¿Qué es el estatus de autogobierno de Disney y que pasa si lo pierde?

Algunos condados de Florida no tienen claro cómo administrar el territorio que Disney tiene a su cargo

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Bloomberg Línea — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes la ley aprobada por los legisladores a través de la cual se disuelve el distrito de autogobierno que tiene Walt Disney Co. (DIS) y a través del cual administra sus propiedades de parques temáticos en el estado desde 1967 a través del Reedy Creek Improvement District.

La medida entraría en vigencia el 1° de junio de 2023 y fue impulsada por DeSantis tras enfrentarse durante un mes a la compañía que se opuso a una legislación sobre orientación sexual en las escuelas y que es popularmente conocida como ‘Ley no digas gay’.

Disolver este distrito significa que los condados de Orange y Osceola deberían asumir los activos y pasivos de Reedy Creek, haciéndose cargo incluso de la gestión de deshechos y más, lo que en la actualidad autogestiona Disney en sus parques y territorios.

“No es una ‘represalia’ aprobar una legislación que elimine las exclusiones y promueva un entorno más justo para que todas las empresas hagan negocios, dijo la portavoz de DeSantis, Christina Pushaw, citada por Bloomberg.

¿Cómo funciona Reedy Creek?

Ante la nueva determinación estatal, expertos y políticos han señalado los vacíos y las inquietudes que deja el proyecto de ley firmado, pues a través de este distrito especial Disney tiene el control sobre la tierra y se encarga del suministro de servicios esenciales como energía, agua, vías y primeros auxilios en una extensión de 10.117 hectáreas en los condados de Orange y Osceola.

Según el sitio web oficial del distrito especial, en este territorio la compañía tiene cuatro parques temáticos, un complejo deportivo, 281 kilómetros de carretera, dos parques acuáticos, y las ciudades de Bay Lake y Lake Buena Vista.

Con este complejo, Disney emplea a por lo menos 70.000 personas y aporta US$780 millones en ingresos fiscales al estado de Florida, informó Bloomberg.

Tras el establecimiento del distrito especial, los condados de Orange y Osceola no volvieron a pagar por la construcción o el mantenimiento de los servicios que hay en Reedy Creek. “El resultado es un ejemplo de cómo una asociación de trabajo entre empresas y gobierno puede ser próspera para ambas partes”, dice el sitio web.

Las cuentas en juego

La disolución del distrito podría repercutir en la capacidad de Disney para obtener préstamos en el mercado de deuda estatal y local, que asciende a US$4 billones. El Distrito Reedy Creek tiene unos US$1.000 millones en bonos municipales actualmente en circulación, según datos recopilados por Bloomberg.

Según estimaciones de Michael Rinaldi, jefe de calificaciones de gobiernos locales de EE.UU. en Fitch Ratings, disolver esta figura eliminaría el acceso de la empresa a una financiación exenta de impuestos más barata a través del distrito especial, “lo que podría suponer un costo mayor para Disney y otros propietarios de tierras dentro del distrito a la hora de financiar diversos proyectos”, explicó en una comunicación por correo.

La ley firmada por DeSantis este viernes tuvo una rápida aprobación y dejó vacíos en su implementación, como lo dijo el senador demócrata Gary Farmer, que criticó el proyecto y lo calificó como “disparar primero y hacer preguntas después”, según declaraciones a medios. Al tiempo, dijo que “solo el servicio de la deuda de Reedy Creek supera los US$1.000 millones”.

Esta es, precisamente, una de las mayores preocupaciones de algunos sectores políticos, pues los gobiernos locales de los condados tendrían que buscar la forma de hacerse cargo de los servicios vitales para los parques temáticos de Disney, la principal atracción turística de Florida.

Richard Foglesong, historiador y experto en política de Florida y también autor del libro ‘Married to the Mouse’, sobre el desarrollo económico entre Orlando y Disney, dijo a CNN que este había sido un proyecto sin “mucho estudio y reflexión”.

“Alguien todavía tendrá que pagar los bonos que se compraron para construir esa infraestructura. Alguien tendrá que hacer esas inspecciones de edificios. Alguien tendrá que pagar por eso. Si esa carga recae sobre los contribuyentes, eso no se verá bien para el gobernador Desantis”, dijo al medio.