Bloomberg Línea — Miles de hogares en Venezuela quedaron afectados por el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio. Estructuras que fueron calificadas con etiqueta amarilla, que de acuerdo con el criterio gubernamental implican un riesgo para sus habitantes, requieren reparaciones que deben ser atendidas con prontitud. Pero el costo detrás de ello es el verdadero reto.
Un residente en San Bernardino, una de las zonas más impactadas en el oeste de Caracas, en la que tres edificios se desplomaron por completo, cuenta los gastos que ha asumido con la reparación de al menos 13 paredes de su vivienda principal.
Con la contratación de apenas tres obreros, las reparaciones se han extendido entre cuatro y seis semanas, y con cada día de trabajo se amplía también la factura de gastos. “A los obreros se les paga su mano de obra, sí, pero también la alimentación”, dice Ricardo Díaz a Bloomberg Línea.
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El trabajo de reconstrucción de estas paredes, que incluye un reforzamiento ante cualquier otra eventualidad natural, tiene un costo de entre US$600 y US$1.000. Esto representa apenas una parte del presupuesto, que aumenta con la compra de materiales.
La lista contempla cabillas, bloques, cemento, arena, electrodos, mastique, pintura y hasta bolsas para escombros. En conjunto, puede alcanzar entre US$1.500 y US$2.500, de acuerdo con un ejercicio realizado en ferreterías de Caracas, tanto en establecimientos de menor costo como en grandes franquicias.
El desembolso total para un trabajo de estas características puede situarse, por tanto, entre US$2.100 y US$3.500. Pero esa cifra puede cambiar sustancialmente cuando los daños dejan de ser solamente visibles en paredes y acabados y comprometen elementos estructurales.
“Son refuerzos con la técnica de grapas hechas con las mismas cabillas para cada esquina de pared, y relleno con cemento en algunos bloques que todavía se pueden salvar”, comenta Henry Valecillos, jefe de albañiles de una obra privada.
El doble sismo del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, obligó a evaluar miles de inmuebles en Caracas y otros sectores afectados. Para determinar qué tipo de intervención necesita cada estructura no basta con observar las grietas. En los casos que involucran vigas, columnas u otros elementos fundamentales, se requiere una evaluación especializada.
Para los estudios de profundidad, como los estructurales para vigas y columnas, los presupuestos hechos por patólogos pueden superar los US$2.000 y, tras estos informes, se debería revisar la técnica a implementar. En algunos casos puede que haya que importar materiales de calidad epóxica.
En algunas comunidades, los gastos se han cubierto mediante recaudaciones entre vecinos. En otras, la respuesta pública ha permitido reducir parte de la carga.
La Alcaldía de Caracas y otros municipios de la capital han desplegado cuadrillas, personal técnico y recursos para atender inmuebles afectados, además de ejecutar trabajos de reparación y demoliciones controladas cuando las condiciones de seguridad lo requieran.
En Chacao, las autoridades desplegaron a principios de agosto unos 250 trabajadores, entre ingenieros, arquitectos, maestros de obra y personal especializado, que se encargarán de atender unos 50 edificios y 1.500 apartamentos en una primera etapa del plan.
Hasta el 20 de agosto, el Colegio de Ingenieros de Venezuela había culminado 11.185 inspecciones en Caracas y sectores afectados del municipio Sucre. De ese universo, 8.620 edificaciones recibieron etiqueta verde, 1.544 amarilla y 1.119 roja.
El balance nacional muestra una escala todavía mayor. El 17 de agosto, las autoridades informaron que 59.109 viviendas habían sido inspeccionadas. De ellas, 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 quedaron bajo algún tipo de restricción y 10.696 fueron clasificadas como de alto riesgo.
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Ese mismo balance elevó a 6.438 las personas fallecidas por los sismos del 24 de junio, mientras que 6.462 fueron rescatadas y 86.358 recibieron atención hospitalaria.
En paralelo, el Registro Único de Vivienda había identificado 13.674 familias que habían perdido sus hogares, equivalentes a unas 46.000 personas registradas. La emergencia también llevó a miles de personas a permanecer temporalmente fuera de sus viviendas mientras avanzaban las evaluaciones y las obras.
