Bloomberg Línea — Laura Fernández Delgado asumió este viernes 8 de mayo como la quincuagésima presidenta de Costa Rica con un discurso centrado en la “mano dura” contra el crimen y la construcción de una “tercera república”.
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Fernández, de 39 años y la segunda mujer en ocupar el cargo, hereda un país con indicadores económicos positivos pero afectado por la inseguridad, y asume con un gabinete que mantiene al presidente saliente Rodrigo Chaves Robles al frente de dos ministerios clave.
La nueva mandataria del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO) se definió como “heredera” de la administración Chaves y anunció reformas al aparato estatal y medidas de seguridad que evocan el modelo salvadoreño.
En su primer discurso desde el Estadio Nacional, Fernández anunció la ampliación del Centro Penitenciario La Reforma, denominada por el gobierno como una “megacárcel”, y la construcción de un centro de monitoreo policial de última tecnología.
“Estamos a las puertas de construir una tercera república, una nueva Costa Rica que no le tiene miedo al cambio; una tercera república que moderniza sus instituciones sin obstruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más ágil, transparente y efectiva”.
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica.
La presidenta advirtió que estas acciones no serán suficientes si no hay cambios en el sistema de justicia y que las obras “no servirán de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos” ni si las leyes los protegen. “No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado desde el gobierno”, agregó.
En 2025, Costa Rica registró 873 homicidios (16,7 por cada 100.000 habitantes), la tercera cifra más alta de su historia, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, el récord del país. Las autoridades atribuyen más del 60% de estos crímenes a rencillas entre bandas narcotraficantes.
Mujeres son mayoría
En la Asamblea Legislativa, el oficialismo cuenta con 31 escaños que le aseguran una mayoría simple. Por primera vez en la historia, el plenario tiene composición de mayoría femenina con 30 diputadas y 27 diputados.
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“Su investidura marca el inicio de una etapa que nace de la esperanza, de la confianza renovada y de una ciudadanía que ha decidido continuar avanzando”, dijo Yara Jiménez, diputada del PPSO y quinta mujer de la historia en presidir el Legislativo costarricense.
La consolidación de las mujeres en el poder político convive con el conservadurismo del partido gobernante. Fernández, quien se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social, rechazó usar la “a” y optó por juramentarse como “presidente”.
Su gabinete refleja la continuidad política con la administración anterior. La decisión más señalada fue el nombramiento de Chaves, como ministro de Hacienda y de la Presidencia.
El presidente saliente, que durante su mandato (2022-2026) mantuvo relaciones tensas con el Poder Judicial, la Contraloría y la Asamblea Legislativa, será ahora el encargado de diseñar los presupuestos estatales y conducir el diálogo institucional.
La configuración ha sido cuestionada por sectores opositores. La diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, dijo que no se sabe “si es el gabinete de doña Laura Fernández o de don Rodrigo Chaves” y aseguró que los nombramientos parecen “puertas giratorias” que buscan “garantizar inmunidad más que idoneidad”. La continuidad se extiende a los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación y Obras Públicas.
Contexto económico y expectativas
Fernández asume con un 73,1% de aprobación ciudadana, según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
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La nueva presidenta recibe una economía que creció 4,6% en 2025, con previsión de moderarse al 3,5% en 2026, más de 30 meses de deflación, una caída de la deuda del 67% al 58,3% del PIB, una reducción del desempleo del 12% al 6,3% y de la pobreza del 23% al 15%.
En su discurso, Fernández también prometió revisar las más de 300 instituciones públicas, eliminar las “pensiones de lujo”, impulsar las jornadas laborales de 4x3 y proyectos de infraestructura como el tren rápido de pasajeros y la finalización de la Ruta 32.
“Este mi gobierno no será un gobierno de oficina, será un gobierno en la calle. Un gobierno en las comunidades en cada cantón del país, sin dar un solo paso atrás”, dijo.
El mandato de la politóloga se extenderá hasta mayo de 2030. El país centroamericano no permite la reelección presidencial inmediata.
