Todo lo que podía salir mal en las elecciones en Perú salió mal. La llegada tardía de las papeletas a varios recintos electorales provocó una serie de errores por parte de la autoridad electoral, que terminaron con la dramática renuncia de su presidente, cuando el proceso todavía no había llegado a su fin.
Más de dos semanas después de las votaciones, el 4% de los votos aún no se han contabilizado por impugnaciones, mientras que los candidatos que se disputan el segundo puesto para la segunda vuelta en junio, el radical de izquierda Roberto Sánchez y el populista de derecha Rafael López Aliaga, solo están separados por unos 24.000 votos.
Puede que los resultados definitivos no estén listos hasta mediados de mayo, una vez revisadas todas las actas impugnadas, un retraso que aviva aún más un momento político ya de por sí explosivo. Las acusaciones de fraude , las denuncias de manipulación y los llamamientos a anular la votación van en aumento.
Sea cual sea el resultado, es casi seguro que el bando perdedor protestará, lo que incrementará el riesgo de disturbios sociales.
Hasta las pocas certezas que hay son poco alentadoras: Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta como favorita con apenas un 17% de los votos; 23 candidatos presidenciales (¡sí, 23!) obtuvieron cada uno menos del 1%; y la división geográfica pone de manifiesto un país profundamente dividido entre dos visiones irreconciliables.
Eso es notable hasta para los estándares de una nación que ha vivido tres presidencias desde octubre. Si Perú buscaba un cambio radical tras años de inestabilidad institucional, estas elecciones han logrado justamente lo contrario.
Aunque parezca extremo, este caos no es un fenómeno exclusivo de Perú. En toda Latinoamérica, las elecciones se ven afectadas por fallos administrativos, una política hiperpolarizada, cínicas luchas por el poder y la violenta injerencia del crimen organizado.
El caso de Perú no es tanto una excepción como una advertencia: Cuestionar las elecciones, sea justo o no, erosiona inevitablemente su legitimidad.
Vamos a ver algunos ejemplos.
En Honduras, los fallos técnicos del año pasado también retrasaron los resultados durante semanas en unas elecciones muy reñidas, lo que suscitó acusaciones de irregularidades. El Gobierno saliente trató de impulsar un recuento tras rechazar los resultados, a pesar de que el propio candidato del partido gobernante acabó en un lejano tercer puesto.
Las elecciones de 2023 en Guatemala se vieron enturbiadas por la injerencia judicial, destinada a bloquear a candidatos y a alterar el resultado, a pesar de la sorprendente victoria de Bernardo Arévalo.
Las elecciones de 2022 en Brasil finalizaron con el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, negándose a reconocer su derrota tras cuestionar en múltiples ocasiones la integridad del sistema electoral, una farsa que meses más tarde derivó en disturbios en Brasilia que recordaban al asalto al Congreso de los EE.UU. dos años antes.
Por último, en el caso más escandaloso, el régimen de Venezuela ni siquiera hizo el intento de aparentar y simplemente robó las elecciones de 2024 sin contemplaciones.
Visto de esta manera, los problemas electorales de Latinoamérica apuntan a una tendencia que debería preocupar a votantes, legisladores e inversionistas.
Los políticos deben comprender que manipular las reglas sin escrúpulos para beneficio personal es un camino peligroso que, en última instancia, corroe el sistema del que todos forman parte. Y dado que estas tácticas populistas claramente llegaron para quedarse, la prioridad debe ser fortalecer las salvaguardias institucionales que protegen los procesos electorales de tales abusos.
En este contexto, no sorprende que la confianza esté disminuyendo, tanto en la región como a nivel mundial.
En promedio, solo el 34% de los latinoamericanos confía en las autoridades electorales, según Latinobarómetro, una cifra que Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Centro Stimson en Washington, califica de “preocupantemente baja”.
“El escepticismo generalizado y crónico sobre la gestión electoral facilita que un candidato perdedor haga trampas”, me dijo. “Esto nos recuerda la importancia de una observación electoral creíble”.
Estos precedentes nos ofrecen una advertencia que vale la pena tener en cuenta de cara a dos de las elecciones más importantes y controvertidas de la región: las de Colombia el mes que viene y las de Brasil en octubre, en las que hay cerca de 200 millones de personas inscritas para votar.
El imprudente presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insinuado hace poco que podría condicionar su reconocimiento de los resultados tras criticar repetidamente a las autoridades electorales del país, e incluso ha llegado a especular que existe un “riesgo del 100 % de fraude electoral”.
¿Te suena? Sí, a pesar de sus diferencias ideológicas, figuras que van desde Bolsonaro hasta Donald Trump han usado el mismo cínico guion.
La violencia contra las fuerzas de seguridad también está subiendo antes de las elecciones, donde la inseguridad es uno de los principales temas de campaña.
En Brasil, el poderoso juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó una investigación contra el precandidato Flávio Bolsonaro por presuntamente difamar a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La corte también tiene en la mira a un segundo precandidato por publicar videos satíricos de los magistrados en medio de la creciente desaprobación pública de su desempeño.
Estas acciones representan una interpretación excesiva del papel de la corte, si no una intrusión directa en el proceso electoral que probablemente resulte contraproducente.
Mientras tanto, en México, donde el partido gobernante Morena aún mantiene acusaciones infundadas de que su líder Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue robado de la presidencia en 2006, el Congreso acaba de aprobar una reforma para reducir el presupuesto electoral, una medida que podría socavar la independencia del poder electoral.
“Los gobiernos populistas erosionan los controles institucionales y los derechos de las minorías. Lo que está en juego no es tanto la esencia de la democracia, sino sus apariencias liberales”, dice Andrés Malamud, politólogo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, quien además señala el aumento de la violencia vinculada a las drogas contra los candidatos como “la verdadera amenaza para la democracia”.
América Latina también ofrece ejemplos recientes de elecciones limpias donde los perdedores reconocen la derrota tras campañas reñidas pero justas, desde la segunda vuelta en Chile en diciembre hasta el marcado giro de Argentina del peronismo a Javier Milei en 2023.
Sin embargo, cuando los políticos fuerzan cada vez más el sistema hasta sus límites en busca del poder o cuando el crimen organizado irrumpe en el proceso, las instituciones se erosionan y la democracia misma se ve amenazada. Lamentablemente, Perú no es el único país en esta situación.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
Lea más en Bloomberg.com
