Bloomberg Línea — La Fiscalía General de El Salvador inició el lunes 20 de abril un juicio masivo contra 486 supuestos cabecillas de la pandilla MS-13, a quienes se acusa de orquestar más de 47.000 delitos entre 2012 y 2022.
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El proceso de judicialización colectiva ya ha sido aplicado en ocasiones anteriores como parte de la Ley Contra el Crimen Organizado, que permite agrupar y juzgar de forma conjunta a hasta 900 personas vinculadas a una misma estructura delictiva.
Este mecanismo forma parte de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, sustentada en el régimen de excepción vigente desde 2022, y es interpretado como una muestra de fuerza de su política contra las pandillas.
Las autoridades buscan imponer penas que oscilan entre los 45 y 60 años de prisión, amparadas en las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado.
La MS-13, conocida originalmente como “Mara Salvatrucha”, se originó en Los Ángeles pero se trasladó a Centroamérica cuando las personas fueron deportadas desde Estados Unidos.
En febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. designó a la pandilla como Organización Terrorista Extranjera (FTO), junto con otras estructuras, incluyendo Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco “nueva generación”, cártel del Noreste (antes los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, cártel de Golfo y “Cárteles Unidos”.
Audiencia abierta
Según la Fiscalía, entre los imputados se encuentran los responsables intelectuales de la masacre de marzo de 2022, que dejó 86 homicidios en un solo fin de semana y sirvió de detonante para la declaración del estado de emergencia que hoy rige en el país.
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También se les imputa por delitos de feminicidio, extorsión, tráfico de armas y drogas.
El juicio, que se celebra ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, se basa en gran medida en pruebas periciales que vinculan a los acusados con la estructura pandilleril mediante el análisis de sus tatuajes.
De los 486 acusados, 413 ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad inaugurada por el Gobierno en 2023, mientras que 73 tienen órdenes de captura activas.
La Fiscalía argumenta que la estructura criminal intentó establecer un “Estado paralelo” mediante el control territorial y el terror, lo que ha llevado a imputarles el delito de rebelión.
Sin embargo, los juicios colectivos han generado serias dudas en la comunidad internacional respecto a las garantías de debido proceso. Organismos como Human Rights Watch (HRW) y expertos de la ONU han criticado su realización, señalando que estos mecanismos vulneran la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Reformas constitucionales
El juicio masivo ocurre al par de las reformas constitucionales que la Asamblea Legislativa dominada por el oficialista Nuevas Ideas aprobó en marzo para habilitar la imposición de la cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
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Los parlamentarios también modificaron la Ley Penal Juvenil, que permitirá la pena de prisión perpetua para menores de edad que cometan delitos graves, una reforma que ha sido rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarla de “incompatible” con la jurisprudencia internacional.
En un comunicado, el órgano regional dijo que la aplicación de las penas privativas de libertad de duración indefinida, en un contexto donde se han restringido garantías como el derecho a la defensa, podría poner en riesgo el debido proceso.
El señalamiento se enmarca en la vigencia del régimen de excepción que, según diversas organizaciones de derechos humanos, ha dado lugar a abusos y vulneraciones.
Para la CIDH, esta política se ha extendido más allá de lo razonable. Por ello, instó al Estado salvadoreño a dejar de recurrir de forma prolongada a este mecanismo como eje de su estrategia de seguridad frente al crimen organizado y la delincuencia común.
El gobierno, sin embargo, ha desestimado las críticas de distintas instancias, argumentando que su prioridad es proteger a las víctimas del crimen organizado.
La popularidad de Bukele se mantiene alta, según un sondeo del sitio especializado en estadísticas globales World of Statistics.
El mandatario de 44 años tiene un índice de aprobación de 94%, seguido por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con 72%; mientras que Donald Trump, de Estados Unidos, obtuvo un 38%.
