El nuevo sueldo que exigen los trabajadores venezolanos en el paro de 2026

El reclamo contrasta con el salario mínimo legal vigente, que permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.

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Bloomberg Línea — La discusión sobre la recuperación salarial en Venezuela retoma fuerzas tras las protestas y el paro nacional de trabajadores anunciado esta semana. La Coalición Sindical de Venezuela sitúa entre US$700 y US$1.500 mensuales la referencia de ingresos necesaria para cubrir desde la canasta alimentaria hasta la básica, en un contexto marcado por más de cuatro años sin ajustes del salario mínimo legal.

Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical, sostiene que cualquier propuesta de remuneración debe partir del costo de vida y no de los montos que actualmente se discuten en las mesas de diálogo entre el Gobierno, empresarios y representantes sindicales. Según sus estimaciones, la canasta alimentaria ronda los US$700, mientras que la básica se ubica entre US$1.300 y US$1.500.

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El planteamiento se produce en medio de las demandas de distintos gremios por recuperar el poder adquisitivo, revisar las convenciones colectivas y modificar un esquema de ingresos en el que las bonificaciones han ganado peso frente al salario base.

“Lo mínimo que se piense es que alcance hasta la canasta alimentaria”, dijo Salazar en entrevista a Bloomberg Línea. Según sus estimaciones, esta se ubica alrededor de US$700 mensuales, mientras que la canasta básica puede superar los US$1.000 y situarse entre US$1.300 y US$1.500.

El dirigente cuestionó que las conversaciones laborales se concentren en ajustes de unos US$40 y sostuvo que las remuneraciones deben responder al costo de vida y a la capacidad real de compra de los trabajadores. Su planteamiento no constituye una propuesta salarial consensuada por todos los gremios, sino la posición expresada por la Coalición Sindical.

La referencia que plantea Salazar se aproxima al costo de la alimentación calculado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Para octubre, el organismo estimó que una familia de cinco personas necesitó US$744,55 para cubrir sus necesidades alimentarias, según su medición de 60 productos. La cifra supone que el monto de US$700 mencionado por el dirigente sindical está en el entorno del gasto alimentario registrado por esa organización.

La diferencia entre ambas referencias es relevante para la discusión salarial. Mientras la canasta alimentaria contempla los gastos de comida, la canasta básica incorpora otros bienes y servicios necesarios para el hogar. Salazar sitúa esta última entre US$1.300 y US$1.500, aunque no identificó durante la entrevista una medición estadística específica para respaldar ese cálculo.

¿Desde cuándo no sube le salario mínimo en Venezuela?

La exigencia de los trabajadores contrasta con el salario mínimo legal vigente en Venezuela, que permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Desde entonces, los distintos anuncios de mejoras en los ingresos se han canalizado principalmente mediante bonificaciones, sin que se modifique el monto del salario base.

En abril de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un ingreso mínimo integral de US$240 mensuales. La medida no representó un aumento del salario mínimo legal, sino un ajuste de los componentes complementarios de la remuneración.

Esta política es uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Salazar sostiene que las bonificaciones que reciben los trabajadores deben incorporarse al cálculo de vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales, de acuerdo con su interpretación de los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Trabajo.

“Hay un fraude laboral porque hay una ausencia de Estado de derecho”, afirmó el dirigente, quien considera que la exclusión de esos ingresos del cálculo de los beneficios reduce las remuneraciones que corresponden a los empleados.

El reclamo también alcanza al sector privado. Salazar puso como ejemplo a trabajadores de medios de comunicación que, según dijo, reciben salarios base muy bajos y complementan sus ingresos con bonificaciones que después no se toman en cuenta para calcular sus beneficios laborales.

Subir el monto del aguinaldo a más de mil dólares

La discusión sobre las remuneraciones se intensificó con el pago de los aguinaldos de 2026. Durante el paro nacional del lunes, trabajadores de los sectores educativo, universitario y sanitario cuestionaron el primer desembolso de 67.500 bolívares, equivalente a unos US$75.

En este punto, Salazar planteó una exigencia adicional: que los aguinaldos alcancen al menos US$1.200, calculados sobre las primas y otros conceptos que reciben mensualmente los trabajadores.

“Si tú le sumas las primas y lo que recibe la gente mensualmente y lo multiplicas por la cantidad de meses, mínimo la Administración Pública, que son cuatro, eso te da más o menos US$1.200 y pico”, explicó.

El monto difiere de los US$960 reclamados por representantes de los sectores de salud y educación, quienes solicitan que los cuatro meses de aguinaldos contemplados en sus convenciones colectivas se calculen sobre el ingreso integral de US$240 mensuales.

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La diferencia refleja que las organizaciones no necesariamente utilizan la misma base de cálculo para sus reivindicaciones. En ambos casos, el reclamo apunta a que las bonificaciones y otros componentes de la remuneración sean considerados para determinar los beneficios de fin de año.

Sindicatos cuestionan las mesas de diálogo salarial

Salazar también cuestionó la representatividad de las organizaciones que participan en las mesas de trabajo con el Ejecutivo y Fedecámaras. A su juicio, esos espacios no han producido acuerdos que se traduzcan en una recuperación efectiva del poder adquisitivo de los trabajadores.

El dirigente recordó que las conversaciones se mantienen desde 2022, cuando el salario mínimo fue fijado en 130 bolívares, y sostuvo que las organizaciones independientes han recurrido a las protestas y movilizaciones ante la falta de resultados.

Las críticas se producen mientras el Gobierno mantiene abierta la expectativa de nuevos ajustes para 2027. El 29 de octubre, Rodríguez anunció que contemplaba cuatro momentos de incremento de las remuneraciones durante el próximo año, aunque no precisó montos ni confirmó que los ajustes se aplicarían directamente al salario mínimo legal.

Para Salazar, la reconstrucción salarial debería comenzar en enero de 2027 y tomar como referencia el costo de la canasta alimentaria o básica. También cuestionó la falta de información pública sobre los ingresos del Estado y los recursos disponibles para financiar los ajustes.

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El dirigente mencionó, además, la contribución de 9% que pagan empresas y otros sectores para financiar las pensiones. Según su planteamiento, esos recursos deberían transparentarse y destinarse a mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados.

Las protestas tampoco se limitaron al paro de 12 horas. Tras la jornada del 16 de noviembre, representantes sindicales anunciaron nuevas acciones ante el Ministerio del Trabajo y advirtieron sobre la posibilidad de ampliar las paralizaciones si no obtenían respuestas a sus demandas de aguinaldos, recuperación salarial y discusión de las convenciones colectivas.