Bloomberg Línea — La eventual ausencia del Gobierno a la Junta Directiva del Banco de la República en las reuniones de política monetaria abre un escenario inédito que la ley no contempló: que el propio ministro de Hacienda, quien preside la Junta, decida no participar.
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Bajo este contexto, el mercado comienza a evaluar las implicaciones legales e institucionales de una situación que podría afectar directamente la capacidad del Emisor para tomar decisiones clave sobre tasas de interés y estabilidad macroeconómica.
“Dicho esto, deben interpretarse con cautela: reflejan una primera lectura y, por el momento, no hay claridad sobre los posibles resultados o las ramificaciones legales”, advierte Andrés Pardo, Head of LatAm Macro Strategy en XP Investments.
El analista subraya que el marco normativo vigente establece condiciones claras para el funcionamiento de la Junta. En particular, cita que «el Consejo de Administración podrá reunirse, deliberar y decidir únicamente con la asistencia de al menos cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el ministro de Hacienda, quien lo presidirá». A partir de esto, señala que “nuestra interpretación de esta disposición es que, para que el Consejo pueda tomar cualquier decisión —incluida la fijación de los tipos de interés—, el ministro de Hacienda (o un delegado ad hoc) debe estar siempre presente”.
Además, Pardo advierte sobre las implicaciones de ausencias reiteradas. Retoma el marco legal al señalar que «las vacantes absolutas incluyen […] la ausencia injustificada a más de dos (2) reuniones consecutivas» y explica que “algunos señalan además que […] la inasistencia a más de dos reuniones consecutivas puede constituir motivo para la destitución del ministro”.
En ese sentido, agrega que “si el ministro faltara a tres reuniones consecutivas —incluidas las sesiones extraordinarias—, esto podría dar lugar a su destitución”.
Sin embargo, también enfatiza la incertidumbre jurídica del caso: “no está del todo claro si esta disposición se aplica al ministro o sólo a los miembros independientes de la Junta”, y recuerda que cualquier eventual destitución “recae en última instancia bajo la autoridad del presidente”, en referencia a Gustavo Petro, por lo que “es poco probable que el presidente Petro emprenda tal acción”.
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Más allá del frente legal, el análisis advierte efectos concretos sobre la política monetaria. Pardo señala que “en la práctica, la ausencia del ministro podría bloquear de hecho la capacidad del Banco de la República para tomar decisiones de política monetaria, incluso en situaciones de emergencia”.
Esto ocurre en un entorno que describe como de “elevada incertidumbre externa y vulnerabilidades macroeconómicas significativas”.
Finalmente, el economista advierte sobre riesgos más amplios para los mercados. Indica que esta situación “podría erosionar la credibilidad del Emisor y complicar aún más la convergencia de la inflación hacia su rango objetivo”, al tiempo que “la politización del marco monetario podría elevar las primas de riesgo país”, afectando múltiples variables financieras y reforzando la relevancia del escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
