La característica más sorprendente de la década de Donald Trump como una de las figuras más dominantes de la política estadounidense es su capacidad para hacer que lo impensable parezca no solo pensable, sino posible.
Los más recientes intentos del presidente por traspasar los límites de lo concebible, y legal, en nuestro sistema de gobierno han incluido declaraciones en las que afirma que el Departamento de Justicia “le debe mucho dinero” en concepto de investigaciones federales anteriores, así como repetidas insinuaciones de que podría optar a un tercer mandato, lo que supondría violar la 22.ª Enmienda.
Trump dijo hace poco que no intentaría ser presidente en 2028 postulándose como vicepresidente de JD Vance y después asumiendo el cargo cuando Vance renunciara.
“Pienso que a la gente no le agradaría eso. Sería demasiado chistoso. No estaría bien”, comentó a los periodistas. No obstante, al mismo tiempo, agregó: “Me encantaría hacerlo”. A comienzos de este año, Trump afirmó que “no estaba bromeando” acerca de esa posibilidad.
Hasta ahora, este patrón de teatro político nos debería resultar familiar. En primer lugar, Trump sugiere la idea de quebrantar algún principio fundamental de la política, algo tan elemental para la educación cívica de octavo grado y para nuestro imaginario político colectivo que parece ridículo.
Seguidamente, partidarios como Steve Bannon, quien ha venido insinuando un “plan” casi secreto según el cual Trump volvería a ser presidente, empiezan a insistir en que no solamente es posible, sino que además es inevitable.
Todos los demás, ya se trate de profesores de Derecho Constitucional (culpables), expertos (ídem) o sencillamente ciudadanos comprometidos, nos ponemos a hablar de la indignación que esto provoca.
En lo más preocupante de este proceso, la indignación y el posterior debate se convierten en una potente fuerza normalizadora. Después de todo, debatimos asuntos constitucionales y políticos todo el tiempo, en entornos que van desde la cafetería de la oficina hasta la Corte Suprema.
Dichos debates suelen reflejar nuestras divisiones partidistas, situando a los liberales en un lado y a los conservadores en el otro.
La forma de poner fin a este ciclo es demostrando que ciertas ideas impensables e inconstitucionales son inconcebibles por una buena razón: quebrantan la más profunda estructura de nuestro sistema y su normalización socavaría en gran medida el funcionamiento de la Constitución.
Cuando algo tan básico, y tan evidente, como la 22.ª Enmienda se convierte en negociable, todo el orden jurídico empieza a desmoronarse.
O dicho de otra manera, tenemos que mantener el sentido común cuando nos preguntamos, “¿por qué no?”.
Permítanme darles un ejemplo concreto de cómo lo impensable puede volverse imaginable en un contexto casi legal.
El 25 de julio de 2019, Trump mantuvo su famosa llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, en la que le pidió que “nos hiciera un favor” e investigara a Hunter Biden, y luego retuvo la ayuda militar que el Congreso ya había asignado.
Al leer la transcripción, a mí (y a muchos otros) nos pareció impensable que un presidente pudiera participar legalmente en lo que parecía ser un ejemplo clásico de corrupción. Esta opinión me llevó finalmente a testificar ante la Cámara de Representantes como parte del proceso de destitución.
Mi testimonio abordó el significado de “delitos y faltas graves” en la Constitución, una definición que (para mí) claramente incluía a un presidente que usaba corruptamente sus poderes en asuntos exteriores para obtener ventajas políticas personales.
Después de que Trump fue absuelto en lo que fue en gran medida una votación partidaria, lo que una vez parecía impensable de repente pareció menos así.
Pregúntese qué opina ahora sobre el primer juicio político a Trump. ¿Sigue siendo impensable que un presidente pudiera hacer lo que hizo sin ser condenado por delitos graves y faltas por el Senado? No, porque ya ha sucedido, y porque el Congreso, no los tribunales, tiene la última palabra sobre qué constituye un delito sujeto a juicio político según la Constitución.
Así que ahora, cuando Trump se comporta de forma tan corrupta como la llamada a Ucrania, o incluso más, ya no lo consideramos automáticamente impensable.
Trump ha planteado la idea de que su Departamento de Justicia le pague US$230 millones de los contribuyentes como compensación por los cargos penales presentados en su contra durante la administración Biden.
“Es interesante, porque soy yo quien toma la decisión”, dijo. “Es terriblemente extraño tomar una decisión en la que me estoy pagando a mí mismo... ¿Alguna vez has tenido uno de esos casos en los que tienes que decidir cuánto te estás pagando a ti mismo por daños y perjuicios?”.
Los redactores de la Constitución habrían considerado profundamente antitética a sus principios la idea de que un presidente pudiera ordenar al gobierno que lo compensara. Es una forma de corrupción y autocontratación, precisamente la que consideraban delitos y faltas graves. Sin embargo, hoy en día, nadie pide un juicio político por esa razón.
Lo único que podría habernos impedido aceptar este tipo de corrupción como algo concebible sería que dicha aceptación trastocara nuestra comprensión general del funcionamiento de la democracia constitucional.
Dado que la democracia continuó funcionando, al menos superficialmente, tras el primer impeachment de Trump (proceso de destitución por crímenes y faltas grave) fallido, la aceptación se hizo posible y lo impensable se volvió concebible.
Esto nos lleva al derecho como barrera ante lo impensable.
En general, los abogados profesionales comparten un marco que define qué ideas jurídicas son concebibles y cuáles no. La comunidad jurídica en su conjunto suele coincidir en estos límites. La mayoría de las veces, cuando alguien propone una idea que casi todos consideran impensable, se rechaza rápidamente.
De vez en cuando, sin embargo, una idea inicialmente impensable cobra fuerza.
En 2012, el profesor de la Facultad de Derecho de Yale, Jack Balkin, escribió sobre cómo una impugnación legal poco convencional a la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés, también conocida como Obamacare) pasó de ser una idea disparatada a una realidad real.
Balkin enfatizó la sociología del proceso, especialmente la disposición de prestigiosos abogados con capital cultural a sumarse a argumentos que antes se consideraban disparatados.
El jurista tenía razón al destacar la sociología, pero subestimó el aspecto psicológico de la pensabilidad. Los abogados solo pueden considerar pensable una idea impensable si no trastoca su concepción general del derecho y su funcionamiento. Si no pueden conciliar la nueva idea con su visión más amplia del mundo, no puede volverse pensable.
Por eso, los abogados que proponen argumentos previamente descabellados siempre intentan encajarlos en un marco legal existente.
De ello se desprende que la manera de luchar contra ideas jurídicas impensables es demostrar precisamente cómo su adopción rompería el marco más amplio en el que se basa el derecho constitucional.
Consideremos la idea de que Trump pudiera cumplir un tercer mandato postulándose a vicepresidente y luego obligando al nuevo presidente a renunciar. Esta es una idea legal impensable, ya que todos entendemos que la 22.ª Enmienda impide que alguien cumpla más de dos mandatos. La enmienda establece que no se puede ser elegido dos veces.
También especifica que un vicepresidente que cumpla más de dos años del mandato de su predecesor no puede cumplir dos mandatos completos. En conjunto, estas disposiciones dejan inequívocamente claro que sería inconstitucional que Trump se postulara a vicepresidente y luego sustituyera a Vance.
Si fuera posible eludir esta enmienda aprovechando que los redactores no prohibieron explícitamente que alguien fuera elegido presidente dos veces y luego vicepresidente, se desgarraría el tejido del derecho constitucional de forma fundamental. Sería fácil violar prácticamente cualquier disposición constitucional mediante manipulación lingüística.
La Constitución también establece que el presidente “ejercerá su cargo durante un período de cuatro años”. Siguiendo esa lógica distorsionada, se podría afirmar, por ejemplo, que una presidenta podría ejercer más de cuatro años porque el texto usa la palabra “su”, o que una mujer no podría ser presidenta porque solo un “él” puede ejercer el cargo.
El resultado es que esta interpretación literal de la Constitución perturbaría fundamentalmente su funcionamiento como cuerpo jurídico. Es evidente por qué lo impensable debería seguir siendo impensable: porque adoptar tales ideas haría que toda la estructura jurídica dejara de funcionar correctamente.
Por lo tanto, mantener lo impensable en la categoría de impensable no es una tarea imposible, ni en el derecho ni en la política. Simplemente requiere un esfuerzo deliberado para mostrar a la gente cómo aceptar lo impensable trastocaría su visión del mundo.
Por lo tanto, mantener lo impensable en la categoría de impensable no es una tarea imposible, ni en el derecho ni en la política. Simplemente requiere un esfuerzo deliberado para mostrar a la gente cómo aceptar lo impensable trastocaría su visión del mundo.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
Lea más en Bloomberg.com
