Bloomberg Línea — El recrudecimiento de la violencia en las cárceles de Ecuador guarda vínculos con la fragmentación de Los Choneros y “la consolidación de un orden paralelo”, donde las estructuras criminales están supliendo funciones clave del Estado, de acuerdo con un informe publicado este jueves por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).
“Entre 2018 y 2024, Ecuador vivió una crisis carcelaria sin precedentes, con 717 reclusos asesinados en centros penitenciarios y una tasa de homicidios a nivel nacional que aumentó de 5,9 a 39,1 por cada 100.000 habitantes”, dice el reporte titulado La gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador.
El vacío de poder en los centros penitenciarios en 2018 despertó interés entre dos grupos criminales, Los Choneros y Los Cubanos, aunque luego un tercer grupo ingresó a la disputa: Los Gorras.
Pero hubo un suceso que acrecentó la guerra: el asesinato del cabecilla de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, en 2020.
El GI-TOC estableció que, tras el asesinato de Rasquiña, surgió una alianza que buscó eliminar a los fragmentados Choneros del mapa (Nueva Generación) y otra que buscó reorganizarse para mantener el poder, solo que ahora bajo el mando de alias Fito.
La alianza Nueva Generación, señalada de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo integrada por:
- Los Lobos
- Los Chone Killers
- Los Lagartos (antes conocidos como Los Gorras y Los Cubanos)
- Los Tiguerones
- Una facción de Los Latin Kings
Los Choneros, bajo el mando de Fito y con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, se reformaron bajo dos facciones:
- Los Fatales, liderada por alias J. R.
- Las Águilas, encabezada por alias Fito.
En 2023, alias Fito “hizo un llamado a la paz dentro del sistema penitenciario”, que propició la desintegración de la denominada Nueva Alianza, dando pie a un “nuevo pacto”, solo que entre Choneros y dos de sus otrora enemigos, Los Chone Killers y Los Tiguerones, según el GI-TOC.
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Pero la violencia en las cárceles no cesó: “En enero de 2024, la administración del presidente Daniel Noboa se enfrentó a una crisis de seguridad grave después de que Los Tiguerones tomaran un canal de televisión y secuestraran a varios guías penitenciarios en distintas cárceles”.
Lo ocurrido fue el comienzo de los constantes estados de excepción decretados por el Gobierno de Noboa para contrarrestar la violencia, no solo en las cárceles, sino en las calles, con una reducción de este flagelo en 2024, pero un incremento en 2025.
“El presidente declaró un conflicto armado no internacional, designando a 22 organizaciones como grupos terroristas y autorizando la intervención militar en 19 centros penitenciarios”, dice el GI-TOC.
Los mercados ilícitos en las cárceles
El informe sostiene que la gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador, con el año 2025 como el más violento de toda su historia, “se sostienen por el poder que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles”.
La falta de control estatal y la corrupción al interior de estos recintos han hecho que las estructuras criminales incluso cobren derechos que deberían ser garantizados a las personas privadas de la libertad.
“Desde el momento de su ingreso, las personas privadas de libertad, en especial aquellas en prisión preventiva, deben pagar para acceder a pabellones considerados menos violentos, una función que, en teoría, corresponde al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI)”, dice el GI-TOC. “Por este ‘enganche’, las tarifas rondan los US$1.500″.
Por una cama al interior de las celdas, las estructuras criminales cobran hasta US$300, además de una cuota de US$10 semanales. Por la alimentación, las tarifas van de los US$5 a los US$10, o el juramento de lealtad a los cabecillas de los grupos que mantienen el control.
La tasa por contar con protecciones en los pabellones llegó a ser de US$1.500 en el complejo penitenciario Guayas, por ejemplo, pagados usualmente por las familias de las personas privadas de la libertad.
El precio de un celular en las cárceles comunes es de hasta US$700 y en las que están bajo control militar, de US$1.500. Y quienes desean que un revólver ingrese a la cárcel, deben desembolsar unos US$4.000, y por un rifle, US$15.000, conforme con el GI-TOC.
El microtráfico es otra economía ilegal en las cárceles: una dosis de pasta base para cocaína tiene un precio de hasta US$10, una de marihuana US$20 y una de cocaína US$60. Su comercialización es documentada a los jefes de los centros penitenciarios, pero también a sus proveedores.
“El funcionamiento de estos mercados ilícitos no sería posible sin la complicidad de los agentes estatales”, dice el GI-TOC. “Las fuentes consultadas estiman que entre el 20 y el 30% del valor de las transacciones ilícitas se destina a los guías penitenciarios, policías, personal militar y directores de las cárceles que participan por interés propio, coerción o amenazas”.
Un abogado de la Asociación de Guías Penitenciarios de Ecuador comenta al GI-TOC que los reclusos tenían las llaves de los pabellones y controlaban las instalaciones por orden de los directores, evidenciando la ausencia estatal.
El desmantelamiento institucional, ¿el origen?
Pese a que la criminalidad incrementó su poder en las cárceles desde 2018, el informe señala que antes y después hubo un “proceso de desinstitucionalización” que facilitó su hegemonía. El GI-TOC incluso cita algunos ejemplos de ello:
- 2015: el aval de la participación militar en los asuntos de seguridad nacional, una función que previamente estaba reservada para la Policía, “debilitando la distinción entre la defensa nacional y el orden público”.
- 2018: la eliminación del Ministerio de Justicia y la creación del SNAI, “acompañada de recortes presupuestarios y el cierre de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios”.
- 2020: la liberación del líder de Los Choneros, Rasquiña, “bajo un cuestionado régimen semiabierto muy cuestionado”; tras ello, fue asesinado y esta estructura criminal se fragmentó.
- 2021: la comisión para el diálogo en las cárceles y la pacificación, “que condujo a la reconfiguración de las alianzas criminales con efectos contraproducentes”.
- 2022: el traslado de líderes de grupos criminales a otras cárceles y la asignación de pabellones específicos, “que terminó ayudándoles a ampliar sus redes criminales”.
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