Bloomberg Línea — La mochila está preparada por si un día ella no puede volver a casa. No guarda ropa para un viaje. Contiene los documentos de su hijo y los papeles que considera indispensables. Una amiga, ciudadana estadounidense, tiene además un poder que le permitiría hacerse cargo del niño y viajar con él si ella fuera detenida.
La mujer, venezolana y residente en Nueva York, pidió no ser identificada por temor a las consecuencias de hablar públicamente sobre su situación migratoria. Llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de estudiante. Después de la pandemia, solicitó asilo por circunstancias que, según relata, vivió durante uno de sus viajes a Venezuela. Desde entonces, ha trabajado con autorización, obtenido un número de Seguro Social y pagado impuestos.
Pero su rutina ha cambiado.
Ver más: “No queremos abrir la puerta”: familia venezolana en EE.UU. vive encerrada por temor a ICE
Antes utilizaba el autobús y el tren para desplazarse por la ciudad. Ahora toma más taxis. Sale menos con su hijo al parque, reduce las visitas al centro comercial y procura que su familia no salga junta a hacer mercado. Muchas veces va solo su esposo.
“Uno tiene que estar pendiente de no ver un carro extraño, de mirar bien a la gente”, cuenta en conversación con Bloomberg Línea.
El miedo ha modificado sus recorridos, sus horarios y hasta la manera de organizar las compras de la semana. También ha encarecido sus desplazamientos. Aunque no ha calculado cuánto dinero adicional gasta en transporte, el cambio forma parte de una factura que se extiende a otras áreas de su vida: menos actividades familiares, ansiedad y la posibilidad de tener que reorganizar el cuidado de su hijo si alguno de sus padres es detenido.
La mochila es la expresión más concreta de esa incertidumbre. La mujer ha preparado los documentos y autorizado a una persona de confianza para hacerse cargo del niño si ella no puede hacerlo.
“Mi principal miedo es que me lleven y que mi hijo esté presente”.
No es un temor que haya surgido únicamente de las noticias sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su familia ya hubo una detención.
Una detención que cambia las cuentas de la casa
El suegro de la entrevistada fue detenido después de presentarse a una cita ante un juez de inmigración, según su relato. La familia asegura que tenía permiso de trabajo y otros documentos vigentes y que esperaba salir de la audiencia sin problemas.
La mujer sostiene que el juez había emitido una orden que impedía su detención. Ese punto requiere corroboración documental para determinar qué resolución recibió y cuáles eran sus efectos jurídicos. Lo que la familia sí describe es el impacto posterior.
Mientras el hombre permanecía detenido, sus familiares tuvieron que pagar abogados, enviarle dinero para cubrir necesidades básicas y asumir las deudas que había dejado en casa. La detención también significó perder una fuente de ingresos en un hogar que ya tenía sus propios gastos y obligaciones.
“Nos hemos endeudado demasiado”, asegura.
El dinero destinado a resolver la situación del suegro se sumó a los desembolsos que la pareja había realizado durante años para gestionar sus propios trámites migratorios. La familia tuvo que hacer frente a los gastos legales del detenido mientras sostenía su vida cotidiana y cuidaba a un niño pequeño.
La consecuencia no fue solamente jurídica. La suegra quedó separada de su esposo y, según la entrevistada, cada vez se encuentra más decaída. Quiere regresar a Venezuela, pero también tiene hijos en Estados Unidos. La decisión de irse o quedarse implica escoger entre dos partes de una familia que ya no puede vivir bajo el mismo techo.
La historia de esta mujer coincide con otras denuncias surgidas en el sur de Florida, donde familias venezolanas han reportado detenciones de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes.
En agosto, medios internacionales documentaron casos de venezolanos detenidos pese a no tener antecedentes penales y mientras esperaban una resolución migratoria. El medio también recogió las exigencias de organizaciones de la diáspora para que las autoridades revisen individualmente estos expedientes.
Ver más: Agente del ICE es acusado de cuatro cargos por disparar a venezolano en Minnesota
La situación de cada migrante depende de su expediente, sus antecedentes, las órdenes existentes y las protecciones a las que pueda acogerse. Tener autorización para trabajar no equivale necesariamente a contar con un estatus migratorio permanente ni garantiza que una persona no pueda ser detenida.
Esa distinción jurídica, sin embargo, tiene una traducción doméstica: una familia puede haber dedicado años y miles de dólares a cumplir con sus trámites y seguir sin saber qué ocurrirá con su futuro.
La factura de intentar quedarse
Un venezolano residente en Miami calcula que ha gastado alrededor de US$5.000 durante los últimos años en honorarios y gestiones relacionadas con su solicitud de asilo y su permiso de trabajo.
El monto es una estimación personal. Incluye, según explica, el pago inicial por el asilo, honorarios para tramitar el permiso laboral y otras gestiones que ha preferido delegar en profesionales para reducir el riesgo de cometer errores.
Recuerda haber pagado entre US$800 y US$1.500 por el trámite inicial de asilo, dependiendo de los conceptos que incluye en su cálculo, además de unos US$450 por la gestión de un permiso de trabajo y aproximadamente US$400 en una tasa oficial que recuerda haber abonado. Ahora prevé gastar otros US$800 para renovar el permiso, aunque todavía debe precisar qué parte corresponde a honorarios y cuál a tasas.
No todos esos importes son acumulables como conceptos independientes: algunos forman parte de su estimación global y otros corresponden a pagos realizados en momentos diferentes.
“Para estar seguro y eliminar y disminuir errores, lo dejo en manos de ellos”, explica sobre su decisión de recurrir a profesionales incluso para gestiones que podría hacer por su cuenta, como notificar un cambio de dirección.
Su experiencia ilustra un gasto que puede extenderse durante años. Presentar una solicitud no significa que el proceso termine de inmediato; mientras espera una resolución, el migrante puede necesitar asesoría adicional y realizar trámites posteriores, según su situación.
La representación jurídica puede resultar mucho más costosa cuando el procedimiento pasa de la solicitud de asilo a una defensa frente a una deportación o a una detención.
En Nueva York, la abogada de inmigración Elena Dvoinik publica tarifas desde US$500 por una evaluación inicial de un caso de detención, desde US$2.500 por una audiencia de fianza y desde US$5.000 por una petición federal de habeas corpus. Son precios anunciados por una profesional, no un promedio del mercado, y el costo final depende de la complejidad del caso.
La fianza, si corresponde y el juez la concede, constituye otro gasto: es un pago al Gobierno para obtener la liberación de la persona mientras continúa su proceso, y no debe confundirse con los honorarios del abogado.
Según los datos de Asylum Beacon para el Tribunal de Inmigración de Nueva York, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la mediana de las fianzas fijadas fue de US$8.000. Sin embargo, se estableció un importe en solo 114 de 727 decisiones analizadas, por lo que esa cifra no representa lo que paga cada detenido ni significa que todos puedan acceder a una audiencia de fianza.
Además, existen servicios gratuitos para determinados migrantes detenidos que cumplen los criterios de elegibilidad. El proyecto New York Immigrant Family Unity Project, por ejemplo, proporciona representación legal a personas elegibles en procedimientos migratorios de determinados tribunales de Nueva York y Nueva Jersey.
Para las familias que no acceden a esos servicios, una detención puede abrir una segunda cuenta: la de la defensa legal, la manutención del detenido y los ingresos que deja de aportar al hogar.
El miedo también cambia la forma de moverse
En Florida, otra familia venezolana ha llegado a una conclusión parecida a la de la mujer de Nueva York: es preferible modificar la rutina antes que exponerse a un encuentro con agentes migratorios.
El padre dejó de llevar a su hijo a la escuela porque, según relata su pareja, el trayecto en automóvil pasa por un lugar donde han visto vehículos de agentes. La familia teme que una intervención relacionada con el vehículo pueda terminar en una detención.
La solución que encontraron fue comprar un monopatín para hacer el recorrido de otra manera. Todavía no han podido utilizarlo porque necesitan un casco adecuado. Mientras tanto, es la madre quien lleva al niño a la escuela.
Las salidas familiares también se han reducido. Ya no hacen el mercado juntos en el automóvil: piden la compra a domicilio a través de Walmart o Sam’s Club. Han dejado de ir a restaurantes los fines de semana y tampoco acuden a la iglesia con la frecuencia de antes.
La mujer cuenta que una vez regresó a casa sin llevar al niño al colegio después de ver camionetas en un semáforo y escuchar sirenas. El temor a encontrarse con agentes migratorios terminó alterando una actividad tan rutinaria como llevar a un hijo a clases.
La familia interpreta que el riesgo se concentra en los vehículos y las placas. Ese temor debe distinguirse de las facultades legales de los agentes y de las circunstancias específicas en que pueden efectuar una detención. Pero, incluso sin que ocurra un arresto, la percepción de riesgo ya está cambiando la vida cotidiana.
En Doral, una de las principales concentraciones de población venezolana en Estados Unidos, el impacto se extiende al comercio. En septiembre, propietarios de negocios dijeron a CBS Miami que la presencia de agentes migratorios estaba ahuyentando a clientes y trabajadores. Algunos reportaron caídas de ventas de hasta 70%, mientras la alcaldesa Christi Fraga reconocía las dificultades de la ciudad para intervenir en operaciones federales.
La caída reportada por algunos establecimientos no equivale a una medición de toda la economía local. Sí muestra cómo el temor puede afectar a negocios que dependen de la movilidad y del consumo de una comunidad inmigrante.
En los Cayos de Florida, donde la familia entrevistada también percibe menos actividad en algunos locales, la preocupación tiene una dimensión adicional: la dependencia del turismo y de los trabajadores que sostienen restaurantes y otros servicios. Sus observaciones sobre cierres y pérdida de clientes son testimoniales y no permiten establecer por sí solas la magnitud del impacto en toda la región.
Pero la lógica se repite. Si una familia deja de salir a comer, otra compra en línea y un trabajador evita conducir, el efecto puede pasar de las decisiones individuales a la actividad comercial.
Una comunidad de 1,2 millones de personas
Las historias de Nueva York y Florida transcurren en dos de los principales centros de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Según una estimación del Pew Research Center basada en datos de 2024, alrededor de 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en el país. La cifra se había más que duplicado en cinco años.
Florida concentraba unas 474.000 personas de origen venezolano, más de 40% del total nacional. Aproximadamente 254.000 vivían en el área metropolitana de Miami. En el área metropolitana de Nueva York —que incluye zonas de Nueva Jersey y Connecticut— residían unas 62.000, mientras que el estado de Nueva York reunía alrededor de 40.000.
Las cifras incluyen a personas de origen venezolano que se identifican como hispanas, no exclusivamente a quienes nacieron en Venezuela. Aun con esa distinción, dimensionan el alcance de una comunidad cuyas decisiones cotidianas pueden repercutir en el transporte, el comercio, la educación y el mercado laboral de las ciudades donde se ha establecido.
Para muchos, la incertidumbre migratoria llega después de años de trabajo, gastos legales y decisiones familiares. No amenaza únicamente el lugar donde vivirán mañana, sino todo lo que han invertido para permanecer.
Una ruta que comenzó mucho antes
Las dos familias representan una parte de una diáspora que ha recorrido trayectorias muy diferentes para llegar a Estados Unidos.
La mujer de Nueva York lleva allí desde 2017. No llegó durante el pico de cruces por la frontera terrestre, pero su historia transcurre en un país que recibió a cientos de miles de venezolanos durante los años posteriores.
Ver más: Maduro autoriza reanudar los vuelos de repatriación entre Estados Unidos y Venezuela
En 2023, unas 520.085 personas atravesaron el Tapón del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá. En 2024, el flujo descendió a 302.203 personas, de las cuales cerca de 69% eran venezolanas, según cifras de las autoridades panameñas. En 2025, los cruces cayeron a 3.091, una reducción de aproximadamente 99% frente al año anterior, de acuerdo con el balance oficial.
La caída del tránsito por esa ruta no significa que haya desaparecido la migración venezolana ni que todos los que llegaron a Estados Unidos lo hicieran por el Darién. Pero dimensiona la escala de un desplazamiento que llevó a cientos de miles de personas a buscar oportunidades y protección al norte del continente.
Para quienes ya se habían establecido, el desafío es distinto. Hay empleos, alquileres, hijos escolarizados, deudas y años de vida construida.
Entre el acercamiento diplomático y las deportaciones
La situación ocurre en un momento de cambios en la relación entre Washington y Caracas. El 5 de marzo de 2026, Estados Unidos y las autoridades interinas venezolanas a cargo de Delcy Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, después de años de ruptura. La reanudación abrió una nueva etapa de contacto entre ambos gobiernos, pero no eliminó las tensiones alrededor de la política migratoria estadounidense.
Los vuelos de retorno han continuado. El 7 de octubre llegaron a Venezuela 387 migrantes en dos vuelos procedentes de Estados Unidos, como parte del acuerdo de repatriación entre ambos países, según informó la Gran Misión Vuelta a la Patria.
Las deportaciones y las detenciones no son el mismo procedimiento: una persona detenida puede continuar su caso bajo custodia, ser liberada si cumple las condiciones aplicables o terminar deportada, según las circunstancias y las decisiones de las autoridades. Pero la continuidad de los vuelos de retorno forma parte del contexto que las familias siguen de cerca.
El caso del exalcalde de Mérida, Carlos García, muestra que la detención migratoria también ha alcanzado a venezolanos que alegan haber sido perseguidos por motivos políticos en su país. García, quien gobernó el municipio Libertador de Mérida, fue detenido por el ICE en Ohio el 23 de enero de 2026, durante una cita rutinaria de control migratorio, según informó.
El dirigente había salido de Venezuela en 2017, después de ser destituido y condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia, en el contexto de las protestas antigubernamentales. Su entorno sostuvo que tenía una solicitud de asilo activa y un permiso de trabajo vigente cuando fue detenido. Tras pasar más de ocho meses bajo custodia migratoria, fue deportado a Venezuela el 30 de septiembre.
Su caso no permite generalizar sobre todos los expedientes migratorios, pero sí muestra que contar con un proceso de asilo pendiente y autorización laboral no garantiza que una persona quede fuera del alcance de los procedimientos de detención y deportación. Para quienes alegan haber huido de persecución política, el retorno puede añadir otra preocupación: qué les espera al llegar a Venezuela.
La incertidumbre sobre el destino de los deportados quedó expuesta de forma dramática el 24 de junio, cuando el vuelo 164 trasladó a Venezuela a un grupo de migrantes procedentes de Estados Unidos.
Las informaciones publicadas sobre el vuelo hablan de 146 o 147 pasajeros. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fueron llevados al hotel Santuario La Llanada, también conocido como Hotel Sanitario Negra Hipólita, para someterse a procedimientos de recepción y verificación bajo custodia de las autoridades venezolanas.
El edificio colapsó durante los terremotos que sacudieron La Guaira ese mismo día. Hubo deportados fallecidos y supervivientes, pero la falta de un registro oficial completo ha impedido establecer con certeza cuántos pasajeros murieron.
En agosto, familiares acudieron a la sede de la Gran Misión Vuelta a la Patria para exigir información sobre sus allegados y explicaciones sobre las circunstancias en las que permanecían en el hotel cuando ocurrió el desastre. Los familiares reclamaban un registro oficial del vuelo y respuestas sobre la custodia de los pasajeros.
Medios locales documentaron testimonios de supervivientes y de familiares que pasaron días buscando a sus allegados entre hospitales, morgues y listados incompletos.
El episodio añadió otra dimensión al temor de las familias migrantes: el retorno no siempre implica una entrega inmediata a sus allegados. En este caso, los pasajeros permanecieron bajo custodia en Venezuela y sus familiares denunciaron dificultades para localizarlos y conocer su destino. Las circunstancias del derrumbe y la ausencia de un balance oficial individualizado dejaron preguntas abiertas sobre las responsabilidades y el destino de todos los pasajeros.
Una vida alrededor de la incertidumbre
Para la mujer de Nueva York, la incertidumbre ya no es una abstracción diplomática. Su madre la llama todos los días. A veces, hasta tres veces.
Quiere saber dónde está, qué está haciendo y cuándo regresará a casa. Le pide que vuelva a Venezuela.
Ver más: Revocación de parole humanitario: qué pasará con los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua
La mujer dice que su familia está incluso más preocupada que ella. No puede asegurar que regresar sea una opción viable: su esposo, su hijo, su trabajo y sus obligaciones económicas están en Estados Unidos.
“Yo llegué acá en 2017 y las cosas se pintaban diferentes”, recuerda. “Si tú hacías las cosas bien, te iba bien”.
