Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), la primera megacárcel del país, construida junto al complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, con capacidad para 5.100 privados de libertad.
La obra costó 16.774 millones de colones (USDCRC), equivalente a unos US$35 millones, financiada íntegramente con recursos del presupuesto nacional.
El centro ocupa 91,000 metros cuadrados, de los cuales 31.000 corresponden a áreas techadas y blindadas divididas en cinco módulos independientes de 1.020 internos cada uno.
La presidenta costarricense Laura Fernández Delgado destacó que la asistencia técnica de El Salvador permitió ahorrar 11.200 millones de colones.
“Costa Rica será un referente de la seguridad penitenciaria. Vamos a ejercer mano dura, sí, porque el que la hace, la tiene que pagar. Pero a a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales que deben mantener las personas que van a vivir aquí”.
Laura Fernández Delgado
La obra comenzó durante la presidencia de Rodrigo Chaves Robles, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, quien el 14 de enero pasado colocó la primera piedra en una ceremonia en la que participó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El Cacco se inspira en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, cuyos planos fueron donados por el Gobierno de ese país, aunque adaptado a la legislación costarricense.
Al interior del penal
Las celdas colectivas, de 90 metros cuadrados, albergarán hasta 60 personas en literas metálicas de tres niveles. Asimismo, no tienen tomacorrientes ni cableado eléctrico, para impedir la carga de teléfonos celulares.
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Los sanitarios están expuestos a la vista de los guardias y las cadenas de descarga se ubican fuera de las celdas para dificultar el ocultamiento de contrabando.
Cada módulo cuenta con patios de sol de una hora diaria y el sistema también contempla celdas de aislamiento por periodos de hasta 48 horas. El control interno se completa con sistemas de inhibición perimetral de señal celular, satelitales y wifi, videovigilancia y monitoreo electrónico las 24 horas, además de requisas a cualquier hora.
La alimentación y los insumos de higiene serán distribuidos de forma centralizada por el Estado, por lo que el penal no tendrá economatos ni tiendas internas.
Los internos vestirán uniformes naranjas sin bolsas ni elásticos, confeccionados por reclusas del centro Vilma Curling bajo el programa “Cero Ocio”.
Desde este miércoles trabajan en el complejo unos 30 funcionarios administrativos y más de 160 policías penitenciarios, según la directora de la Dirección General de Adaptación Social, Lucrecia Tejada. El cuerpo policial, encabezado por su director general, Pablo Bertozzi, asumirá el control formal de las instalaciones este jueves.
Primeros traslados
Los primeros traslados están previstos para finales de octubre, con un grupo inicial de 2.500 privados de libertad. El perfil incluye líderes de bandas —conocidos como “jachudos”—, cabecillas de organizaciones criminales, sicarios y reos extraditables.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó que el primer contingente saldrá del Circuito de Alta Contención del centro Jorge Arturo Montero, y que no se mezclarán sentenciados con indiciados, aunque sí internos de distintas bandas.
En cuanto a las visitas, el penal dispone de cuatro salas conyugales, sujetas a un estudio de Trabajo Social que acredite el vínculo de pareja. Además, se limitará la frecuencia a un encuentro cada seis meses, frente al régimen bimestral de las cárceles comunes. Los locutorios para abogados y familiares funcionarán con separación de vidrio y sin contacto físico.
Durante la inauguración, Aguilar dijo que “el Cacco no va a ser un hotel, no es un lugar de descanso y no será jamás una universidad del crimen”.
Fernández solicitó que el presunto asesino del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales, sea el primer interno del penal. “Me comprometo con usted, señora presidenta, que será el primer privado de libertad en ocupar una celda del Cacco”, respondió Aguilar.
Por este caso, las autoridades mantienen detenidos a tres hombres, identificados por sus apellidos como Mora González, Menocal Vilchez y Vilchez Rocha, según informó La Nación.
La mandataria ordenó además al ministro presentar en 22 días todas las medidas establecidas para la población privada de libertad que ocupará el centro penal.
Combate al crimen organizado
En el mismo acto, la presidenta declaró como organizaciones narcoterroristas a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste (antes ‘Los Zetas"), del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos, así como a las FARC, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de Colombia.
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Fernández anunció además que viajará el viernes a El Salvador para conocer en detalle el funcionamiento del Cecot. “Ya tenemos la infraestructura, pero queremos estudiar a profundidad los modelos operativos, cómo es el día a día en un país que ha sido reconocido mundialmente como exitoso para erradicar la pandemia de pandillas”.
La apertura no estuvo exenta de críticas. Sectores de oposición y la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica cuestionaron la puesta en marcha inmediata y pidieron auditar las condiciones de dignidad y custodia antes de recibir al primer recluso.
Fernández, por su parte, reprochó la ausencia de representantes del Poder Judicial en el acto protocolario. “Los grandes ausentes del Poder Judicial dan una muestra más de que le dan la espalda al mayor problema nacional. Que le dan la espalda a lo que debería de ser la mayor cruzada nacional”, dijo la mandataria costarricense.
