La consultora estima que los acuerdos con North American Blue Energy Partners, Chevron y Eni podrían llevar la producción venezolana cerca de los 3 millones de barriles diarios en la próxima década.
El desafío tomó una nueva dimensión el 28 de agosto, cuando los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para desarrollar 17 campos petroleros.
Trump calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que fue negociada bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio.
El laudo de más de US$1.500 millones a favor de Liberty Mutual vuelve a ampliar el mapa de pasivos que el país deberá considerar en el proceso de renegociación.
La compañía Pacific Coast Energy negocia una participación mayoritaria en bloques petroleros del este de Venezuela, mientras el gobierno acelera la firma de contratos con empresas extranjeras.
El acuerdo que Lionheart Capital está a punto de cerrar se da en medio de un esfuerzo por reactivar la industria petrolera del país mediante la atracción de inversión tras años de control estatal.
Las estimaciones iniciales sitúan los daños directos causados por los terremotos en unos US$6.700 millones, lo que supone una carga adicional para una economía ya debilitada por años de crisis.
PDVSA busca agilizar la firma de contratos con potenciales socios extranjeros mientras enfrenta presión para aumentar la producción y captar nuevas inversiones.
Las grandes petroleras vuelven a mover fichas en Venezuela tras la flexibilización parcial de sanciones de EE.UU., aunque condicionan nuevas inversiones a estabilidad política, reglas claras y reconstrucción de infraestructura.
La adaptación de la norma establece detalles sobre disposiciones técnicas, operativas, fiscales y de control para las compañías que trabajan en los yacimientos de petróleo y gas del país.
Las petroleras que ya tienen acuerdos preliminares de producción con PDVSA esperaban desde hace semanas este marco como punto de partida para las negociaciones.
La recuperación petrolera será decisiva para cualquier renegociación de deuda venezolana, marcada por riesgos legales, deuda cercana a US$200.000 millones y expectativas de normalización financiera.
Transparencia Venezuela expone la manera en que ha aumentado el número de buques sancionados y furtivos en las costas del país desde la caída de Nicolás Maduro.
El banco considera que el repunte reciente de la deuda venezolana todavía no refleja completamente el impacto que podrían tener una mayor producción petrolera, el regreso del FMI y la flexibilización gradual de EE.UU.
La flexibilización de sanciones a Venezuela puede generar un impulso importante en el corto plazo, particularmente a través del sector petrolero. No obstante, la recuperación sostenida del país dependería de factores mucho más profundos.
Los llamados “bonos del hambre”, emitidos por Petróleos de Venezuela SA, han subido 70% desde que EE.UU. capturó al presidente Nicolás Maduro en enero.