Bloomberg Línea — El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo financia la represión a opositores mediante la desviación de fondos públicos y ha extendido sus operaciones de vigilancia a nicaragüenses en el exilio, reveló el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
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El reporte presentado el 10 de marzo documenta que desde 2018 el gobierno ha redirigido recursos destinados a programas sociales, limpieza urbana y gastos operativos hacia operaciones de seguridad, grupos armados pro-gobierno y actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entre las acciones destacan la llamada “Operación Limpieza”, durante las protestas antigubernamentales de 2018, que dejó cientos de víctimas y fue financiada con al menos US$5 millones desviados de fondos públicos.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y extendida a través de las fronteras para asegurar que nadie, absolutamente nadie, se interponga en el camino del régimen”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, en una conferencia de prensa desde Ginebra.
El informe detalla una red transnacional de vigilancia que integra al Ejército, la Policía Nacional, autoridades migratorias, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), misiones diplomáticas y operadores del FSLN.
La vigilancia incluye acoso digital, hackeo, difusión de datos personales y campañas de desprestigio, dirigidas tanto a críticos dentro del país como a exiliados, de acuerdo con el informe de los expertos.
Desde 2023, al menos una docena de exiliados han sido asesinados o atacados, incluido Roberto Samcam, exmilitar opositor asesinado en Costa Rica en junio de 2025; mientras que 52 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y miles más se encuentran en situación de “apátridas de facto”, sin acceso a documentación ni posibilidad de regresar al país.
El Grupo de Expertos también denunció persecución con enfoque de género en contra de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y personas LGBTIQ+ que han sido blanco de hostigamiento y campañas de difamación dentro y fuera de Nicaragua.
El informe subraya que las violaciones cometidas desde abril de 2018 podrían constituir crímenes contra la humanidad y advierte que la falta de cooperación del gobierno con la ONU hace más urgente la rendición de cuentas internacional.
Los expertos instaron a que el régimen desmonte la “arquitectura de represión”, disuelva aparatos paralelos del Estado, revierta reformas legislativas restrictivas y permita el regreso seguro de los exiliados.
Además, pidieron la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos y la restauración de los derechos de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones religiosas.
El mecanismo de la ONU dijo estar “dispuesto a dialogar directa y constructivamente con las autoridades” y viajar al país “para supervisar el progreso y apoyar la implementación de reformas de derechos humanos”.
