Bloomberg Línea — En Colombia, ser jurado de votación no es una opción voluntaria, sino un deber, un cargo de forzosa aceptación establecido en la ley electoral.
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Esto significa que las personas designadas no sólo deben presentarse el día de las elecciones, sino también cumplir con la capacitación previa organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este proceso formativo es obligatorio y busca garantizar que quienes integran las mesas de votación conozcan correctamente sus funciones.
La capacitación cumple un rol central dentro del proceso electoral. Allí se explican tareas como la verificación de los votantes, la entrega de tarjetones, el diligenciamiento de formularios oficiales y el conteo de votos.
Por eso, la autoridad electoral insiste en que incluso quienes ya han sido jurados en elecciones anteriores deben asistir nuevamente, ya que los procedimientos pueden cambiar y es necesario asegurar la correcta ejecución de la jornada democrática.
No asistir a esta capacitación sin una justificación válida se considera un incumplimiento del deber electoral.
Aunque por sí sola la inasistencia no siempre genera una multa automática, sí puede convertirse en un antecedente relevante si la persona tampoco cumple con su función el día de la votación.
En ese escenario, la omisión completa del deber como jurado puede acarrear sanciones importantes, que están contempladas en la legislación colombiana.
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De acuerdo con la normativa vigente, quienes no se presenten a cumplir su labor como jurados de votación pueden enfrentar multas que van desde uno hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En el caso de los servidores públicos, además, el incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias que incluso incluyen la destitución del cargo. Estas medidas reflejan la importancia que tiene esta función dentro del sistema democrático del país.
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Sin embargo, la ley también contempla la posibilidad de justificar la inasistencia. Situaciones como una enfermedad debidamente certificada, un caso de fuerza mayor o circunstancias familiares graves pueden exonerar a la persona de sanciones, siempre y cuando se presenten los soportes correspondientes ante la Registraduría dentro de los plazos establecidos. La clave está en no dejar pasar el proceso y documentar adecuadamente cualquier impedimento.
En la práctica, no asistir a la capacitación aumenta el riesgo de cometer errores durante la jornada electoral o de incumplir completamente con la obligación, lo que sí activa las sanciones.
Por eso, más allá de evitar multas, asistir a la formación es fundamental para desempeñar correctamente un rol que es esencial para la transparencia y legitimidad de las elecciones en Colombia.
En conclusión, faltar a la capacitación de jurado de votación en 2026 sin una razón válida no es una falta menor. Aunque la consecuencia directa depende de cada caso, el incumplimiento puede escalar hasta sanciones económicas significativas o medidas disciplinarias.
