Bloomberg Línea — UBS puso bajo la lupa el histórico acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela y advirtió que su ejecución enfrenta interrogantes legales, políticos y financieros que podrían limitar tanto la llegada de inversión extranjera como el aumento de la producción venezolana.
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El equipo liderado por Alejo Czerwonko, Chief Investment Officer Emerging Markets de UBS Financial Services, considera que todavía faltan elementos esenciales para evaluar la sostenibilidad del pacto. Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha publicado un decreto, licencia o contrato que respalde sus términos.
El análisis cobra relevancia por la magnitud del compromiso anunciado. El presidente Donald Trump aseguró que EE.UU. obtendría control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras Delcy Rodríguez indicó que el acuerdo abarcaría 17 campos estratégicos durante 25 años.
Para UBS, se trata de “un anuncio extraordinario, cargado de riesgos de ejecución”, una valoración que centra la atención en las condiciones necesarias para que el pacto anunciado pueda traducirse en capital y mayor extracción de crudo.
UBS alerta sobre la validez legal y el riesgo político
Una de las primeras incógnitas planteadas por UBS es si Rodríguez tiene legitimidad para comprometer las reservas petroleras venezolanas mediante acuerdos que abarcan varias décadas. Su condición de presidenta interina abre dudas sobre la capacidad de vincular jurídicamente a futuras administraciones.
El banco menciona además la ausencia de un proceso de licitación transparente, salvaguardas de cumplimiento y aprobación de la Asamblea Nacional. A esto se suman posibles cuestionamientos de soberanía ante una participación directa del gobierno estadounidense en la asociación.
La Constitución venezolana establece en su artículo 12 que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables. El artículo 302, por su parte, reserva la actividad petrolera al Estado.
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Las dudas también alcanzan a Washington. Un proyecto que requiera miles de millones de dólares de financiación gubernamental estadounidense, incluso mediante garantías crediticias, podría necesitar autorización del Congreso, aunque UBS contempla estructuras que permitirían evitar ese trámite.
Esa alternativa tampoco eliminaría el riesgo político. Un esquema articulado como asociación público privada desde el Ejecutivo podría quedar expuesto a un eventual cambio de administración en 2028. Por la dimensión del acuerdo, UBS tampoco descarta litigios ante tribunales estadounidenses.
“Dado el tamaño y el alcance históricos del acuerdo, creemos que tampoco pueden descartarse impugnaciones legales en los tribunales estadounidenses”, sostuvieron Czerwonko y el equipo de UBS.
US$100.000 millones: la gran incógnita de la inversión
Otro interrogante está en el capital. Rodríguez habló de más de US$100.000 millones en inversión y más de US$209.000 millones en ingresos fiscales para Venezuela, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a casi US$100.000 millones de inversión privada.
UBS considera que un proyecto extractivo de esa escala probablemente necesitaría grandes petroleras estadounidenses con experiencia. Sin embargo, las compañías podrían encontrar dificultades para comprometer recursos ante las incertidumbres que todavía rodean el proyecto.
“Desde la perspectiva de una compañía petrolera estadounidense, cualquier inversión significativa en Venezuela generalmente tendría que estar acompañada de un marco legal que pudiera sobrevivir a un cambio de liderazgo tanto en Estados Unidos como en Venezuela”, indicaron los analistas.
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El precedente de las expropiaciones también forma parte de la evaluación. UBS recuerda que ExxonMobil y ConocoPhillips todavía tienen cantidades significativas pendientes bajo fallos judiciales relacionados con activos previamente expropiados en Venezuela.
La decisión de invertir tampoco dependería únicamente del potencial petrolero venezolano. Los proyectos tendrían que competir con oportunidades disponibles en otras regiones y ofrecer condiciones suficientemente atractivas frente a los riesgos asumidos.
“En última instancia, las inversiones en Venezuela tendrían que compararse favorablemente, sobre una base ajustada por riesgo, con alternativas alrededor del mundo”, afirmó el equipo de UBS.
Dudas sobre un rápido salto de la producción petrolera
El acuerdo contempla una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios, según los detalles ofrecidos por Rodríguez. Sin embargo, UBS advierte que la experiencia reciente del sector muestra las dificultades para elevar rápidamente la extracción desde los niveles actuales.
El banco señala que, aproximadamente ocho meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder, la producción petrolera venezolana apenas aumentó entre 100.000 y 200.000 barriles diarios desde una base muy baja.
Ese desempeño sustenta una de las principales reservas del análisis. “Sin un marco sólido que pueda resistir los ciclos políticos y los desafíos legales en ambos países, creemos que es poco probable que este acuerdo resulte en una inversión extranjera materialmente mayor en Venezuela”, sostuvo UBS.
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La misma evaluación se extiende a la oferta de crudo, pues el banco tampoco espera bajo esas condiciones “un aumento significativo de la producción petrolera en el corto y mediano plazo”.
Aun así, UBS identifica una señal de fondo en el acercamiento. Venezuela parece dispuesta a apoyarse en capital y conocimiento estadounidense para su reconstrucción, tanto bajo el actual liderazgo de Rodríguez como bajo una futura administración.
La posibilidad de que el anuncio derive en una relación bilateral más amplia permanece abierta. Para UBS, su evolución dependerá de una legislación sólida y de un esquema capaz de apoyar la recuperación económica venezolana, mientras persisten las incógnitas sobre financiación, seguridad jurídica y continuidad política.
