Bloomberg Línea — Venezuela busca convertir la devolución de activos expropiados en una señal para atraer inversión privada, después de años en los que empresas, terrenos e instalaciones pasaron a manos del Estado. El intento ocurre en un momento de acercamiento entre Caracas y Washington que ha alimentado expectativas sobre una eventual mayor apertura económica y el regreso de capital privado al país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Pero antes de que las restituciones puedan convertirse en una política económica de mayor alcance, Venezuela enfrenta la tarea, menos visible, de determinar qué activos pueden ser devueltos, quiénes son sus propietarios y cuál es su estado después de años bajo control estatal.
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La Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella, ha planteado acelerar la devolución de algunos activos expropiados como una forma de generar confianza entre inversionistas y mostrar “victorias tempranas” que permitan atraer capital privado. En julio, Pisella dijo que había que acelerar la devolución de algunos activos para demostrar que la recuperación económica es sostenible y atraer a más inversionistas.
La idea no es completamente nueva. Durante los últimos años ya se produjeron algunas restituciones selectivas de bienes expropiados durante el chavismo. Uno de los casos más visibles fue el Centro Comercial Sambil La Candelaria, un activo inmobiliario tomado por el Estado en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez, y devuelto a sus propietarios en 2022, después de 14 años. El centro reabrió ese mismo año tras ser remodelado.
La diferencia ahora es que las devoluciones forman parte de una revisión más amplia de los activos públicos y aparecen vinculadas de manera explícita a la intención de atraer inversión privada.
Una cuenta incompleta
Cedice Libertad lleva años documentando las afectaciones a los derechos de propiedad en Venezuela y estudiando experiencias internacionales de restitución. La organización ha analizado, entre otros, los procesos de República Checa, Polonia, Hungría y Chile, y también ha trabajado con expertos colombianos para estudiar mecanismos de restitución.
Ese trabajo le ha permitido tener una de las bases históricas más amplias sobre el fenómeno en Venezuela. Cedice cuenta con 1.757 registros de afectaciones al derecho de propiedad, de los cuales 654 están clasificados como expropiaciones o adquisiciones forzosas y más de 1.100 corresponden a otras modalidades, explicó Ana María Carrasquero, coordinadora de la organización, en conversación con Bloomberg Línea.
Pero esos 654 casos no representan necesariamente el universo de activos que podrían ser restituidos. La base no recoge todo lo ocurrido en el país y tendría que actualizarse caso por caso para determinar qué ocurrió con cada propiedad, quién la controla actualmente y qué derechos permanecen.
“Hoy no puede afirmarse responsablemente que existe un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela”.
Cedice ha desarrollado además un Anteproyecto de Ley de Devolución y un instrumento para reconstruir la cadena de titularidad de los bienes afectados.
La propiedad primero
Las expropiaciones ocurrieron, en muchos casos, hace 10, 15 o incluso 20 años. Desde entonces, algunas empresas cambiaron de estructura, otras dejaron de operar y determinados activos recibieron inversiones del Estado o de terceros. También pueden existir nuevos accionistas, herederos, acreedores o derechos adquiridos posteriormente.
Para Cedice, por eso, la prioridad no debería establecerse por el tamaño o el sector del activo, sino por la claridad de los derechos sobre él. Los casos más sencillos serían aquellos en los que el activo todavía existe, permanece bajo control estatal, el propietario original o sus sucesores pueden identificarse, existe documentación suficiente y no hay conflictos relevantes con terceros.
“Un activo improductivo no es necesariamente un activo fácil de devolver. La variable decisiva es la trazabilidad de los derechos”, señaló Carrasquero.
La experiencia internacional estudiada por la organización muestra que la restitución, compensación y privatización son mecanismos distintos que deben aplicarse según las condiciones de cada caso. Una de las lecciones de Hungría, por ejemplo, es que no conviene privatizar un activo antes de resolver las reclamaciones de propiedad que puedan existir sobre él.
Recuperar el valor perdido
El paso del tiempo introduce otro problema: el activo que podría devolverse hoy puede tener poco parecido con el que fue expropiado.
Una fábrica puede haber perdido maquinaria y capacidad productiva; una empresa puede haber acumulado pasivos; y una propiedad puede haber recibido inversiones posteriores. En algunos casos, incluso puede haber desaparecido la estructura empresarial original.
Por eso, Carrasquero considera que restitución y compensación no son necesariamente alternativas excluyentes. Si el activo puede devolverse, podría restituirse en su situación actual, sin descartar reparaciones por deterioro, daño o mal uso. Cuando la restitución material resulte imposible, podría recurrirse a una compensación.
“Se necesita evaluación independiente y criterios de mercado, no una fórmula política uniforme”, dijo.
Jorge Piedrahita, economista de la Universidad de Buenos Aires y portfolio manager de Copérnico Recovery Fund, considera que ese deterioro limita el atractivo de muchos de los activos para nuevos inversionistas.
En muy pocos casos, dijo, una empresa expropiada podría convertirse directamente en una oportunidad de inversión. El deterioro acumulado puede haber provocado una pérdida prácticamente total de valor, mientras que la devolución apenas cubriría una parte de las pérdidas sufridas por sus antiguos propietarios, incluido el costo de oportunidad de las últimas décadas.
El sector petrolero ofrece uno de los ejemplos más relevantes de lo que está en juego. Durante la era Chávez, Venezuela expropió inversiones de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips en proyectos de crudo pesado de la Faja del Orinoco. ConocoPhillips obtuvo un laudo arbitral por unos US$8.500 millones, más intereses, por la expropiación de sus proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro.
Ahora ambas compañías están evaluando oportunidades para regresar a Venezuela, pero con cautela. ExxonMobil ha dicho que el país sigue siendo “no invertible” bajo el marco actual y que necesitaría cambios significativos en las leyes de hidrocarburos, el sistema legal y protecciones duraderas para las inversiones. ConocoPhillips, por su parte, ha señalado que cualquier eventual regreso tendría que contemplar mecanismos para recuperar la deuda pendiente.
La restitución tampoco sería suficiente, por sí sola, para cambiar la percepción internacional sobre Venezuela.
“La respuesta simple es no”, dijo Piedrahita al ser consultado por Bloomberg Línea sobre si devolver empresas expropiadas podría ser una señal suficientemente fuerte para modificar el riesgo percibido del país.
A su juicio, Venezuela necesita un “shock de confianza” que incluya una reinstitucionalización democrática, un programa económico integral, una reestructuración de la deuda y cambios regulatorios e institucionales.
Piedrahita estima que, bajo un proceso de normalización, el PIB venezolano podría multiplicarse entre cinco y seis veces en una década. También considera que las sanciones no fueron la causa determinante del deterioro económico, ya que la caída de la economía era evidente desde antes de su imposición.
“Devolver los activos sin ir acompañado de seguridad jurídica y de un respeto por la propiedad privada codificado en el cuerpo de leyes del país no tendría un efecto significativo sobre la percepción del altísimo riesgo que hoy enfrenta Venezuela”, afirmó.
Para Cedice, sin embargo, las restituciones sí pueden tener un efecto que trascienda a los antiguos propietarios: demostrar al mercado que el riesgo de perder arbitrariamente una inversión ha disminuido.
Los inversionistas no evalúan únicamente el rendimiento potencial de un proyecto, explicó Carrasquero. También consideran la posibilidad de conservar los activos, hacer cumplir contratos y disponer libremente de sus inversiones.
Ese es el argumento detrás de la apuesta de Pisella, que algunas devoluciones puedan funcionar como señales tempranas de cambio y contribuir a atraer capital nacional y extranjero.
El contexto en el que se plantea esa política también es distinto al de años anteriores. El acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos ha abierto expectativas sobre una eventual normalización de relaciones económicas y un mayor flujo de capital hacia sectores venezolanos, aunque la magnitud y velocidad de ese proceso todavía son inciertas.
La restitución de activos puede convertirse en una señal para esos potenciales inversionistas, pero el mercado tendrá que determinar si se trata de casos aislados o de evidencia de un cambio más profundo.
Bloomberg Línea contactó a Pisella para conocer el número de activos actualmente bajo revisión, los criterios que determinarán las restituciones y cuáles podrían ser los primeros casos, pero no obtuvo respuesta para esta publicación.
Por ahora, tampoco existe públicamente un inventario actualizado que permita determinar cuántos activos expropiados podrían regresar efectivamente a sus antiguos propietarios.
