Ciudad de Panamá — Un segundo proyecto minero metálico a cielo abierto, esta vez para la explotación de oro y plata, entra en la ecuación del desarrollo minero panameño aprobado por las autoridades, a pesar de las voces de rechazo de más de 70 organizaciones y firmantes independientes.
Se trata del proyecto minero de Cerro Quema, que lidera la empresa canadiense Orla Mining Ltd. a través de su subsidiaria la sociedad panameña Minera Cerro Quema, S.A., una operación dentro de una concesión de 15 mil hectáreas en la provincia de Los Santos, en la península de Azuero, en el Sur de Panamá.
Según los estudios de prefactibilidad de la empresa, y que cita el portal de Orla Mining Ltd, la operación tiene una vida útil de 6 años para recuperar 489.000 onzas de oro y 399.000 onzas de plata y se estima una producción anual media de 81.000 onzas de oro.
Para dicha extracción de minería metálica -que se ubica en los distritos de Tonosí y Macaracas-se estima una inversión de US $211,685,000 que incluye el capital de preproducción, explotación y rellenos iniciales, así como el mantenimiento y proceso de la mina, según los costos al 2021 que detalla su estudio de impacto ambiental (EIA).
Polémica ambiental
Este 5 de junio, cuando se celebra el día del medio ambiente, quienes se oponen al proyecto minero se manifestaron a las afueras del Ministerio de Ambiente en la ciudad capital, señalando que la zona en la que se va a desarrollar el proyecto a tajo abierto, que impactará 480 hectáreas, es un lugar donde ya existen problemas de acceso al agua y donde también se desarrolla la actividad ganadera del país
“Causará impactos ambientales que dañarán y contaminarán nuestros ríos con químicos sumamente peligrosos, provocando la exposición humana a contaminantes dañinos, afectando la calidad de vida de la población y dañará nuestra agricultura, nuestra fuente de trabajo y alimentación de la población vecina”, expuso la asociación de productores agropecuariosa”, expuso la asociación de productores agropecuarios Ganaderos al Rescate.
El gremio ganadero cuestionó el modelo de desarrollo económico del país, en el que tras la crisis económica por la Covid-19, la minería metálica ocupa un “lugar de importancia en detrimento del sector agrícola e industrial, entre otros” y “sin debate ni consulta”.
“La minería metálica no es viable ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad como Panamá“, señaló, por su parte, la iglesia católica a través de la Diócesis de Chitré, distrito ubicado el centro de la península de Azuero y que firmó un comunicado en conjunto con la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana y la Pastoral Social Cáritas Panamá.
El comunicado de la comunidad religiosa dice que el país vive en medio de una gran sequía y se pone en peligro la producción, el funcionamiento del Canal y, la vida de la gente. La zona de cerro Quema es de gran riqueza hídrica, con ríos que pueden ser contaminados por los químicos que se usarían en la mina, además de que existe un peligro adicional porque la mina está en una importante área sísmica y desde 1997 la población se ha opuesto al proyecto pero ha sido ignorada, por lo que solicitaron que se impida el proyecto, se lee en el documento.
Entre los argumentos de rechazo del Centro de Incidencia Ambiental está que el plan de cierre de la minera es de tres años con un monitoreo de cinco. Sin embargo, estudios citados por la ong ecologista indican que el drenaje ácido puede darse desde cero a los 15 años, por lo que existe la posibilidad de que se genere dicho drenaje cuando la empresa se haya retirado.
La minera, por su parte, afirma que está comprometida con “desarrollar buenas prácticas de minería responsable, iniciativa que forma la base central de nuestras decisiones y este compromiso se extiende a todos los colaboradores de la empresa”.
De esta manera, Minera Cerro Quema, S.A. “diseña, construye y opera en sus instalaciones siguiendo las más altas normas ambientales, de salud y de seguridad, promoviendo prácticas para garantizar la buena salud y el seguimiento eficiente a las normas de seguridad en todos sus programas y actividades”, según las comunicaciones corporativas de redes sociales.
Añade que “actúa en sus proyectos con la metodología más eficiente en la industria, aplicando de manera responsable las normas de producción más limpias para extraer el producto y procesarlo de manera eficiente, respetando las buenas prácticas en materia ambiental, en apego a las leyes de Panamá y manteniendo relaciones cercanas con las comunidades vecinas”.
Antecedente minero
Con este proyecto que ya tiene el visto bueno del Gobierno para operar se suman dos las operaciones de extracción de minerales metálicos a cielo abierto, siendo la otra mina en fase operativa la mina de cobre en las montañas de Colón y cuyo contrato, renegociado por el gobierno luego de una controversia con First Quantum Minerals, espera su aprobación en la Asamblea Nacional debido a que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional el 21 de diciembre de 2017.
Este último proyecto de cobre ha tenido unos diez procesos administrativos que en su conjunto suman multas por apenas USD $21.000 y a nivel penal hay seis investigaciones en curso por posibles daños, por lo que organizaciones civiles cuestionan la capacidad de las autoridades de supervisar esta industria toda vez que se han contabilizado unos 200 incumplimientos a sus compromisos ambientales.
En tanto, en el Pacto del Bicentenario, un diálogo celebrado durante un año y convocado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo para que los panameños aporten ideas y consensos sobre los diversos problemas del país, se acordó establecer la “moratoria de minería metálica en Panamá”, un compromiso que no ha sido honrado por el Ejecutivo.
