Bloomberg Línea — Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos en California suspendió una orden judicial de un tribunal inferior que había impedido a la administración Trump poner fin a las protecciones de deportación para miles de migrantes procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Ver más: Pánico en Miami: los haitianos se enfrentan a la pérdida repentina de su estatus legal
En la orden del lunes, el Noveno Tribunal de Apelaciones determinó que el gobierno probablemente podría demostrar que existían razones “legítimas” para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de esos países y suspendió la sentencia del 31 de diciembre de 2025 de la jueza federal Trina L. Thompson, de California, de reestablecer las protecciones del programa para más de 60.000 ciudadanos de los tres países.
El gobierno también tiene probabilidades de ganar con los argumentos de que el proceso de toma de decisiones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), no está obligada por ley a considerar las condiciones que surjan después de una designación inicial del TPS y que su decisión de ignorar esas condiciones intermedias no fue arbitraria ni caprichosa.
En X, Noem calificó la orden del lunes como ”una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos".
El TPS permite a los inmigrantes de determinados países permanecer en Estados Unidos hasta 18 meses con autorización legal para trabajar cuando condiciones como desastres naturales o conflictos civiles impiden un regreso seguro.
Honduras y Nicaragua recibieron las designaciones TPS en enero de 1999, un año después de que los países fueran devastados por el huracán Mitch. Nepal recibió la TPS en 2015, tras ser golpeado por un devastador terremoto.
En X, la fiscal general, Pam Bondi, elogió la decisión, al considerarla una “victoria legal crucial” de los abogados del Departamento de Justicia, que representa al DHS en este proceso, para ayudar a “allanar el camino para que el presidente Trump continúe con las deportaciones”.
Para Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, “los titulares de TPS merecen algo mejor que esto” y agregó que la decisión “permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país durante décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación causada a ellos y sus familias o las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.
Este es el último avance legal en múltiples disputas judiciales en curso sobre la eliminación de las protecciones del TPS por parte de la administración Trump como parte de una agenda más amplia de deportaciones masivas.
El mes pasado, otro panel del Noveno Circuito determinó que Noem había puesto fin ilegalmente al TPS para Venezuela y Haití.
¿Qué sigue para los beneficiarios del TPS?
Los demandantes están representados por la Fundación ACLU del Norte de California, la Fundación ACLU del Sur de California, la Alianza Haitiana Bridge, la Red Nacional de Organización de Jornaleros y el Centro de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de la UCLA.
Ver más: Cómo es y qué implica la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España
En ese sentido, José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, dijo en un video en redes que “la lucha legal hay que continuarla, pero también hay que tener bien claro que el Congreso tiene que actuar y eso podría traer una solución a todos los problemas que estamos enfrentando en este momento con el TPS”.
El líder también instó a organizarse como comunidad y convencer al Congreso que quitarle la protección de TPS a personas que han estado protegidas por décadas “no ayuda a nadie, ni a la familia con tepesianos, ni a los países de donde venimos, ni tampoco a la economía de Estados Unidos”.
Palma llamó a mantener la calma y anticipó que la Alianza TPS estará convocando a una llamada nacional con todos sus miembros y también estarán actualizando con información nueva. “Hay que mantenernos unidos y solo juntos vamos a triunfar”.
En Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional dijo que la decisión del lunes “representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema”.
A la vez, lamentó que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el TPS. “Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable”.
