Bloomberg Línea — Marco Rubio defendió la participación del empresario venezolano Alejandro Betancourt en el acuerdo petrolero impulsado por Estados Unidos y vinculó la operación con un proceso más amplio que, según dijo, deberá conducir a la recuperación económica y a la celebración de elecciones democráticas en Venezuela.
El secretario de Estado confirmó que participó directamente en la negociación del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump y aseguró que la participación de North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía controlada por Betancourt, responde a su experiencia y capacidad productiva dentro de la industria petrolera venezolana.
En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio también abordó directamente las controversias que han rodeado al empresario y aseguró que Washington revisó sus antecedentes antes de avanzar con la operación.
“Nosotros investigamos bien”, dijo Rubio al ser preguntado por las investigaciones de corrupción que han involucrado a Betancourt en el pasado.
El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos consultó con las autoridades correspondientes y que no encontró investigaciones abiertas contra el empresario dentro del sistema estadounidense.
Rubio introdujo además un elemento político en su defensa de Betancourt. Dijo que el empresario había apoyado a sectores de la oposición venezolana durante el período en que Juan Guaidó fue reconocido por Washington y que esa participación le generó problemas con Nicolás Maduro.
Según Rubio, Betancourt “quedó en un lugar muy malo” con Maduro después de que se conociera su respaldo a elementos de la oposición en 2019, incluso antes de que él asumiera su actual cargo como secretario de Estado.
“Se supo que él estaba apoyando a elementos de la oposición en aquel 2019, que incluso le creó problemas con Maduro”.
La administración Trump ha defendido públicamente la selección de NABEP pese a las dudas planteadas por otras compañías petroleras y por los antecedentes del empresario. El acuerdo prevé que la empresa opere 17 campos petroleros con alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas y que Estados Unidos obtenga una participación del 35% en la compañía matriz, además de una porción de la producción.
La estructura del acuerdo ha generado interrogantes entre grandes productores sobre su impacto en la competencia y en la capacidad de Venezuela para atraer nuevas inversiones.
Rubio dijo que la selección de la compañía responde, en parte, a que es una de las mayores empresas privadas con actividad petrolera en Venezuela y a su capacidad para producir crudo.
Según su explicación, varios de los campos incluidos en el acuerdo habían estado bajo influencia de intereses chinos o rusos y algunos registraban una producción limitada.
La expectativa de Washington, afirmó, es que NABEP pueda atraer el capital privado necesario para aumentar la capacidad productiva de esos activos y que la operación sirva como modelo para nuevas inversiones en el país.
El secretario de Estado también defendió el acuerdo como parte de la recuperación económica de Venezuela y dijo que el país necesita reemplazar un sistema en el que, según su descripción, la riqueza petrolera fue desviada por corrupción o utilizada para favorecer intereses políticos y geopolíticos.
Los ingresos generados por las nuevas inversiones, aseguró, deberían terminar en un gobierno legítimo y ser utilizados para financiar las funciones del Estado.
A corto plazo, Rubio afirmó que Estados Unidos tiene mecanismos para supervisar el dinero generado durante el proceso y señaló que KPMG realizará auditorías sobre esos recursos.
A largo plazo, dijo, la meta es que Venezuela cuente con un gobierno democráticamente electo y con instituciones capaces de administrar los ingresos bajo las leyes del país.
Elecciones
Rubio descartó establecer una fecha límite para la celebración de elecciones, aunque afirmó que su posición personal es que deberían realizarse “lo más pronto posible”.
Sin embargo, sostuvo que antes deben crearse las condiciones necesarias para que el proceso sea válido y reconocido. Entre ellas mencionó la reorganización de los partidos opositores, la existencia de una prensa libre, un Consejo Nacional Electoral aceptado por todos los sectores y garantías sobre el sistema de votación.
También consideró necesaria la presencia de mecanismos nacionales e internacionales de supervisión electoral.
“Si mañana hay elecciones en Venezuela, van a utilizar la maquinaria existente”, dijo Rubio, al argumentar que todavía hay estructuras que deben ser transformadas antes de una convocatoria electoral.
El secretario de Estado señaló que el próximo mes volverán a reunirse dirigentes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que Estados Unidos reconoció anteriormente como la autoridad legítima de Venezuela.
Rubio dijo que las negociaciones corresponden a los venezolanos, aunque aseguró que Washington continuará facilitando el proceso.
Machado puede regresar
Sobre la líder opositora María Corina Machado, Rubio afirmó que la dirigente opositora tiene derecho a regresar a Venezuela cuando lo decida. “Es una ciudadana venezolana que tiene todo el derecho a entrar a su país cuando ella quiera regresar”.
El secretario de Estado añadió que Estados Unidos desea que existan garantías para su seguridad, pero dejó claro que la decisión sobre cuándo regresar corresponde a la propia Machado.
Rubio extendió ese planteamiento a otros dirigentes políticos venezolanos que permanecen fuera del país y sostuvo que quienes deseen regresar deberían poder participar en la vida política sin enfrentar riesgos.
También destacó el papel que, a su juicio, deberán tener los millones de venezolanos que emigraron y que podrían participar desde el exterior en un futuro proceso político, incluido mediante el voto.
Sin nueva respuesta para los migrantes
Rubio tampoco anunció nuevas medidas de protección para los venezolanos que viven en Estados Unidos y enfrentan incertidumbre por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.
El secretario de Estado defendió esas medidas como parte de una respuesta general a la inmigración masiva que, según dijo, recibió el país durante la administración de Joe Biden.
Afirmó que la política no está dirigida específicamente contra los venezolanos y que cada caso migratorio depende de la forma en que la persona ingresó a Estados Unidos y del estatus que mantiene actualmente.
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Aunque no descartó por completo la posibilidad de futuros mecanismos especiales, dijo que no se discute actualmente ninguna medida de ese tipo y advirtió que anunciar anticipadamente nuevos programas puede incentivar a más personas a intentar ingresar al país.
Para Rubio, la solución de fondo al desplazamiento de millones de venezolanos no pasa únicamente por cambios en la política migratoria estadounidense.
“La solución es una Venezuela donde el venezolano que desee regresar pueda regresar y vivir sin tener preocupación política o preocupación económica”.