El exministro del Interior de Rafael Correa es trasladado desde Estados Unidos a Ecuador, donde será recluido en la cárcel del Encuentro mientras enfrenta un proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio.
El complejo penitenciario de Talca, inaugurado en 2025, tiene capacidad para 2.097 internos y cuenta con sistemas de vigilancia, detección y bloqueo de celulares.
Bajo el programa “Cero Ocio”, el Gobierno ha comenzado a desplegar cuadrillas de personas privadas de libertad en tareas de limpieza y mantenimiento de infraestructura pública.
Flavio Bolsonaro, que está empatado con Lula en las primeras encuestas, ha prometido liberar a su padre y buscar el juicio político de destacados miembros del Tribunal Supremo.
El juez del Tribunal Supremo André Mendonça concedió el traslado a última hora del jueves tras una petición urgente de la Policía Federal, que alegó “riesgos inminentes para la integridad física” de Vorcaro.
El ICE avanza en un plan para reducir su red de centros de detención y concentrarla en unas pocas megainstalaciones, muchas de ellas antiguos almacenes industriales, en medio de oposición local, demandas judiciales y un ambicioso plan de gasto federal.
Un informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) analiza la manera en que las estructuras delincuenciales tomaron el control de los centros penitenciarios.
El presidente Bernardo Arévalo de León declaró un estado de sitio de 30 días que, según él, permitiría la plena fuerza del Estado, incluida la policía y el ejército, combatir la violencia de las pandillas.
Con el incidente del domingo, más de 500 reclusos han sido asesinados en motines carcelarios en Ecuador desde 2020, mientras la tasa de homicidios supera ya el récord alcanzado en 2023.
La sorpresiva decisión se produce menos de un mes después de que Vizcarra fuera enviado primero a la cárcel presidencial de Perú, luego a una prisión común, solo para ser devuelto al complejo que albergaba a cuatro expresidentes de Perú.
Sus abogados hicieron la solicitud después de decir que el gobierno ha hecho declaraciones “contradictorias” sobre si tienen la intención de procesarlo por cargos penales federales.
El esfuerzo está comenzando en California, donde los fiscales están rastreando a todas las personas fichadas en cárceles estatales y locales en una región de siete condados.
Tres expresidentes están tras las rejas por diversos delitos. Sus esposas en cambio, que han enfrentado procesos penales, en su mayoría han logrado eludir la justicia.
Se estima que los costos directos del crimen y la violencia equivalen al 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica y el Caribe, pero en Ecuador llegan al 3,57%, de acuerdo a cifras del BID.