Bloomberg — Venezuela ha contratado a Hogan Lovells US LLP como asesor legal para lo que se prevé que sea una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en décadas.
La contratación, que se hizo pública en un documento publicado el martes por la unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia, se produce menos de un mes después de que el gobierno anunciara que estaba comenzando el proceso para reestructurar una deuda estimada en US$170.000 millones que ha estado en mora desde 2017.
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El bufete de abogados, con sede en Washington y Londres, indicó en un correo electrónico que cuenta con una larga trayectoria de colaboración con el país y que fue contratado tanto para la reestructuración como para brindar asistencia en materia de relaciones gubernamentales en Estados Unidos.
Según fuentes cercanas al asunto, Norm Coleman, exsenador estadounidense por Minnesota y miembro del Comité de Relaciones Exteriores antes de incorporarse a Hogan Lovells en 2011, representará a Venezuela en nombre de la firma.
Hogan Lovells fue contratada previamente por la embajada de Venezuela en Estados Unidos en 2014 para prestar servicios de cabildeo en Washington.
Los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.
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Dentons Europe LLP seguirá siendo el asesor legal internacional de Venezuela, asesorando a la administración interina de Delcy Rodríguez en materia de contratos petroleros y mineros.
Los inversores se volcaron en los bonos de la nación petrolera tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. El gobierno, ahora encabezado por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, ha colaborado estrechamente con Washington, lo que ha generado optimismo ante la posibilidad de que se abra el camino a una tan esperada reestructuración.
Los bonos del gobierno han ganado más del 80% este año, y los bonos con vencimiento en 2027 se cotizan a aproximadamente 52 centavos por dólar. Esto implica que se espera que los inversores recuperen alrededor del 30% de sus reclamaciones totales, una vez incluidos los intereses acumulados no pagados.
A principios de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el nombramiento de asesores legales y consultores financieros para el proceso, y la semana pasada el gobierno designó a Centerview Partners como su asesor en materia de deuda soberana.
Estas contrataciones preparan el terreno para una de las reestructuraciones de deuda más extensas emprendidas desde la crisis griega hace más de una década. El proceso implica deshacer una compleja red de bonos, préstamos y sentencias judiciales impagadas a acreedores de todo el mundo, así como hacer frente a las sanciones económicas estadounidenses que siguen vigentes a pesar del acercamiento.
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El gobierno anunció que planea publicar un marco económico y un análisis de sostenibilidad de la deuda el próximo mes, lo que sugiere su intención de actuar con rapidez. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos, incluidas las sanciones que impiden a Venezuela negociar con los acreedores o emitir nueva deuda.
Una posible reestructuración de la deuda también plantea interrogantes sobre el verdadero tamaño de la economía venezolana tras su colapso y la cuantía real de su deuda. Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. advirtieron que la conciliación de un amplio y diverso conjunto de reclamaciones, “especialmente las reclamaciones comerciales no garantizadas, no especificadas ni transparentes”, además de los laudos arbitrales, probablemente resultará compleja y controvertida.
En su comunicado, Hogan Lovells afirmó que la firma tiene experiencia tanto con Venezuela como en la reestructuración de deuda soberana.
“Esperamos poder contribuir a guiar la reincorporación de Venezuela a la economía global y a los mercados de capitales”, afirmó.
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