Bloomberg Línea — Colombia fue incluida en la lista de países descertificados por Estados Unidos en la lucha contra las drogas, una medida que cada año emite la Casa Blanca para evaluar el desempeño de las naciones en materia de control de cultivos ilícitos y narcotráfico.
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“Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”, destacó el Deparamento de Estado de los Estados Unidos, que agregó que “agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios”.
Aunque la decisión genera ruido diplomático y político, Washington otorgó a Bogotá una determinación de interés nacional (waiver) que evita sanciones inmediatas y abre una ventana de 12 meses para mostrar resultados.
La descertificación no es un hecho menor. En términos prácticos, implica que EE. UU. considera que Colombia no ha cumplido con sus compromisos internacionales para reducir la producción y tráfico de drogas.
Sin embargo, el “waiver” significa que la cooperación económica y militar no se suspenderá de inmediato. En la práctica, Washington mantiene la asistencia bajo observación, condicionada a avances verificables en un año.
Relación histórica con EE.UU.
Colombia ha sido históricamente el principal receptor de ayuda antidrogas de Estados Unidos en América Latina. Desde el Plan Colombia en la década de 2000 hasta las actuales estrategias de sustitución de cultivos, la relación bilateral ha estado marcada por la presión para reducir los sembradíos de coca y el tráfico de cocaína.
No es la primera vez que el país enfrenta una descertificación. Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), EE.UU. también dijo que el gobierno colombiano no cumplía con sus compromisos de luchas contra la droga, luego de que la campaña política que lo llevó a la presidencia recibiera de manos de los jefes del cartel de Cali al menos seis millones de dólares.
La diferencia actual radica en el enfoque del presidente Gustavo Petro, que ha planteado la necesidad de un cambio estructural en la política antidrogas, priorizando el desarrollo rural y la regulación.
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Reacciones del Gobierno Petro
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que advirtió que rechaza la decisión de la administración en Washington, la cual, “siguiendo lineamientos meramente políticos”, desconoce la realidad en el territorio y los logros—reales, medibles y de impacto—alcanzados por Colombia en los últimos tres años.
Según la Cancillería, el Gobierno colombiano ha fortalecido programas de sustitución voluntaria de cultivos, al tiempo que promueve alternativas productivas para comunidades campesinas.
“La decisión de desertificar no refleja la realidad de los avances logrados y envía una señal equívoca en un momento que exige unidad y determinación”, dijo la canciller Yolanda Villavicencio.
Petro ha defendido en escenarios internacionales que la “guerra contra las drogas ha fracasado” y que insistir en estrategias de erradicación forzada es insostenible.
El mandatario insiste en que el consumo debe abordarse como un problema de salud pública, mientras que los países consumidores deben asumir mayor responsabilidad en la reducción de la demanda.
Villavicencio agregó que “hemos alcanzado incautaciones récord, ampliado la cooperación judicial con aliados y hemos fortalecido programas rurales que ofrecen alternativas al cultivo de coca”.
Según la canciller, estos logros reflejan un compromiso real con la seguridad compartida. “Llamamos a las agencias internacionales, en particular de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, a dar testimonio de los avances que en Colombia se viven día a día en los territorios”, concluyó a la vez que sostuvo que negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. “No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona”, dijo.
Impacto en las relaciones bilaterales
La descertificación envía un mensaje político más que económico. La ayuda de EE.UU. podría mantenerse intacta gracias al “waiver”, pero el episodio añade tensión a una relación ya atravesada por diferencias en política energética, transición verde y cooperación en seguridad regional.
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La reacción del Gobierno Petro apunta a un discurso de soberanía y a reforzar su narrativa de que el paradigma antidrogas requiere un giro global. Sin embargo, Washington mantiene el pulso, dejando en claro que el apoyo financiero dependerá de resultados medibles en los próximos 12 meses.
En este escenario, Colombia enfrenta el reto de equilibrar sus apuestas de reforma con la necesidad de mantener la cooperación internacional que aún financia gran parte de sus programas sociales y de seguridad.
