?
Con el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictando las reglas de juego por mayoría, el oficialista Pacto Histórico se ha visto forzado a ejecutar un ajuste de estrategia de emergencia para intentar blindar tanto la aspiración presidencial de Iván Cepeda como la conformación de sus listas legislativas.
La gravedad de la situación ha escalado hasta la Casa de Nariño, desde donde se señala una ruptura de las garantías democráticas. Según el presidente Gustavo Petro, las decisiones del ente electoral no son meros trámites administrativos, sino un ataque frontal al movimiento que lidera.
“Es grave el golpe a la democracia colombiana, la dictadura que buscan viene es de la corrupción y las mafias”, afirmó el mandatario, quien además solicitó un monitoreo inmediato de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea para vigilar el proceso.
Un doble golpe del Consejo Nacional Electoral
El origen de esta tensión radica en dos decisiones simultáneas del CNE que afectan la médula espinal del Pacto Histórico.
Por un lado, el organismo determinó que el senador Iván Cepeda no puede participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para marzo de 2026. El argumento jurídico se basa en que Cepeda ya participó —y ganó— una consulta interna previa dentro de la izquierda, lo que, según la interpretación mayoritaria del consejo, lo inhabilita para competir nuevamente en un mecanismo similar.
Paralelamente, el CNE revocó varias listas del Pacto Histórico para corporaciones públicas, incluyendo candidaturas clave a la Cámara de Representantes en Bogotá y el Valle del Cauca.
La razón esgrimida por la autoridad electoral es el incumplimiento de requisitos formales y legales en la inscripción. Estos dos hechos combinados han sido leídos por el oficialismo como una restricción indebida de sus derechos, alterando las reglas de juego en la antesala de los comicios.
¿Derecho o política?
Para analistas como Carlos Arias, gerente de Comunicaciones de Estrategia y Poder, el problema no es externo, sino una falta de previsión dentro de la coalición gobernante.
Arias sugiere que el Pacto Histórico no advirtió la fuerza de la normativa vigente, ni la dinámica interna de sus aliados. Al respecto, señala que los militantes “no advirtieron la fuerza burocrática o no han entendido todavía que están conviviendo con el político más camaleónico de los últimos 20 años”, en referencia a la influencia del operador político , exsenador y candidato presidencial, Roy Barreras, en estos escenarios.
Desde esta perspectiva técnica, las decisiones del CNE se ajustan a la legalidad. Arias subraya que el organismo actúa “en derecho y no en política”, recordando que la coalición sabía de antemano que debían reorganizar sus listas en Bogotá y el Valle porque estaban infringiendo la ley. La normativa es taxativa: un candidato que gana una consulta no puede presentarse a otra.
Esta visión es respaldada por el politólogo Fernando Posada, quien enfatiza que las reglas deben ser iguales para todos los actores, independientemente de su color político. “La ley es clara: un candidato que participó en una consulta presidencial que llevó a un gasto multimillonario del Estado tiene que ir directo a primera vuelta”, sostiene Posada, desestimando los argumentos que intentan disfrazar el cumplimiento legal con retórica popular.
Riesgo de la confusión
La salida de Iván Cepeda de la consulta de marzo no sólo afecta su carrera personal, sino que tiene un efecto dominó en la intención de voto de toda la coalición.
La ausencia de una figura uninominal fuerte en el tarjetón de marzo podría diluir la votación para el Congreso. Arias advierte que esto “va a afectar decididamente el voto del Pacto Histórico en listas al Congreso y Cámara, porque ya no se va a poder marcar tres veces el Pacto, sino solamente dos veces”.
Además, la reconfiguración forzada de las listas en regiones críticas como Bogotá, Valle del Cauca y Cauca genera un riesgo logístico alto.
La necesidad de “rearmar” las planchas electorales a última hora podría causar una “confusión en el votante, a pesar de que se marque por el logo”, lo que compromete la meta del gobierno de mantener mayorías legislativas que respalden sus reformas en el último tramo del mandato.
Salto a la primera vuelta
Ante lo que califica como una “arbitraria decisión”, el senador Iván Cepeda ha decidido no dar la batalla por la consulta de marzo y concentrar sus esfuerzos en la elección presidencial de mayo.
Su postura es de confrontación directa con el CNE, al que acusa de violar los derechos de millones de ciudadanos que respaldan su proyecto político.
“Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo”, sentenció Cepeda. Con este movimiento, el senador busca capitalizar la narrativa de persecución, asegurando que se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial de este año.
Estrategia bajo presión
El escenario para el Pacto Histórico es complejo. Mientras el presidente Petro y los líderes del Pacto denuncian que “el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto” para aplicar normas de coalición que les permitan sobrevivir legalmente, los organismos técnicos insisten en que se trata de un rigor administrativo necesario.
En resumen, las decisiones del CNE no solo impactan el cronograma, sino que inciden en la conformación del poder en Colombia para el próximo cuatrienio.
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La izquierda se enfrenta ahora al reto de convertir este obstáculo jurídico en un motor de movilización política, intentando evitar que la confusión técnica se traduzca en una derrota en las urnas. El “plan de contingencia” ya está en marcha, pero el costo de este ajuste de estrategia solo se conocerá cuando los colombianos acudan a las urnas.
