Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica anunció que el próximo miércoles 14 de octubre inaugurará el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una “megacárcel” con capacidad para 5.100 internos e inspirada en el modelo implementado en El Salvador por la administración de Nayib Bukele.
Ver más: El plan de Costa Rica para que las cárceles se financien con el trabajo de los privados de libertad
El anuncio lo hizo la presidenta Laura Fernández mediante un video difundido en redes sociales en el que se le ve recorriendo los pasillos del penal.
“Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes”, declara la mandataria en el video. “Lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo”.
La obra arrancó en enero pasado, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles —hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda en el gobierno de Fernández— y Bukele colocaron la primera piedra en un acto oficial.
El Cacco se construyó en terrenos del complejo penitenciario La Reforma, en el distrito de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José, sobre una superficie de 90.000 metros cuadrados y con una inversión de unos US$35 millones.
El modelo de referencia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el penal donde el Gobierno salvadoreño confina a presuntos pandilleros y símbolo de la “guerra” contra las bandas impulsada por Bukele desde marzo de 2022 y a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.
El acercamiento con El Salvador se dio en dos momentos. En noviembre de 2024, Bukele visitó Costa Rica, recorrió la principal cárcel del país y alertó de “síntomas” de criminalidad similares a los que él mismo enfrentó con las pandillas.
En diciembre de 2025, Chaves se reunió con el mandatario salvadoreño y recorrió el Cecot. Un mes después, ambos encabezaron el inicio de las obras del Cacco.
Un penal blindado
El nuevo recinto no permitirá visitas, con el fin de impedir cualquier contacto de los cabecillas de bandas delincuenciales con el exterior, como ocurre en el Cecot.
Ver más: Los delitos por los que Costa Rica quiere ampliar las causales de extradición de sus ciudadanos
El Cacco contará además con un sistema de bloqueo de frecuencias de telefonía móvil para impedir que los centros penitenciarios sean utilizados para coordinar delitos mediante llamadas telefónicas, un problema documentado por las autoridades, que han identificado órdenes de estafas, homicidios y otros delitos emitidas desde las cárceles.
Cada interno será registrado mediante biometría, con reconocimiento facial y expediente digital, mientras cámaras y sensores inteligentes instalados en áreas específicas se activarán ante el menor movimiento no autorizado y alertarán al personal de seguridad.
La prisión también es la pieza central de la estrategia que Fernández y el Gobierno anterior de Chaves, su mentor político, han planteado para combatir con mano dura al crimen organizado y restringir los “privilegios” de los reos.
En esa línea, el Gobierno ha implementado programas para que los reclusos trabajen en la limpieza de maleza en carreteras y ha reducido las visitas conyugales, además de limitar la cantidad de alimentos y ropa que sus familiares pueden ingresar a los penales.
También ha retirado enchufes y cables eléctricos de las celdas y cerrado las tiendas internas donde los reclusos compraban artículos. Estas medidas se suman a las críticas reiteradas de la presidenta al trabajo del Poder Judicial.
El penal abre mientras el país atraviesa sus años más violentos. Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta de su historia —solo por debajo de los 905 de 2023 y los 876 de 2024—, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En tanto, hasta el 7 de octubre, el país registra 640 homicidios, 14 de ellos ocurridos en el mes. De total de las víctimas, 577 corresponden a hombres y 59 a mujeres.
