Bloomberg Línea — Mucho antes de que se celebre una muy probable segunda vuelta presidencial en Perú, el sector empresarial ya tiene clara la hoja de ruta que espera del próximo gobierno y del nuevo Congreso cuando asuman funciones, el próximo 28 de julio: seguridad ciudadana, estabilidad política, destrabe de inversiones y reformas que permitan recuperar la confianza y reactivar el crecimiento económico.
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Representantes de los principales gremios empresariales consultados por Bloomberg Línea coincidieron en que el país necesita, con urgencia, señales claras que permitan reactivar la inversión privada, en un contexto marcado por la inestabilidad política de los últimos años, el aumento de la inseguridad y la desaceleración de la economía.
“El país necesita enrumbarse nuevamente hacia el crecimiento económico y eso pasa por reactivar la inversión privada, que es el principal motor del crecimiento y del empleo formal”, señaló el director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Jaime Dupuy. “Sin inversión privada no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción sostenible de la pobreza”.
Las señales en los primeros 100 días
Para el sector empresarial, las primeras decisiones del próximo Gobierno serán claves para medir la dirección económica y política del país. Entre las señales más importantes destacan acciones inmediatas en seguridad ciudadana y medidas concretas para destrabar proyectos y reducir la burocracia.
Dupuy señaló que el gobierno entrante debe demostrar desde el inicio que el Estado será un aliado de la empresa privada, mediante la simplificación de trámites, la eliminación de barreras burocráticas y la promoción de proyectos de inversión, especialmente a través de asociaciones público-privadas.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, sostuvo que una de las prioridades inmediatas debe ser enfrentar la inseguridad, en particular delitos como la extorsión y el sicariato, que afectan tanto a la población como a las empresas. Para ello, propuso la creación de una policía especializada contra el crimen organizado, con tecnología, logística y presupuesto adecuados.
El deterioro de la seguridad ciudadana en Perú se ha intensificado en los últimos años, con más de 2.200 homicidios registrados en 2025, el nivel más alto en al menos una década y equivalente a más de seis asesinatos diarios. En paralelo, las denuncias por extorsión superaron las 25.000, afectando principalmente a transportistas, comercios y pequeñas empresas.
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Este repunte ha elevado la tasa de homicidios a alrededor de 10,7 por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado crítico, y ha convertido a la inseguridad en uno de los principales riesgos para la actividad económica y la inversión en el país.
Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL), su presidente, Ramiro Salas, señaló que las primeras señales del nuevo gobierno deben centrarse en recuperar la confianza, reactivar la economía y garantizar la seguridad ciudadana, lo que implica estabilidad política, respeto a la institucionalidad y reglas claras para la inversión privada.
Institucionalidad y reforma del Estado
Otro punto en el que coinciden los gremios empresariales es la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y mejorar la gestión del Estado.
Zapata indicó que el país necesita recuperar la institucionalidad y la gobernanza, lo que pasa por retomar sistemas meritocráticos en el Estado y asegurar que las instituciones públicas estén dirigidas por profesionales calificados, como ocurre con el Banco Central de Reserva del Perú, liderado por Julio Velarde.
En tanto, Dupuy planteó la necesidad de fortalecer el servicio civil, impulsar la transformación digital del Estado y mejorar la calidad regulatoria para reducir la sobrecarga normativa que afecta la actividad empresarial y la formalización.
Asimismo, Salas enfatizó la necesidad de una gestión pública más eficiente, así como acciones firmes contra la corrupción, uno de los factores que deterioran la confianza y frenan el desarrollo económico.
Según una última encuesta de Ipsos, a pedido de Proética, el 88 % de peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, y el 81 % cree que se mantendrá igual o empeorará en los próximos cinco.
Sectores clave para el crecimiento
En cuanto a los sectores económicos que deberían impulsar la economía en los próximos cinco años, los gremios coincidieron en que la minería y la agroexportación seguirán siendo los principales motores del crecimiento, así como las exportaciones y la generación de empleo, especialmente en regiones.
Zapata señaló que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros de más de US$64.000 millones que podrían desarrollarse, mientras que la agricultura tiene un alto potencial de crecimiento si se continúa ampliando la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación.
A estos sectores se suman la construcción y la infraestructura, donde el destrabe de obras públicas y proyectos paralizados podría tener un impacto importante en la reactivación económica y el empleo. También mencionó sectores con potencial como el forestal, hidrocarburos, pesca y manufactura.
El rol del Congreso y el riesgo populista
El nuevo Congreso, que funcionará bajo un sistema bicameral, también tendrá un rol clave en la gobernabilidad y en la agenda económica.
Los gremios empresariales advirtieron que el Parlamento debe evitar la aprobación de medidas populistas que generen gasto público sin sustento técnico o que afecten la sostenibilidad fiscal y la confianza de los inversionistas.
En efecto, de acuerdo a un comunicado del Consejo Fiscal, comisión autónoma y técnica, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, el actual Parlamento aprobó leyes “populistas” que tiene costo de al menos S/11.000 millones (US$3.200 millones) anuales al Estado.
Entre las medidas con mayores costos fiscales destacan se encuentran la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual; la modificación del régimen pensionario militar y policial del Decreto Legislativo N° 1133, y el otorgamiento de mayores beneficios laborales a los trabajadores CAS.
Así mismo, ComexPerú, gremio empresarial peruano que analiza la economía y promueve políticas de libre mercado y comercio exterior y Confiep, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, plantearon la necesidad de avanzar en una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que reemplace el actual sistema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vinculado a la formalización minera, y que ha sido prorrogado en hasta en cinco ocasiones, desde el 2016, sin lograr resultados efectivos.
Recuperar la confianza para volver a crecer
El mensaje del sector empresarial es que el Perú tiene el potencial para volver a crecer a 8% ó 9% anual, pero para ello es necesario recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y reactivar la inversión.
En ese sentido, los tres gremios coincidieron en que el país no necesita cambiar su modelo económico, como lo plantean candidatos de izquierda como Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y el prófugo Vladimir Cerrón, sino retomar políticas que en el pasado permitieron crecimiento, reducción de la pobreza y expansión del empleo formal.
La agenda que plantean al próximo gobierno y Congreso se resume en cuatro ejes: seguridad ciudadana, estabilidad institucional, destrabe de inversiones y reformas del Estado. Según el sector empresarial, esas serán las condiciones necesarias para que el país recupere el crecimiento sostenido en los cinco próximos años.
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¿Qué proponen los candidatos?
Entre los principales candidatos que lideran las encuestas, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, ha centrado su propuesta en un enfoque de “mano dura” contra la delincuencia, con medidas como el endurecimiento del sistema penitenciario, incluyendo que los reclusos contribuyan a su manutención, así como el fortalecimiento de la Policía y el uso de tecnología para combatir el crimen. Incluso propuso que el Perú se retire del pacto de San José para implementar el sistema de jueces sin rostro.
En el plano económico, plantea mantener el modelo de economía social de mercado, con énfasis en la estabilidad jurídica, el respeto a los contratos y la promoción de la inversión privada, además de medidas para reducir costos como la revisión de impuestos a los combustibles.
Rafael López Aliaga, del movimiento Renovación Popular, propone una agenda marcadamente pro-inversión, orientada a reducir el rol del Estado en la economía y potenciar la participación del sector privado. En seguridad, ha planteado medidas más radicales, como el traslado de internos de alta peligrosidad a zonas alejadas y el endurecimiento del control penitenciario, en línea con un discurso de tolerancia cero frente al crimen.
En paralelo, apuesta por impulsar grandes proyectos de infraestructura y destrabar inversiones, especialmente en sectores como minería y transporte.
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En tanto, Carlos Álvarez, del movimiento País Para Todos, ha construido su candidatura con un fuerte énfasis en seguridad ciudadana y recuperar el control territorial para frenar la extorsión, el crecimiento de organizaciones criminales y la impunidad, mientras que en el ámbito económico plantea el fomento de la inversión privada mediante una ventanilla única territorial, y el destrabe de la inversión pública de forma eficiente y sin corrupción.
