Bloomberg Línea — La restitución de empresas expropiadas y ocupadas por el Estado venezolano vuelve a ocupar un lugar en la agenda económica del país, esta vez con una dimensión que aporta el sector privado.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) tiene identificadas 902 empresas que fueron objeto de expropiaciones o tomas por parte del Estado y considera que su recuperación podría contribuir a dinamizar la actividad productiva y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
El dato fue presentado por Tito López, presidente de Conindustria, en una declaración a los medios durante el congreso de la organización esta semana en Caracas, en el que se analizaron las perspectivas económicas para el cierre de 2026 y el próximo año, y el que contó con la participación de Delcy Rodríguez.
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De acuerdo con López, 75% de las empresas identificadas pertenece al sector primario, principalmente fincas y unidades productoras de alimentos, aunque el registro también incluye compañías de sectores como alimentos procesados, farmacéutico y plásticos.
La cifra adquiere relevancia en momentos en que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha comenzado a plantear la revisión de los activos que permanecen bajo control estatal y la posibilidad de devolver algunas empresas a sus antiguos propietarios o transferirlas al sector privado.
La discusión no es nueva. Durante años, las expropiaciones y ocupaciones de instalaciones productivas han representado uno de los principales puntos de fricción entre el Estado y el empresariado venezolano. Ahora, en medio de los esfuerzos oficiales por atraer inversiones y ampliar la participación privada en la economía, la revisión de esos activos se presenta como una de las señales que podrían determinar la profundidad de la apertura económica.
Avances y devoluciones
López confirmó que existen conversaciones sobre las posibles devoluciones y que la comisión encargada de revisar los activos del Estado está trabajando en el proceso. También señaló que un representante del sector industrial participa en las discusiones relacionadas con la recuperación de estas empresas.
Sin embargo, el presidente de Conindustria pidió acelerar el procedimiento. La organización considera que los antiguos propietarios deberían tener prioridad en la oferta de los activos, una propuesta que introduce una discusión que va más allá de la privatización: la restitución de empresas a quienes fueron despojados de ellas y la necesidad de establecer condiciones que permitan recuperar su capacidad operativa.
“Primero sean ofrecidas a sus antiguos dueños”, planteó López al referirse al destino de las compañías. A su juicio, la transferencia de estos activos al sector privado permitiría al Estado reducir la carga que representa su administración y liberar recursos para otras obligaciones fiscales.
El planteamiento también tiene una dimensión productiva. Venezuela mantiene una parte importante de su capacidad industrial sin utilizar y la recuperación de instalaciones que hoy permanecen bajo control público podría contribuir a ampliar la oferta nacional, siempre que existan condiciones jurídicas, financieras y operativas para ponerlas nuevamente en funcionamiento.
En su balance, López indicó que la manufactura venezolana opera actualmente a 51,3% de su capacidad instalada y que Conindustria espera que ese indicador alcance entre 55% y 60% al cierre de 2026.
La organización estima que el producto interno bruto crecerá 6,5% este año, por debajo de una proyección inicial de 7,5%, debido al impacto de los acontecimientos del 24 de junio.
Para 2027, las expectativas del gremio son positivas. López considera que las alianzas entre empresas nacionales e inversionistas interesados en entrar al mercado venezolano podrían ayudar a aprovechar el 48% de capacidad productiva que permanece disponible.
Pero la recuperación de los activos intervenidos plantea interrogantes que todavía no tienen respuesta pública: cuántas de las 902 empresas identificadas están incluidas en la revisión que adelanta el Gobierno, en qué condiciones se encuentran actualmente y qué inversiones necesitarían para recuperar sus operaciones.
