Bloomberg — Casi 400 personas indultadas o a las que el presidente Donald Trump concedió clemencia en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos buscan ahora millones de dólares en pagos del Gobierno federal, según su abogado.
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El abogado Mark McCloskey entregó el miércoles cientos de reclamaciones en persona, llevando un carrito con cinco cajas bancarias a un edificio de oficinas del Departamento de Justicia en Washington. El abogado con sede en St. Louis declinó compartir copias, citando la privacidad de sus clientes, pero dijo que la mayoría buscan entre US$1 y US$10 millones por supuestas lesiones y daños a la propiedad durante su detención, procesamiento y, en muchos casos, encarcelamiento.
Es el último caso de partidarios y aliados de Trump que presionan para reclamar fondos de los contribuyentes desde que recuperó la Casa Blanca hace un año. El Departamento de Justicia confirmó en documentos judiciales que está en conversaciones para llegar a un acuerdo con Michael Flynn, un exfuncionario de la administración Trump y activista conservador, y Stefan Passantino, quien se desempeñó como abogado de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.
Trump dijo previamente a los periodistas que el Departamento de Justicia “probablemente” le debe “mucho dinero”, pero dijo que lo daría “a la caridad” o lo usaría para pagar las renovaciones de la Casa Blanca. El diario The New York Times informó de que había presentado reclamaciones administrativas en busca de US$230 millones por las ya desaparecidas investigaciones sobre su campaña de 2016 y su manejo de material clasificado después de que abandonara la Casa Blanca en 2021.
Después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024, firmó una proclama en su primer día en el cargo concediendo indultos, conmutaciones de penas y otros tipos de clemencia a las más de 1.500 personas acusadas de haber desempeñado un papel en los disturbios que se produjeron mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria de Joe Biden sobre Trump en 2020.
La orden de Trump describió el esfuerzo de procesamiento -el mayor en la historia del Departamento de Justicia- como “una grave injusticia nacional”.
A principios de este año, las autoridades estadounidenses acordaron pagar casi 5 millones de dólares este año para resolver una demanda presentada por la familia de Ashli Babbitt, que murió por disparos de un agente de policía dentro del Capitolio el 6 de enero.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió el miércoles a una solicitud de comentarios.
La acción de clemencia del presidente del 6 de enero abarcaba una serie de delitos perseguidos por el Departamento de Justicia de Biden, desde delitos menores de allanamiento de morada hasta cargos de delito grave por agredir a la policía -aproximadamente 140 agentes resultaron heridos, según informes del gobierno-, llevar pistolas y otras armas al Capitolio y conspiración sediciosa. Trump indultó a casi todos los que se habían declarado culpables o habían sido condenados en juicio y ordenó que se retiraran los casos pendientes.
McCloskey dijo en una entrevista que sus clientes merecían cobrar porque lo habían “perdido todo”, desde empleos y licencias profesionales hasta su capacidad de viajar libremente y mantener cuentas bancarias. McCloskey ganó notoriedad -y el apoyo de Trump- después de que él y su esposa se enfrentaran a cargos estatales por apuntar con armas a manifestantes a favor de la justicia racial que pasaban por su casa de San Luis en 2020. Más tarde recibieron el indulto del gobernador. Expresó su optimismo de que Trump ayudara a los acusados el 6 de enero, destacando el historial de apoyo público del presidente antes y después de su victoria electoral de noviembre.
Mary McCord, exalta funcionaria del Departamento de Justicia, dijo que las acciones de clemencia de Trump no socavaron los fundamentos legales originales de los cargos relacionados con el 6 de enero, y que el listón en general es alto para presentar demandas contra fiscales y agentes del orden.
“Porque alguien haya sido indultado, eso no significa en absoluto que no hubiera una base para la acusación”, dijo McCord, director ejecutivo del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
El gobierno estadounidense y los empleados federales gozan en gran medida de inmunidad frente a las demandas por actos oficiales, pero existen excepciones para las denuncias por lesiones personales o daños a la propiedad. En virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, los particulares pueden demandar ante un tribunal federal si un organismo deniega su reclamación -conocida como Formulario Estándar 95 o SF 95- o no actúa en el plazo de seis meses.
Paul Figley, antiguo alto funcionario de la oficina del Departamento de Justicia que se ocupa de las reclamaciones por agravios, dijo que la clemencia presidencial no debería afectar a la forma en que el gobierno decide si una persona tiene un caso válido para recibir una indemnización gubernamental.
“Si fueron condenados y tenían una buena reclamación, aún podrían presentarla”, dijo Figley, profesor emérito de la Facultad de Derecho Washington de la American University y profesor visitante de la Facultad de Derecho Charles Widger de la Universidad de Villanova.
McCloskey dijo que el Departamento de Justicia rechazó varias reclamaciones relacionadas con el 6 de enero que presentó a principios de año por lo que describió como defectos de procedimiento, pero que más recientemente no había recibido rechazos. Dijo que la colección de reclamaciones que llevó a Washington el miércoles -dirigidas al Departamento de Justicia, el FBI, la Oficina de Prisiones, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y la Policía del Capitolio de EE.UU.- era el grupo más numeroso que había presentado hasta la fecha.
“Espero que esta presentación masiva de hoy llame la atención de los poderes fácticos”, dijo McCloskey.
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