Bloomberg Línea — Poner capital en Venezuela sigue siendo una apuesta de largo plazo que pocos inversionistas están dispuestos a asumir sin garantías adicionales. El país ofrece oportunidades en sectores como petróleo, gas, minería y otras actividades productivas, pero las empresas que evalúan comprometer recursos durante cinco, diez años o más todavía miran con atención la estabilidad de las reglas, la protección de sus activos y la capacidad de hacer cumplir los contratos.
La pregunta cobra relevancia en un momento en que Venezuela intenta ampliar la participación privada en su economía y atraer nuevos capitales.
Las oportunidades existen y los empresarios venezolanos continúan invirtiendo, mientras algunos sectores estratégicos pueden atraer a compañías con una mayor tolerancia al riesgo. El desafío es que ese interés se traduzca en proyectos capaces de mantenerse, reinvertir y crecer durante años.
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La seguridad jurídica como filtro inicial
Para las empresas estadounidenses y multinacionales, el primer paso no siempre es calcular cuánto puede rendir un proyecto. Antes, deben determinar si existen condiciones razonables para proteger el capital y hacer valer sus derechos.
Desde la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), que reúne a empresas vinculadas a la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos, consideran que las condiciones jurídicas e institucionales funcionan para muchas multinacionales como un filtro inicial en la toma de decisiones.
Antes de analizar la rentabilidad potencial, la dimensión del mercado o las posibilidades de crecimiento, los inversionistas evalúan la estabilidad regulatoria, la protección de sus activos y los mecanismos disponibles para hacer cumplir sus derechos.
Amaru Liendo, presidente de VenAmCham, reconoce en contacto con Bloomberg Línea que se han producido aperturas y ajustes regulatorios en determinados sectores, especialmente en actividades vinculadas con la energía. Sin embargo, señala que persisten desafíos en materia de estabilidad normativa, transparencia y previsibilidad institucional.
Los comités de Asuntos Legales, Directores Legales, Impuestos y Propiedad Intelectual de VenAmCham identifican entre las principales preocupaciones los cambios regulatorios que pueden aprobarse o implementarse sin suficientes procesos de consulta con el sector privado, así como la incertidumbre sobre futuras modificaciones que puedan afectar las operaciones empresariales.
Esa incertidumbre puede tener consecuencias concretas. En nuevos proyectos, puede traducirse en mayor cautela, aplazamiento de decisiones o preferencia por otros mercados. En empresas que ya operan en Venezuela, puede llevar a priorizar inversiones de mantenimiento y continuidad operativa, en lugar de comprometer capital significativo para expandirse.
Para Fedecámaras, la principal organización empresarial del país, la previsibilidad también es una condición central para que una empresa se comprometa con inversiones de largo plazo.
Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras, señala que las compañías necesitan un entorno que les permita proyectar escenarios, planificar con confianza y estimar retornos en horizontes de cinco, diez o más años.
La seguridad jurídica figura entre las principales preocupaciones del sector empresarial, junto con una legislación laboral que estimule la productividad, la estabilidad macroeconómica, políticas públicas adecuadas, acceso al financiamiento y calidad de los servicios públicos.
“Es tener reglas claras de juego y conocer las condiciones bajo las cuales operarán las empresas y, además, mantenerlas en el tiempo”.
El dilema entre el riesgo alto y el capital de largo plazo
Pero la existencia de esos riesgos no significa que Venezuela sea incapaz de atraer capital.
El economista Luis Vicente León considera que la seguridad jurídica, el respeto de las condiciones contractuales y la certeza de que estas serán respetadas en el futuro forman parte central de la evaluación de cualquier inversionista, especialmente después de las experiencias de expropiaciones e incumplimientos del pasado.
Sin embargo, el riesgo no tiene el mismo efecto sobre todos los inversionistas.
Según León, sectores donde Venezuela tiene ventajas potenciales, como petróleo, gas y minería, pueden atraer a compañías más acostumbradas a operar en mercados complejos y con una mayor tolerancia al riesgo.
En esos casos, la incertidumbre puede convertirse en un costo incorporado a las expectativas de rentabilidad, más que en un impedimento absoluto para invertir. El potencial de retorno puede compensar, para determinados inversionistas, los riesgos que persisten.
Ese entorno también se refleja en la percepción de los mercados financieros. El índice EMBI de JPMorgan, una referencia del riesgo país que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos y los títulos del Tesoro estadounidense, cerró julio en 7.193 puntos. Aunque el indicador se mantenía por debajo de los niveles registrados al cierre de 2025, Venezuela continuaba con el mayor riesgo país de América Latina.
La diferencia, entonces, no está solo en si Venezuela puede atraer capital, sino también en qué tipo de capital puede atraer bajo las condiciones actuales. El reto de largo plazo es ampliar las condiciones para que el país no dependa únicamente de inversionistas dispuestos a asumir riesgos elevados a cambio de mayores retornos.
Ahí es donde las propuestas de las organizaciones empresariales apuntan a una agenda más amplia. VenAmCham plantea fortalecer el Estado de Derecho, la protección de la propiedad y los derechos contractuales, así como contar con mecanismos confiables para resolver controversias. También propone mayor previsibilidad regulatoria, procesos de consulta pública antes de aprobar normas que afecten a las empresas y mayor transparencia institucional.
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Fedecámaras, por su parte, suma a la seguridad jurídica la necesidad de mejorar la estabilidad macroeconómica, el acceso al financiamiento, la infraestructura, los servicios públicos y las condiciones para la productividad. También plantea simplificar trámites, modernizar procesos administrativos y revisar las cargas que afectan la actividad empresarial.
Venezuela cuenta con recursos y oportunidades capaces de atraer a inversionistas dispuestos a asumir riesgos, mientras el capital nacional ha seguido invirtiendo y adaptándose a un entorno complejo.
Pero para atraer empresas dispuestas a comprometer recursos durante años, las oportunidades tendrán que ir acompañadas de reglas previsibles, protección efectiva de los activos y mejores condiciones para operar.
