Bloomberg Línea — El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por un monto de COP$575,6 billones.
De acuerdo con el Gobierno, el proyecto incorpora COP$30,2 billones, equivalentes al 1,4% del PIB, en ingresos contingentes que dependerán de la aprobación, por parte del Congreso, de un proyecto de ley de reforma tributaria.
El Ministerio señaló que este mecanismo está contemplado en la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para los casos en que los ingresos autorizados no sean suficientes para financiar el gasto proyectado.
El Ejecutivo sostiene que el presupuesto es consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y con la senda de consolidación fiscal que busca el retorno pleno al cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028.
En 2025, el Gobierno Petro activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal y la incumplió durante los últimos 2 años con el compromiso de retomarla en 2028, en el próximo Gobierno.
Menores ingresos proyectados
El Ministerio explicó que de los COP$575,6 billones propuestos, COP$545,1 billones corresponden a recursos de la Nación y COP$30,5 billones a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales.
Dentro de las rentas, se proyectan COP$308,9 billones en ingresos tributarios y COP$905.000 millones en ingresos no tributarios.
Los ingresos totales pasarán del 27,3% del PIB en 2026 al 25,5% del PIB en 2027. El Gobierno atribuye esta reducción principalmente a que las proyecciones para 2027 ya no incluyen los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026, ni contemplan el mismo nivel de recaudo por impuestos externos debido a una desaceleración prevista en las importaciones.
Supuestos macroeconómicos
La formulación del presupuesto parte de un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento económico del 2,2% en 2027, una inflación del 4,4%, una devaluación promedio del 2,7%, una tasa de cambio promedio de COP$3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente equivalente al 2,0% del PIB.
En materia de gasto, el Gobierno proyecta un presupuesto que mantiene un crecimiento nominal. Excluyendo el servicio de la deuda, el gasto total asciende a COP$454,3 billones, equivalente al 21,3% del PIB. El servicio de la deuda alcanzará COP$118 billones, es decir, el 5,5% del PIB.
El Ministerio indicó que el gasto primario pierde participación frente al tamaño de la economía debido a la reducción, en términos reales, de los gastos de funcionamiento y de inversión, los cuales aumentan apenas un 0,5% en términos nominales, por debajo de la inflación prevista para 2027, del 4,4%.
Dentro del gasto de funcionamiento, estimado en COP$367,7 billones, el Gobierno señaló que existe una elevada rigidez presupuestal.
Seis componentes explican el 86,7% de su crecimiento: el Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones —incluidas las asignaciones de retiro—, el aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las instituciones de educación superior pública y los gastos de personal.
Por su parte, la inversión pública será de COP$90 billones, equivalente al 4,2% del PIB, frente al 4,4% registrado en 2026.
El Ministerio atribuyó esta disminución a la inflexibilidad del gasto de funcionamiento, la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y la necesidad de reducir el déficit primario del Gobierno Nacional Central para cumplir la regla fiscal en 2028.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que corregir el desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público requiere reformas de carácter estructural.
Según un comunicado, el funcionario señaló que el país necesita una reforma tributaria estructural, reducir las rentas con destinación específica, disminuir la inflexibilidad presupuestal y elevar la eficiencia y la calidad del gasto público.
El ministro también sostuvo que la reducción estructural del déficit fiscal dependerá de alcanzar un amplio consenso político y social que permita implementar estos cambios de manera gradual, fortaleciendo la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, con el objetivo de evitar una contracción económica que termine deteriorando el recaudo tributario y aumentando las presiones sobre el gasto social.
