Bloomberg — El presidente de Panamá creó un grupo de trabajo interinstitucional para evaluar el futuro de la mina de cobre cerrada de First Quantum Minerals Ltd., en el paso más reciente hacia una decisión sobre una posible reapertura de la explotación.
El grupo, liderado por el Ministerio de Comercio e integrado por los ministros de Finanzas y Medio Ambiente, analizará los aspectos técnicos, legales, económicos y medioambientales relacionados con la mina antes de formular recomendaciones, según un comunicado de la presidencia.
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“Trabajaremos de forma responsable, escuchando a quienes conocen, comprenden y tienen experiencia en la materia, para poder tomar las mejores decisiones”, afirmó el presidente José Raúl Mulino.
La medida llega después de que Mulino señalara en enero que esperaba decidir a mediados de año si se reanudaba la actividad de la mina. Conocida como Cobre Panamá, la operación se vio obligada a detener sus actividades a finales de 2023 después de que el Tribunal Supremo anulara su contrato de concesión tras meses de protestas en todo el país. Cualquier negociación con First Quantum dependerá de la revisión del estado de la mina, de los riesgos existentes y del marco para un nuevo acuerdo operativo. Los resultados de una auditoría independiente que examina el cumplimiento de las normas medioambientales aún no han sido publicados.
Una reapertura supondría un importante impulso para la economía panameña y para First Quantum, además de contribuir a aliviar la presión en un mercado mundial del cobre cada vez más ajustado. Antes de su cierre, Cobre Panamá representaba casi el 2% del suministro mundial de cobre. La opinión pública también podría estar cambiando: una encuesta de Cid Gallup publicada en abril reveló que el 61% de los panameños veía con buenos ojos la reapertura de la mina.
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Mulino ha actuado con cautela para evitar una repetición de los disturbios que acompañaron el cierre. First Quantum retiró un arbitraje contra Panamá y suspendió otro para facilitar las conversaciones, además de aceptar la propiedad estatal de los recursos minerales como base para las negociaciones.
Se espera que el grupo de trabajo entregue al gobierno recomendaciones que podrían orientar cualquier decisión final sobre la reapertura de la mina.
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