Bloomberg Línea — El nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo de Colombia plantea una reducción gradual de los déficits fiscal y primario durante los próximos dos años. Sin embargo, para Goldman Sachs, la principal discusión no está en las metas que plantea el Gobierno, sino en qué tan viable resulta alcanzarlas.
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La lectura del banco apunta a que buena parte de la consolidación fiscal prevista para 2026 y 2027 depende de supuestos que enfrentan importantes desafíos de ejecución, especialmente en materia de gasto público.
Aunque considera razonables varios de los supuestos macroeconómicos y de ingresos incorporados por el Gobierno, la entidad financiera mantiene una visión cautelosa sobre la capacidad de cumplir la trayectoria fiscal proyectada.
De hecho, Santiago Téllez, analista del banco, considera que la senda de ajuste planteada por el Gobierno enfrenta “elevados riesgos de ejecución”, especialmente porque una parte importante de los recortes de gasto previstos para 2026 aún no ha sido especificada. “El próximo gobierno implementará una ambiciosa reforma tributaria y recortes de gastos no especificados para impulsar la consolidación fiscal”, dijo.
Las dudas sobre el ajuste fiscal
La principal observación de Goldman Sachs se concentra en el gasto. El MFMP proyecta una reducción del déficit primario desde 3,5% del PIB en 2025 hasta 2,1% en 2026, con una nueva disminución a 0,5% en 2027. Sobre el papel, esa trayectoria supone un avance significativo en el proceso de consolidación de las finanzas públicas.
Sin embargo, Téllez señala que la estrategia descansa en una reducción del gasto primario que considera ambiciosa. Según las proyecciones oficiales, este pasaría de representar 19,9% del PIB en 2025 a 18,2% en 2026 y 17,9% en 2027.
La dificultad radica en que una parte importante del ajuste previsto para 2026 corresponde a recortes que todavía no han sido especificados. En particular, el informe contempla una reducción equivalente a 1,7 puntos del PIB concentrada en gastos flexibles.
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La preocupación no es menor. Téllez advierte que “la mayor parte del ajuste recaería sobre la próxima administración”, al tiempo que el ritmo actual de ejecución presupuestal limita el margen para realizar recortes adicionales durante el resto del año.
Esto ayuda a explicar por qué, pese a la senda de consolidación presentada por el Gobierno, Goldman Sachs mantiene proyecciones más conservadoras. Mientras el MFMP prevé un déficit primario de 2,1% del PIB en 2026, la entidad estima que podría ubicarse alrededor de 3,4%.
La diferencia es relevante, porque refleja una visión distinta sobre la capacidad real de materializar los ajustes presupuestales anunciados. En otras palabras, el debate no gira tanto alrededor de las metas fiscales como de los mecanismos para alcanzarlas.
Otro elemento que pesa sobre las cuentas públicas es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El Gobierno estima que este mecanismo tendrá un costo fiscal neto de COP$9 billones en 2026, equivalente a cerca de 0,5% del PIB, impulsado principalmente por la brecha entre los precios internacionales y los precios internos del diésel.
Al mismo tiempo, Téllez considera que las proyecciones de ingresos lucen razonables. Los ingresos nominales crecerían 7,4%, por debajo del avance previsto para el PIB nominal. Además, observa cierto margen para que los recursos provenientes del sector de hidrocarburos superen las previsiones oficiales durante 2026 y 2027.
La reforma tributaria y el reto que heredará el próximo Gobierno
La principal sorpresa identificada por el analista aparece en las proyecciones para 2027. El Gobierno contempla un incremento de ingresos estructurales cercano a COP$30 billones, equivalente a 1,4% del PIB, apoyado en una reforma tributaria que sería presentada antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto.
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Más allá del monto, lo que llama la atención es la incertidumbre política asociada a su aprobación. Téllez considera que las posibilidades de materializar esa reforma dependerán, en gran medida, del Gobierno que resulte elegido.
Téllez señala que sus posibilidades legislativas “dependen de la administración entrante”. Según el analista, un gobierno de continuidad de izquierda tendría más probabilidades de respaldarla, mientras que uno de centroderecha podría archivarla o modificarla de forma sustancial.
Este punto es clave, porque una parte importante de la mejora fiscal proyectada para 2027 depende de esos nuevos ingresos. Si la reforma no avanza en los términos previstos, el proceso de consolidación podría enfrentar obstáculos adicionales.
Aunque el analista considera más factible la reducción del gasto contemplada para 2027, también advierte que una compresión acumulada cercana a dos puntos del PIB entre 2025 y 2027 sigue siendo exigente dadas las rigideces estructurales del presupuesto colombiano.
La lectura de Téllez también se extiende a la deuda pública. El Gobierno proyecta que la deuda neta aumentará ligeramente hasta 58,9% del PIB en 2026, un nivel superior al ancla de 55% contemplada por la regla fiscal actualmente suspendida, aunque todavía por debajo del umbral de 60% en el mediano plazo.
En paralelo, las necesidades de financiamiento seguirán siendo elevadas. Para 2026 se estiman requerimientos brutos por cerca de COP$150 billones, combinando emisiones locales, colocaciones internacionales, préstamos multilaterales y créditos bancarios.
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En conjunto, la evaluación de Téllez deja una conclusión clara: aunque las proyecciones de ingresos y varios de los supuestos macroeconómicos parecen razonables, la consolidación fiscal planteada por el Gobierno depende de ajustes de gasto y decisiones políticas cuya ejecución todavía está lejos de estar garantizada. En ese contexto, el analista mantiene una advertencia de fondo sobre las finanzas públicas colombianas y asegura que sigue viendo un “alto riesgo de desviación fiscal”.
