Bloomberg Línea — El nuevo intento de negociación política entre el oficialismo y un sector de la oposición venezolana comenzó con un contraste entre las expectativas y la realidad.
Aunque el 1 de agosto estaba previsto el inicio formal de una nueva mesa de diálogo y se esperaba una fotografía de ambas delegaciones frente a frente, el primer contacto se limitó a una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, por el oficialismo, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Ambas partes acordaron celebrar una reunión presencial durante esta semana en Caracas para dar inicio formal a las conversaciones.
El nuevo proceso marca el regreso de un mecanismo formal de diálogo entre el oficialismo y la oposición tras varios años de negociaciones interrumpidas. Su evolución es seguida de cerca dentro y fuera de Venezuela por las implicaciones que podría tener para la situación política del país y por el papel que desempeña Estados Unidos en esta nueva ronda de contactos.
La administración del presidente Donald Trump considera estas conversaciones como el principal mecanismo para negociar una transición política en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.
La agenda acordada para la instalación de la mesa contempla tres ejes principales. La atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y las labores de reconstrucción; el fortalecimiento de la democracia, con énfasis en las instituciones y el sistema electoral; y los derechos y garantías políticas, un punto que incluye condiciones para el ejercicio de la actividad política y otros aspectos vinculados al proceso de transición.
El proceso representa otro capítulo en la larga historia de negociaciones entre el chavismo y la oposición. Desde el paro petrolero y la crisis política de 2002-2003, Venezuela ha transitado por distintos intentos de diálogo impulsados por actores nacionales e internacionales.
En 2003 se instaló una mesa de negociación facilitada por la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que desembocó en el referendo revocatorio de 2004.
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Una década después, en 2014, el gobierno de Maduro y la entonces Mesa de la Unidad Democrática sostuvieron conversaciones tras la ola de protestas de ese año.
En 2016, hubo un nuevo intento con la mediación del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, mientras que entre 2017 y 2018 República Dominicana acogió varias rondas de negociación que finalmente fracasaron sin acuerdos.
En 2019, Noruega promovió un nuevo proceso que posteriormente se trasladó a Barbados, pero las conversaciones quedaron suspendidas tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Más adelante, entre 2021 y 2023, México se convirtió en la sede del proceso de negociación más estructurado entre ambas partes.
Aunque allí se firmaron acuerdos parciales, como la creación de un fondo social administrado por Naciones Unidas, las conversaciones quedaron interrumpidas en varias oportunidades y nunca lograron traducirse en una solución política integral.
Ahora, el escenario cambia nuevamente. A diferencia de experiencias anteriores, Estados Unidos asume un papel central como supervisor político del proceso, luego de haber impulsado contactos directos entre las partes.
Los integrantes de la nueva mesa
La delegación del gobierno estará encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ya lideró las negociaciones de México y Barbados.
Lo acompañan el exvicepresidente y excanciller Jorge Arreaza; la diputada América Pérez; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; la internacionalista Ana María San Juan; y la diputada Génesis Garvett.
Por parte de la oposición, la representación estará encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. También integran la delegación Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.
Aunque varios de los integrantes militan en partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática, participan en esta negociación en su condición de miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 y no como representantes formales de esa coalición.
La delegación quedó conformada alrededor de ese Parlamento, que continúa siendo reconocido por distintos gobiernos como un actor político de referencia dentro de la oposición venezolana.
Los actores fuera de la mesa
La ausencia de María Corina Machado es uno de los aspectos más relevantes de este nuevo proceso. El domingo, la líder opositora informó que no participó en la organización de las conversaciones y aseguró que no “se interpondrá en el camino de ninguna iniciativa que genere avances reales”, aunque evitó expresar un respaldo explícito al mecanismo.
En una declaración suscrita junto con Edmundo González Urrutia, ambos señalaron que evaluarán las conversaciones por sus resultados y no por su instalación. Entre las condiciones que consideran indispensables mencionaron el restablecimiento de las instituciones democráticas, la liberación de los presos políticos y un calendario para nuevas elecciones presidenciales.
La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las negociaciones como “un avance realmente positivo” e insistió en que Washington estaba facilitando el proceso, no dictándolo.
También afirmó que Machado podría “desempeñar un papel” durante esta nueva etapa, una valoración compartida por Dinorah Figuera, quien describió la participación de la dirigente como “muy importante”, pese a que no integra la delegación negociadora.
Un proceso marcado por el escepticismo
El inicio discreto del diálogo refleja la cautela con la que ambas partes afrontan una negociación que carga con el peso de varios intentos fallidos. En procesos anteriores, los acuerdos alcanzados terminaron congelados por incumplimientos mutuos, cambios en el contexto político o diferencias sobre las condiciones electorales y el levantamiento de sanciones.
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Por ello, más que el simbolismo de una fotografía inaugural, el verdadero desafío será la instalación efectiva de la mesa durante esta semana y el inicio de las discusiones sobre los tres ejes acordados, bajo una metodología con mecanismos de seguimiento y verificación.
Solo entonces podrá evaluarse si este nuevo intento consigue romper el patrón de negociaciones inconclusas que ha marcado la política venezolana durante más de dos décadas.
