Bloomberg — La aplicación de la ley federal a los contaminadores se desplomó durante el primer año del segundo gobierno de Trump, según un nuevo análisis de datos gubernamentales realizado por una organización sin fines de lucro.
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En comparación con el primer año de gobiernos anteriores, incluido el primero de Trump, el gobierno actual ha llevado a menos contaminadores a los tribunales y ha resuelto menos casos existentes, según una revisión de registros judiciales federales realizada por el Proyecto de Integridad Ambiental.
Esta reducción en la aplicación de la ley ambiental se produce en un momento en que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha implementado una agresiva agenda desregulatoria, iniciando la desmantelación de múltiples normas para el control de la contaminación del aire, el clima y el agua.
El año pasado, la agencia también perdió a más de 200 empleados dedicados a la aplicación de la ley, incluyendo abogados, según una encuesta realizada por el sindicato de la EPA, el Consejo 238 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que fue compartida con Bloomberg News.
Mientras tanto, la división de medio ambiente del Departamento de Justicia de EE. UU., que colabora con la EPA en algunos casos de aplicación de la ley, perdió al menos un tercio de sus abogados en el último año, informó recientemente E&E.
“Las demandas civiles contra contaminadores cayeron a un mínimo histórico en el año posterior a la toma de posesión”, según el informe publicado el jueves.
La EPA no tiene control sobre las demandas presentadas por el Departamento de Justicia. La portavoz de prensa de la EPA, Brigit Hirsch, afirmó que la agencia pronto publicará sus propias estadísticas de cumplimiento, que muestran que ha concluido más casos de cumplimiento en su primer año que la administración Biden.
“A diferencia de la administración anterior, nos centramos en lograr un cumplimiento rápido y no solo en una aplicación excesivamente estricta destinada a paralizar la industria con base en el fanatismo climático”, añadió.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
Entre el 20 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2026, el Departamento de Justicia presentó 16 demandas civiles contra contaminadores remitidos por la EPA, según consta en registros judiciales federales. Esto representa una disminución del 81 % con respecto al primer año del mandato inicial de Trump, cuando el Departamento de Justicia presentó 86 denuncias. El análisis del EIP no consideró las demandas penales, que generalmente representan una minoría de los casos de cumplimiento.
Al mismo tiempo, la administración actual resolvió 40 casos contra infractores de las leyes sobre aire, agua, residuos peligrosos y otras leyes de contaminación durante su primer año. Esto representa una disminución del 65% en comparación con los 115 casos resueltos en un período similar durante el primer mandato de Trump, según el informe del EIP.
La agencia ha modificado recientemente su enfoque respecto a los contaminadores. Un memorando de la EPA, distribuido internamente en diciembre y revisado por Bloomberg Law, describió un nuevo enfoque de “cumplimiento primero” para su equipo de cumplimiento, abogando por que el personal encuentre maneras de poner rápidamente a los contaminadores en orden mediante métodos como la divulgación proactiva y la asistencia técnica. Algunos exfuncionarios de la EPA han expresado su preocupación de que esto podría llevar a que la agencia sea más indulgente con las empresas que infringen la ley.
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La EPA también puede impulsar la aplicación de la ley fuera de los tribunales, a través de los llamados casos administrativos. Este es un área donde la agencia ha intensificado sus acciones, según los últimos datos disponibles: resolvió casi 1650 casos entre el 20 de enero y el 30 de septiembre de 2025. Esto representa un aumento del 15 % con respecto a un período similar durante el primer mandato de Trump y del 35 % en comparación con la administración del presidente Joe Biden.
A pesar de que se resolvieron más casos, los investigadores descubrieron que la agencia impuso menos sanciones totales: casi 41 millones de dólares en sanciones, en comparación con los 49 millones de dólares del primer año de Biden y los casi 46 millones de dólares del primer mandato de Trump.
“Las leyes ambientales históricas de nuestro país carecen de sentido si la EPA no las hace cumplir”, declaró Jen Duggan, directora ejecutiva del EIP, fundado en 2002 por Eric Schaeffer, exdirector de la Oficina de Cumplimiento Civil de la EPA.
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