Bloomberg Línea — A sus 98 años, Vincenzo Scionti sigue hablando de trabajo en Venezuela. No habla de retirarse. Tampoco de vender lo que queda de aquella empresa que construyó durante más de medio siglo junto a su familia y sus socios. Cuando se le pregunta qué haría si recuperara el muelle que levantó en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, vuelve una y otra vez a la misma palabra: trabajar.
Scionti llegó desde Italia a Venezuela con 26 años. Han pasado más de cinco décadas desde entonces y una vida entera quedó asociada al Lago de Maracaibo, a sus embarcaciones y a una actividad empresarial que comenzó mucho antes de que la familia supiera cuál sería el tamaño que tendría la industria petrolera venezolana.
El petróleo era una posibilidad. El servicio era la realidad.
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En el lago había barcos que necesitaban entrar, salir, ser reparados, soldados y mantenidos. Y alrededor de esas necesidades Scionti y sus socios fueron construyendo una operación que terminó incluyendo un muelle, un atracadero y el proyecto de desarrollar un pequeño astillero para reparar barcos, remolcadores y otras embarcaciones. “Había que asistirlo, repararlo, soldarlo, conservarlo”, recuerda en conversación con Bloomberg Línea en la ciudad de Maracaibo.
La conservación, dice, era el secreto. Un barco podía tener 30 o 40 años y seguir navegando si recibía el mantenimiento adecuado.
Aquella idea de construir sobre lo que ya existía terminó convirtiéndose en una empresa familiar de varias generaciones. Pero la operación fue desmantelada después de que el Estado tomara sus activos en 2009, a través de una legislación aprobada por Hugo Chávez para la nacionalización de compañías que tercerizaban servicios para la estatal Petróleos de Venezuela. No fue solamente el muelle: las distintas divisiones de la compañía fueron afectadas y la estructura que la familia había construido durante décadas quedó fragmentada.
“La comunidad fue dividida completamente. Fue repartida en pedazos”, recuerda José Menegaldo, yerno de Scionti y quien fuera abogado de Costa Bolívar Construcciones C.A.
Ahora, casi dos décadas después, el muelle vuelve a estar en el centro de una transformación que puede resultar paradójica: mientras Venezuela intenta atraer capital privado y extranjero para recuperar su industria petrolera, algunos de los empresarios que fueron desplazados de los servicios que sostenían esa industria esperan que el Estado les permita volver a trabajar.
La discusión ya no se limita a cuánto vale un activo perdido. Se trata de quién podrá utilizarlo, quién tendrá que invertir para recuperarlo, quién asumirá los pasivos acumulados durante años y cómo convivirán los nuevos operadores petroleros con los antiguos propietarios de la infraestructura que necesitan para producir.
El caso de Costa Bolívar concentra buena parte de esas preguntas.
El muelle de Scionti continúa registrado a nombre de sus propietarios, según explican sus representantes. Pero después de la expropiación pasó al control de Pdvsa y posteriormente estuvo vinculado a la operación de la rusa Gazprom. Hoy forma parte del entorno operativo de PetroZamora, la empresa mixta que es operada por North American Blue Energy Partners (NABEP).
PetroZamora, que opera campos de la Costa Oriental del Lago, ya estaba bajo participación de NABEP antes del nuevo acuerdo anunciado en agosto entre Venezuela, Estados Unidos y la compañía. Datos publicados en junio situaban su producción en 104.000 barriles diarios en abril de 2026.
El 31 de agosto, NABEP anunció un acuerdo con Estados Unidos que contempla una inversión cercana a US$100.000 millones y el desarrollo de reservas venezolanas, mientras que Reuters reportó que la compañía asumirá operaciones de varios campos anteriormente vinculados a empresas rusas y chinas.
Para los Scionti, el nuevo escenario no elimina su reclamación. La vuelve más urgente.
Costa Bolívar no era solamente el muelle que hoy ocupa PetroZamora. En su momento de mayor expansión, la compañía llegó a manejar unas 1.300 personas directamente y alrededor de 5.000 trabajadores indirectos, según Menegaldo. La operación incluía embarcaciones, tres diques flotantes, gabarras, grúas, lanchas para transporte de personal, talleres, una planta de concreto y una estación de combustible.
También tenía negocios que quedaron fuera de lo que originalmente debía ser afectado por la legislación petrolera de 2009. Una planta de asfalto en Ciudad Ojeda producía unas 380 toneladas por hora; otra división operaba una planta de trituración y agregados en Trujillo, mientras que la compañía había creado uno de los primeros centros de manejo de desechos peligrosos de Venezuela para tratar lodos y aguas aceitosas provenientes de la actividad petrolera.
Las tres divisiones fueron tomadas junto con el resto de los activos.
La planta de asfalto desapareció. La de agregados quedó prácticamente inoperativa y el centro de manejo de desechos está actualmente invadido, según Menegaldo. De toda aquella estructura, el muelle es el único activo que mantiene una operación petrolera.
La historia se repitió en decenas de compañías.
En 2009 fueron alrededor de 72 las empresas afectadas por la legislación de expropiación impulsada durante el gobierno de Chávez para tomar el control de actividades conexas a la industria petrolera. Algunas recibieron posteriormente pagos parciales por sus activos. Otras no recibieron nada.
Son estas últimas las que ahora intentan organizarse.
Menegaldo calcula que unas 40 compañías, principalmente de Maracaibo y de la Costa Oriental del Lago, mantienen reclamaciones pendientes y se han agrupado para exigir que la nueva Ley de Hidrocarburos produzca un efecto concreto sobre sus propiedades.
La ley derogó el marco legal que sustentó las expropiaciones, pero el reglamento posterior no estableció, según los empresarios, un mecanismo específico para revertir aquellas ocupaciones ni definió qué ocurrirá con los activos que permanecen bajo control estatal o de nuevos operadores.
Ese vacío es ahora el principal obstáculo.
“Si la ley fue derogada, se supone que la propiedad vuelve a nosotros”, plantea Menegaldo. La intención, insiste, no es paralizar la producción petrolera. Si el operador actual necesita utilizar el muelle, una alternativa sería reconocer la propiedad, establecer un alquiler o acordar alguna forma de compensación.
El problema es que, después de 17 años, tampoco existe una respuesta formal sobre cómo hacerlo.
Los propietarios sostienen que sus compañías siguen apareciendo registradas a su nombre. No obstante, no pueden entrar a las instalaciones, utilizarlas ni disponer de ellas. En el caso de Costa Bolívar, incluso después de pasar por Pdvsa y por la operación vinculada a Gazprom, la propiedad nunca habría sido formalmente transferida a esas entidades.
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Menegaldo recuerda que cuando se comunicaron con los operadores rusos recibieron una respuesta sencilla: ellos habían recibido el activo de Pdvsa y, por tanto, lo consideraban propiedad de la estatal.
Ahora la situación vuelve a cambiar con NABEP, a cargo del controvertido empresario Alejandro Betancourt.
PetroZamora opera desde las instalaciones que una vez pertenecieron a Costa Bolívar y es precisamente esa operación la que quedó incorporada al nuevo mapa petrolero de Venezuela. Menegaldo sostiene que las compañías que hoy trabajan allí incluso han aprovechado infraestructura que ya existía, mientras realizan nuevas obras, como el reemplazo de tuberías metálicas por tuberías plásticas.
Por eso, la discusión sobre la restitución no ocurre en un vacío. Los antiguos propietarios están reclamando activos que ya tienen nuevamente un valor económico dentro de la apertura petrolera.
Y en el caso de Costa Bolívar aparece otro elemento que ahora adquiere especial relevancia: sus accionistas ya no son únicamente venezolanos.
La compañía nació de dos familias que compartían la propiedad. Uno de los socios falleció sin ver resuelta la disputa y sus descendientes heredaron su participación. Hoy, según Menegaldo, esos herederos son ciudadanos estadounidenses. Del lado de los Scionti también existe una nueva generación con nacionalidad estadounidense.
El resultado es que alrededor de 70% de Costa Bolívar estaría actualmente en manos de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el cálculo de Menegaldo.
Es una consecuencia de los 17 años transcurridos desde la intervención: familias de origen italiano y venezolano que construyeron sus empresas en el país tienen ahora hijos y nietos que también son estadounidenses.
Para Menegaldo, ese elemento introduce una nueva dimensión en la reclamación justo cuando Estados Unidos participa directamente en la nueva etapa petrolera venezolana.
Pero Costa Bolívar no es el único caso.
A pocos kilómetros, en Las Morochas, Interlago Transport atravesó una historia similar. Roberto García representa hoy a la compañía, fundada en 1953 por su padre y su tío, ambos estadounidenses. Su padre había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente estudió en West Point antes de instalarse en Venezuela.
La empresa llegó a tener unos 360 trabajadores cuando fue intervenida. El 9 de mayo de 2009, recuerda García, dos tanquetas llegaron al muelle y les informaron que estaban expropiados. Según su relato, la familia perdió 93% de su patrimonio.
El activo tampoco fue indemnizado.
A diferencia de Costa Bolívar, Interlago no mantiene hoy una operación petrolera en sus antiguas instalaciones. García visitó el muelle por última vez hace unos cuatro o cinco años y lo encontró en ruinas. El acceso necesitaría ser dragado nuevamente por la sedimentación acumulada.
La valoración realizada en su momento situaba el patrimonio expropiado en unos US$27 millones, sin incluir el lucro cesante acumulado desde 2009, según García. Hoy no se atreve a calcular cuánto costaría reconstruir la operación porque primero necesita conocer qué activos podrían ser restituidos y bajo qué condiciones.
Lo que sí tiene claro es cómo quiere que termine el proceso.
“Nosotros no estamos esperando un cheque”, dice. “Queremos hacer lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer por otros 75 años más”.
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La historia de Mayra Rincón agrega otro matiz a esa misma situación. Su familia es propietaria de Marina del Zulia, conocida como el antiguo Cadeco, una empresa familiar fundada en 1962 que prestaba servicios de muellaje para embarcaciones de cabotaje, incluyendo entrada y salida, estacionamiento, reparaciones menores y atención a lanchas y remolcadores.
El muelle fue ocupado durante el proceso de intervenciones de 2009 y quedó completamente desocupado de su personal. Rincón sostiene que nunca llegó a concretarse una expropiación formal: el acta levantada por Pdvsa registró la ocupación y el inmueble continúa inscrito a nombre de la familia.
Sin embargo, el activo quedó bajo control estatal y posteriormente fue entregado a CAMIMPEG, un organismo vinculado a la Fuerza Armada, que mantiene allí una actividad similar a la que desarrollaba la empresa y cobra por el uso de los espacios para embarcaciones.
Para Rincón, la situación es la misma que enfrentan los demás propietarios: no hubo indemnización ni restitución, aunque en su caso al menos conservaron un segundo muelle de menor tamaño que les permitió mantener una operación reducida.
Rincón además sostiene el mismo planteamiento que Menegaldo y García: la compensación no necesariamente tiene que producirse mediante un pago en efectivo. Podría incluir activos, créditos, contratos, participación en nuevos proyectos o la posibilidad de volver a operar dentro de las instalaciones que alguna vez construyeron.
La propuesta resulta especialmente relevante para empresas que después de 17 años ya no cuentan con el capital necesario para reconstruir por sí solas sus operaciones.
García asegura que ha encontrado interés de potenciales socios en Estados Unidos para volver a invertir en Venezuela. Pero existe una condición previa: recuperar los activos o contar con reglas claras sobre cómo podrán utilizarlos.
“Lo que necesitamos es el punto de arranque”, dice. “Primero necesitamos reglas claras”.
La expectativa se ha trasladado también al ámbito institucional. Las empresas han intentado canalizar sus reclamaciones a través de asociaciones empresariales y han mantenido reuniones con representantes de la Asamblea Nacional y con Luigi Pisella, presidente de Conindustria y vinculado a la comisión encargada de los activos.
Los empresarios aseguran que han recibido promesas de avanzar, pero todavía no existe un procedimiento concreto de restitución.
El gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, aseguró desde la 8va Expo Petrolera en la entidad, organizada por Petróleos de América que ya los casos estaban sobre la mesa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Algunos de ellos han manifestado en las mesas de trabajo que ellos están interesados en recuperar algunas instalaciones, porque saben que el mercado petrolero está renaciendo (...) Hemos escuchado a los empresarios, hay una comisión de diputados que está revisando eso”, dijo al ser consultado por Bloomberg Línea en la inauguración del evento.
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Para quienes llevan 17 años esperando, la derogación de la antigua ley significó algo más que un cambio jurídico: volvió a hacer imaginable una posibilidad que durante años habían dejado de considerar.
Menegaldo lo describe como volver a tener una oportunidad de “entrar en el juego”.
La razón es también económica. Las empresas que fueron tomadas en 2009 no solo dejaron atrás activos físicos. Perdieron trabajadores, proveedores, conocimiento operativo y capacidad financiera. Muchos de sus antiguos empleados emigraron; otros fueron absorbidos por Pdvsa y algunos continúan trabajando en las mismas instalaciones que alguna vez pertenecieron a sus antiguos empleadores.
En el caso de Costa Bolívar, parte de esa plantilla sigue vinculada a las operaciones actuales. Son trabajadores que conocen las instalaciones, las rutas del lago, las embarcaciones y la actividad petrolera de la zona.
Para Menegaldo, ese capital humano es uno de los activos que todavía pueden recuperar.
También lo es el vínculo con la comunidad.
Costa Bolívar no solo generó empleo. La familia Scionti participó en proyectos sociales que quedaron asociados al desarrollo de la zona. Menegaldo recuerda la Fundación Ezequiel Scionti, creada para atender a niños con discapacidad y que llegó a beneficiar a miles de niños del Zulia.
También menciona la Fundación Valmore Rodríguez, donde más de 20.000 personas habrían recibido formación en oficios técnicos como soldadura y carpintería. Parte de esa infraestructura educativa continuó funcionando mediante alianzas con instituciones académicas después de que la empresa perdió su capacidad de financiamiento.
Scionti, además, fue uno de los empresarios que impulsaron la creación del municipio Valmore Rodríguez, que antes formaba parte de Lagunillas. Hace cuatro años recibió las llaves de la ciudad en reconocimiento a su contribución al desarrollo de la localidad.
En Interlago, García recuerda una relación parecida con la comunidad. La compañía organizaba actividades navideñas para los hijos de sus trabajadores y para niños de casas hogar. Había juguetes, fiestas y actividades para familias de la zona.
No era una obligación legal, insiste. Era parte de la forma en que aquellas empresas entendían su relación con las comunidades donde trabajaban.
Ahora, los empresarios quieren recuperar también esa capacidad de generar empleo.
La diferencia es que el contexto petrolero cambió por completo.
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Nuevos operadores internacionales están entrando en Venezuela, mientras las empresas existentes intentan aumentar la producción de campos maduros. NABEP es uno de esos actores y su presencia en la Costa Oriental del Lago conecta directamente la historia de Costa Bolívar con la nueva etapa de inversión extranjera.
Menegaldo sostiene que la recuperación de la producción requerirá mucho más que capital. También hará falta reconstruir infraestructura, modernizar equipos y recuperar conocimiento técnico.
El Lago de Maracaibo conserva parte de esa capacidad, pero también acumula décadas de deterioro.
Para los antiguos empresarios, la oportunidad está precisamente allí: en volver a poner en funcionamiento activos abandonados, recuperar infraestructura existente y combinarla con nuevas inversiones.
No esperan necesariamente regresar al mismo negocio que tenían en 2009. Quieren volver a formar parte de la cadena petrolera.
Y Scionti quiere hacerlo mientras todavía pueda verlo.
A sus 98 años, sigue hablando del muelle como algo propio, no como una indemnización pendiente. La empresa que construyó ya no existe como entonces. Muchas de sus embarcaciones desaparecieron, varias divisiones fueron destruidas y buena parte de quienes trabajaban allí se fueron del país.
Pero para él la historia no terminó. Después de más de medio siglo construyendo alrededor del Lago de Maracaibo, su expectativa es volver a escuchar los motores de los remolcadores, las máquinas de soldar y el movimiento de las embarcaciones.
