Bloomberg Línea — La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos de rechazar una solicitud del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial abre la posibilidad de que cientos de miles de venezolanos recuperen las protecciones migratorias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a partir del próximo 6 de noviembre.
El escenario, sin embargo, todavía no está definido. La Administración Trump puede acudir nuevamente a la Corte Suprema para intentar frenar la restitución del beneficio, por lo que la fecha dependerá de que el máximo tribunal no adopte una nueva medida antes de que expire la suspensión vigente.
El pronunciamiento del 30 de octubre se produjo en el litigio National TPS Alliance contra Mullin, impulsado por organizaciones de inmigrantes y beneficiarios venezolanos que cuestionaron la decisión del Gobierno de eliminar las protecciones migratorias concedidas durante la Administración de Joe Biden.
El Noveno Circuito rechazó tanto la petición de la Administración para mantener suspendida la orden judicial como una solicitud alternativa de aplazar sus efectos durante al menos 21 días. El tribunal también dispuso que el caso continúe con un calendario acelerado para examinar el fondo de la controversia.
La Corte Suprema había suspendido temporalmente la orden de un tribunal federal de California en octubre de 2025. Posteriormente, el 5 de octubre de 2026, anuló un pronunciamiento anterior del Noveno Circuito y devolvió el expediente para que fuera revisado a la luz de otro fallo sobre los límites de la intervención judicial en decisiones migratorias.
Con la resolución más reciente, la suspensión de la orden de primera instancia tiene previsto expirar el 6 de noviembre. Si la Corte Suprema no interviene nuevamente, las protecciones podrían entrar otra vez en vigor mientras continúa el litigio.
La decisión podría beneficiar a más de 600.000 venezolanos que estuvieron amparados por el programa, aunque el alcance concreto de una eventual restitución deberá determinarse conforme a los términos de las órdenes judiciales y las condiciones de elegibilidad.
Una comunidad de más de un millón de venezolanos
La disputa judicial tiene implicaciones para una de las comunidades migrantes latinoamericanas que más ha crecido en Estados Unidos durante los últimos años.
Un análisis de Pew Research Center, elaborado con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024, estimó que 1,2 millones de personas de origen venezolano residían en el país. La cifra incluye tanto a inmigrantes nacidos en Venezuela como a estadounidenses que tienen ascendencia venezolana.
La población se incrementó 119% entre 2019 y 2024, con un aumento de 639.000 personas. Ocho de cada diez venezolanos residentes en Estados Unidos habían nacido en el extranjero.
Florida concentra la mayor comunidad, con aproximadamente 474.000 personas de origen venezolano, seguida de Texas, con cerca de 200.000. Nueva York contabilizaba alrededor de 40.000, mientras que el área metropolitana de Orlando reunía a unos 127.000 venezolanos.
La importancia del TPS para esta población también se refleja en las cifras del Migration Policy Institute, que estimó que alrededor de 607.000 venezolanos estaban cubiertos por el programa en enero de 2025.
La protección les permitía permanecer temporalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación por razones migratorias y acceder a permisos de trabajo. Su eliminación dejó a numerosos beneficiarios expuestos a perder su autorización laboral y a enfrentar procedimientos de expulsión, dependiendo de su situación migratoria y de si cuentan con otras vías de protección.
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El temor a las detenciones cambia la vida cotidiana
La incertidumbre legal se desarrolla en paralelo a una intensificación de las operaciones migratorias y a un clima de temor entre parte de la comunidad venezolana, que ha tenido que modificar sus rutinas ante la posibilidad de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En testimonios recogidos recientemente en Nueva York y Florida, venezolanos describieron cómo la ofensiva migratoria ha comenzado a condicionar sus desplazamientos, sus decisiones familiares y su vida laboral.
Una mujer entrevistada en Nueva York, que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de estudiante y posteriormente solicitó asilo, contó que dejó de utilizar el transporte público y comenzó a desplazarse en taxis por temor a encontrarse con agentes migratorios. También redujo sus salidas con su hijo y modificó la organización familiar para limitar los riesgos.
Aunque cuenta con número de Seguro Social y había trabajado con autorización, la incertidumbre sobre su situación migratoria la llevó incluso a preparar una mochila con documentos personales y de su hijo, además de establecer medidas para que una amiga ciudadana estadounidense pudiera hacerse cargo del menor si ella era detenida.
Su relato también refleja el impacto de los operativos sobre las familias. Según contó, su suegro fue detenido después de acudir a una audiencia migratoria pese a tener documentación vigente. La familia tuvo que asumir gastos legales y enviarle dinero para cubrir sus necesidades básicas.
Estos testimonios muestran que las consecuencias de la política migratoria no se limitan a quienes reciben una orden de deportación. También alcanzan a personas que trabajan, tienen hijos y han construido una vida en Estados Unidos, pero que viven pendientes de posibles controles y detenciones.
La presión se produce en un contexto de mayor actividad de las autoridades migratorias. Datos de la agencia citados por Associated Press indicaron que ICE realizó cerca de 50.000 arrestos en julio de 2026, el mayor registro mensual de la segunda Administración Trump hasta ese momento.
Para los venezolanos que perdieron el TPS, la eventual restitución de la protección supondría un cambio importante en su exposición a los procedimientos migratorios, aunque no resolvería automáticamente todos los problemas de estatus ni garantizaría la regularización permanente.
El acercamiento diplomático no despeja la incertidumbre migratoria
La controversia sobre el TPS coincide con una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas, marcada por la reanudación de los vínculos diplomáticos después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
La gestión de las deportaciones también se ha convertido en una vía de interlocución entre ambos gobiernos. Los vuelos de repatriación han requerido acuerdos y coordinación entre Washington y Caracas, incluso durante períodos de fuertes tensiones políticas.
En marzo de 2025, ambos gobiernos acordaron reanudar los vuelos con venezolanos deportados desde Estados Unidos, después de una interrupción temporal. Las operaciones se mantuvieron como un mecanismo de cooperación migratoria, aunque estuvieron sujetas a nuevas suspensiones y desacuerdos.
El 16 de enero de 2026, por ejemplo, un vuelo con 231 venezolanos deportados desde Phoenix llegó a Caracas, en la reanudación de las operaciones directas después de una nueva interrupción en diciembre de 2025. La continuidad de estos traslados mostró que la gestión migratoria podía mantenerse como un canal de negociación aun en medio de una relación política marcada por fuertes confrontaciones.
La cooperación en materia de repatriaciones no supone, sin embargo, un acuerdo sobre las condiciones migratorias de los venezolanos que permanecen en Estados Unidos ni implica que Caracas pueda intervenir en las decisiones internas de Washington sobre el TPS.
Este lunes 2 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en Washington con el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, en el primer encuentro entre los responsables de la diplomacia de ambos países desde el restablecimiento de las relaciones.
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La cita ocurre después del nombramiento de Blanco por parte de Delcy Rodríguez y de los contactos que el funcionario mantuvo la semana pasada con John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas. En ese encuentro, el nuevo jefe de la diplomacia venezolana reafirmó el compromiso de su país con el diálogo y la cooperación bilateral.
La reunión también se produce después del regreso de María Corina Machado a Venezuela, el pasado 25 de octubre, y en medio de una hoja de ruta política impulsada por Washington para avanzar en cambios institucionales en el país.
