Bloomberg Línea — Al Congreso de la República se le acaba el tiempo para aprobar el proyecto de ley del nuevo régimen aduanero en Colombia y el sector privado le hace un llamado de urgencia para evitar la pérdida de COP$7 billones.
“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, señaló Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de Analdex.
Los gremios de comercio exterior, aduanas, agentes de carga y operadores logísticos, Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, enviaron una solicitud conjunta a las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes para priorizar en la agenda legislativa el trámite de ese proyecto de ley.
Una sentencia de la Corte Constitucional (C-072 de 2025) fijó como fecha límite el 20 de junio de 2026 para que el país cuente con un nuevo régimen sancionatorio aduanero expedido por ley y sancionado por el presidente de la República.
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El 19 de mayo pasado, las comisiones segundas conjuntas del Congreso aprobaron el proyecto en primer debate por unanimidad. Sin embargo, todavía falta el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones, la conciliación de textos y la sanción presidencial, “todo dentro de un calendario que se mide ya en días”, advierten los gremios.
Para el sector privado, el proyecto de ley debe ser incorporado en el orden del día de la plenaria correspondiente a más tardar el 2 de junio de 2026, como segundo punto, de manera que pueda surtir oportunamente su trámite dentro de los términos definidos por la Corte.
¿Qué pasará si no se aprueba?
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, si no existe un nuevo régimen deberían archivarse:
● 8.250 procesos en investigación de fiscalización, por cuantía de COP$3,25 billones.
● 148 procesos en discusión administrativa, por COP$1,07 billones.
● 2.453 procesos judiciales aduaneros, por COP$2,74 billones.
“En total, cerca de COP$7,07 billones perderían su sustento jurídico. A ello se sumaría la imposibilidad operativa de adelantar aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones”, enfatizan los empresarios.
A lo que agregan que un vacío regulatorio dejaría al país, en términos prácticos, sin herramientas para combatir el ingreso ilegal de mercancías, en un contexto donde el contrabando ronda los US$8.225 millones.
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Lo que equivale a COP$31 billones o el 1,6% del PIB, con una pérdida estimada de recaudo en IVA externo y aranceles cercana a COP$10,4 billones.
“El país no puede entrar en un vacío sancionatorio mientras el contrabando mueve cerca de COP$31 billones al año en Colombia”, expresó Díaz.
En ese sentido, el dirigente gremial explicó que la afectación no se limita al recaudo y que el contrabando es uno de los mecanismos predilectos para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
“Los delitos aduaneros comprometen el empleo formal, la seguridad sanitaria, la protección ambiental y el control de armas y precursores químicos”, especificó el presidente de Analdex.
Los gremios firmantes reiteraron que esta solicitud no responde a un interés particular o sectorial, sino a la necesidad de que el país cuente con un régimen sancionatorio aduanero más claro, proporcional, moderno y compatible con los principios de facilitación del comercio, debido proceso, seguridad jurídica y competitividad.
También expresaron que un escenario de impunidad regulatoria afectaría por igual a quienes ejercen legalmente el comercio exterior, a la institucionalidad aduanera y al recaudo fiscal de la Nación.
