Buenos Aires — Días atrás la puja por el precio de las tarifas de las telecomunicaciones volvió a ganar la escena pública cuando el presidente Alberto Fernández afirmó que insistirá con decretar al internet como servicio público, “para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. El mandatario hizo las declaraciones durante el lanzamiento de Argentina Programa, un plan de formación de programadores para que los jóvenes accedan de manera igualitaria a los empleos del sector del software.
Los dichos surgieron casi en una respuesta inmediata a declaraciones realizadas por el CEO de Telecom Roberto Nobile a Bloomberg Línea, en las que advertía que la intención de regular las tarifas pone en juego 2,5 puntos de PBI, que es lo que hoy genera la industria y dos puntos más en el mediano plazo, si se piensa en la llegada del 5G.
Por su parte, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López también arremetió en las últimas horas contra el sector telco, indicando a Télam que, “liberados por los jueces”, los precios de los servicios de comunicaciones podrían cerrar el año con un incremento de hasta el 70%. Advirtió, además, que ”el Estado quiere cuidar el bolsillo de los argentinos y los jueces liberan los precios”.
“Es inviable que las empresas quieran ejercer un aumento de precios de esa magnitud”, advirtió el analista y especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier, al sostener que por más que haya precios libres, no pueden “cobrar lo que quieran, porque el mercado no lo avala y atentan contra su negocio”.
Por su parte, Nobile aclaró que “en la industria estamos todos más o menos en la misma línea. En marzo de 2020 aumentamos entre 13% y 15%. El primer aumento estipulado este año fue en enero, un aumento que rondó el 17% promedio”, relató. “Seguramente trataremos de realizar algún aumento más antes de fin de año para equiparar la inflación de 2021. Todavía la industria va a tener pendiente esos casi 30 puntos menos de ajuste. Estamos hablando de un ajuste en septiembre o en octubre entre el 7% y el 10% más”, aclaró.
En ese sentido, para fin de año el ajuste total rondaría un 33%.
Cabe recordar que los servicios de comunicaciones (internet, telefonía fija y móvil y televisión paga) fueron declarados servicio público esencial por el decreto 690 en agosto del año pasado. Por consecuencia, los precios permanecieron congelados hasta el 1° de enero de este año, cuando fueron autorizados diferentes aumentos trimestrales para los distintos servicios y tipos de empresas.
“La inversión a largo plazo sí se va a ver muy condicionada por la situación regulatoria. Ante la incertidumbre de cuánto van a poder cobrar, las empresas del sector retraen todo aquel desembolso que se relacione con el ingreso de nuevos clientes”, detalló Carrier.
El sector como industria y Telecom Argentina en lo particular presentaron una medida cautelar que dispuso la suspensión del decreto por seis meses, mientras el Gobierno decidió llevar el fallo a la Corte Suprema.
Para Carrier, “en el corto plazo no va a cambiar nada en lo que refiere a tarifas porque están las elecciones de medio término en la mira” y “a lo sumo el tema va a seguir en la Justicia”.
En línea con la región
Si se toma a la Argentina y se la compara con lo que sucede en la región en materia de tarifas, se puede establecer que en promedio los servicios de telecomunicación se encuentran en los mismos niveles. Claro está que la gran diferencia surge en el nivel de ingresos y capacidad de gastos que tiene cada país.
A modo de ejemplo, solo basta ver los precios de las tarifas de 100 MB en Latinoamérica, donde la Argentina se encuentra entre las más baratas con un valor en euros con un precio de 20,28, contra los 45,23 euros en los Estados Unidos, el país más caro del ranking, según adslzone.net.
Según dio cuenta Carrier, en ninguna parte del mundo los precios de las telecomunicaciones son fijados al público. Sí lo es el precio mayorista y por un tema meramente de competencia en el mercado, agregó. Distinto es el caso de Uruguay, donde las telecomunicaciones forman parte de un monopolio estatal.
