Bloomberg — El presidente Gustavo Petro está tratando de impulsar su controvertido plan de salud por decreto, sin pasar por los legisladores que hasta ahora han bloqueado sus repetidos intentos de ampliar el control estatal sobre el sistema.
VER MÁS: Campaña electoral de congresistas pone contra las cuerdas los proyectos del Gobierno Petro
El decreto publicado por el Ministerio de Salud elimina prácticamente el papel de las aseguradoras de salud públicas y privadas en favor de los gobiernos regionales.
El sistema de salud, que cubre a casi todos los colombianos, se enfrenta a una crisis de liquidez.
Los expertos y los grupos del sector culpan a los retrasos en los pagos del gobierno y a las transferencias insuficientes de ahogar a las aseguradoras, conocidas como entidades promotoras de salud (EPS), en una deuda creciente.
Esto, a su vez, ha obligado a los hospitales y farmacias a recortar sus servicios. En un informe de julio, el contralor general de Colombia afirmó que, a finales del año pasado, las EPS debían a los hospitales casi 33 billones de pesos (US$7.900 millones) y a las farmacias cerca de 3 billones de pesos.
“El gobierno busca desarrollar vía ejecutiva, lo que no se ha podido lograr en el Congreso”, dijo Mario Gómez, socio gerente para Colombia de la consultora de asuntos públicos y negocios Prospectiva Public Affairs Lat.Am. “Genera aún más incertidumbre para todos los actores del sistema y no soluciona la crisis que viven hoy los pacientes”.
VER MÁS: Esta es la deuda real de las EPS, según la Contraloría y así afecta la salud de los colombianos
A un año de terminar su mandato, Petro busca imponer algunas de sus reformas estatales más ambiciosas por decreto, mientras acusa al Congreso de obstaculizar su labor.
Aunque los cambios del decreto podrían tardar al menos seis meses en entrar en vigor, la Corte Constitucional de Colombia podría decidir suspender sus efectos mientras analiza su legalidad, añadió Gómez.
Petro intervino directamente en las compañías de seguros el año pasado, argumentando que no cumplían con los requisitos de reserva financiera.
Entre los objetivos se encontraban la aseguradora Nueva EPS, una asociación público-privada que cubre a casi uno de cada cuatro colombianos, y EPS Sanitas, la segunda más grande. La medida significa que más del 60% de los colombianos están ahora cubiertos por una aseguradora controlada efectivamente por el gobierno.
El mes pasado, la Corte Constitucional anuló la adquisición de EPS Sanitas, propiedad del grupo sanitario Keralty SAS, con sede en Florida, y cuyo principal accionista es el magnate español Joseba Grajales.
El gobierno aún no ha devuelto el control a Keralty, y la Superintendencia de Salud, organismo regulador del sector sanitario, ha declarado esta semana que ha solicitado al tribunal más detalles sobre su fallo.
VER MÁS: Nueva legislatura será la más difícil para el Gobierno Petro por cercanía con año electoral
