Bloomberg Línea — Reactivar la inversión en Colombia es una de los principales retos que tendrá el próximo presidente. Hoy ronda el 16% del PIB, muy lejos del 23% que alcanzó el país una década atrás. Estas son las propuestas de los principales candidatos: van desde bajar impuestos hasta redireccionar recursos.
“Los factores detrás de esta caída están bien identificados: un aumento sustancial en el costo de capital, impulsado por primas de riesgo más altas que las de la región; mayor carga tributaria; incertidumbre regulatoria en infraestructura, energía, vivienda e hidrocarburos; y un deterioro significativo de la seguridad física", dice un análisis de Corficolombiana.
A lo que añade que con una tasa de inversión persistentemente baja, el crecimiento potencial difícilmente superará el 2,5%, limitando la modernización productiva y reduciendo la capacidad del país para cerrar brechas de ingreso frente a sus pares.
Paloma Valencia: meta del 25% y apuesta por la confianza
La candidata del Centro Democrático fija en su plan de gobierno una meta: llevar la inversión al 25% del PIB durante el cuatrienio. Explica que la inversión privada colapsó por la pérdida de confianza inversionista durante el Gobierno Petro y que recuperarla exige señales claras e inmediatas al mercado.
La senadora de derecha contempla reducir las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminar el impuesto al patrimonio y simplificar el estatuto tributario para bajar la carga sobre las empresas.
En paralelo, promete atraer y destrabar al menos US$2.000 millones de dólares anuales en inversión Extranjera Directa (IED), junto con una meta de crecimiento del 5% del PIB anual, y del 6% en los sectores de infraestructura y minero-energético.
En su plan, Paloma propone restablecer una instancia de decisión rápida con liderazgo ministerial que resuelva los cuellos de botella en licenciamiento ambiental, gestión predial y consultas previas que hoy paralizan proyectos estratégicos. También incluye reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, impulsar el fracking y retomar el modelo de concesiones en infraestructura vial.
De La Espriella: desregulación y ajuste fiscal
El candidato del movimiento Defensores de la Patria indica en su plan de gobierno que el Estado es demasiado grande, los impuestos demasiado altos y la seguridad jurídica inexistente.
Su apuesta central es un ajuste fiscal de COP$70 billones de pesos y la reducción del tamaño del Estado en una cuarta parte, medidas acompañadas de una desregulación masiva bajo la regla de eliminar dos normas por cada nueva que se cree.
Para la inversión, De La Espriella propone rebajar impuestos a las empresas, garantizar la seguridad jurídica y reformar las alianzas público-privadas para ampliar las concesiones e incrementar la inversión en infraestructura vial.
Proyecta en su plan de gobierno un crecimiento del 7% anual e incluye también la reactivación de la exploración de hidrocarburos con pilotos de fracking bajo monitoreo técnico, la despolitización de Ecopetrol y un régimen especial para emprendedores digitales con exenciones tributarias y créditos a tasa cero para inversión tecnológica.
Cepeda: inversión social y productiva desde el Estado
El candidato del Pacto Histórico explica en su plan de gobierno que el problema de la inversión no se resuelve bajando impuestos a las grandes empresas, sino redirigiendo recursos hacia donde el mercado falla: el campo, la economía popular y la infraestructura pública.
Su programa contempla una “reforma tributaria progresiva” que considere la ampliación de la base imponible, gravamen a grandes fortunas y reducción de exenciones a empresas para financiar, precisamente, mayor inversión social y productiva del Estado.
El corazón de su apuesta inversora es la llamada Revolución Agraria: “convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria mundial mediante inversión en infraestructura rural, crédito accesible y apoyo a la economía campesina”.
Cepeda también propone un fondo de garantías para entregar créditos de hasta COP$50 millones a 200.000 microempresas familiares, a las que define como “el alma de la economía nacional”. Para ciencia y tecnología, contempla llevar el presupuesto al 1,5% del PIB, con incrementos anuales obligatorios del 0,2%.
Cepeda contempla además una “Ley de Austeridad Republicana” para reducir el gasto burocrático y redirigir esos recursos hacia inversión social.
