Petro revisará contratos de Corficolombiana con el Estado tras sanciones en EE .UU.

Además, ordenó a la Cancillería contactarse con los gobiernos de Brasil y Estados Unidos para determinar si las sanciones a Grupo Aval tienen impacto en la responsabilidad del Estado

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Bogotá — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere que se revisen los contratos de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombina), con el Estado luego de que la empresa fuera sancionada en Estados Unidos por hechos relacionados con los sobornos de Odebrecht.

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El primer mandatario quiere saber si la responsabilidad que reconoció Corficolombiana en Estados Unidos le implicará al Estado colombiano asumir responsabilidades en dicho caso.

Hay que tener presente que entre Corficolombiana y Grupo Aval, su casa matriz, tendrán que responder por US$80 millones por el escándalo de Odebrecht.

Es importante tener presente que en Estados Unidos no se formularon cargos por soborno contra ninguna de las dos empresas, sino que se determinó que sus controles internos fueron insuficientes para impedir que uno de sus empleados, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, participara del entramado de sobornos.

Ante dicho panorama, el presidente Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, reabrir los procesos de Odebrecht en Colombia para determinar a dónde fueron a parar los pagos de los sobornos que entregó Odebrecht en el país.

El presidente ha insistido en no desviar la mirada de las sanciones a Grupo Aval justo cuando una investigación de Noticas Caracol en la que un narcotraficante de Casanare hizo campaña en su favor durante las elecciones de 2022.

Sobre el informe el presidente Petro ha aclarado que el personaje del que se habla en dicho informe periodístico no hizo parte del Pacto Histórico y que no hubo dineros suyos en la financiación de la campaña presidencial del 2022.

El presidente calificó la información de falsa lo que le acarreó un nuevo llamado de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

“En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el presidente debe ser garante de la libertad de expresión y de información. Al anunciar acciones judiciales contra el medio, el presidente Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio”, aseguró la Flip.