Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica solicitó oficialmente a Nicaragua reforzar la vigilancia en el río San Juan, tras denunciar que sedimentos con contenido de oro extraídos ilegalmente en Crucitas, al norte del país, están siendo trasladados por esa vía hacia territorio nicaragüense para su procesamiento.
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El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que en las últimas semanas se ha intensificado el transporte de sacos con tierra aurífera desde Crucitas, en el cantón de San Carlos, hasta puntos cercanos al río fronterizo. Según datos oficiales, esta escalada en la extracción ha provocado que el área afectada por la minería ilegal se expanda de 900 a 3.000 hectáreas.
Durante una comparecencia reciente en la Asamblea Nacional, Zamora explicó que mineros ilegales —conocidos localmente como coligalleros— están removiendo grandes volúmenes de sedimento para vendérselo a empresas chinas que operan “del otro lado del Río San Juan”, en territorio nicaragüense.
En operativos recientes realizados en el sector de cerro Conchudita, a 70 kilómetros al este de Crucitas, las autoridades reportaron la incautación de 16.000 sacos con sedimento y el desmantelamiento de campamentos improvisados. No obstante, estiman que una cantidad mayor ya habría sido trasladada hacia Nicaragua antes de los decomisos.
Crucitas fue el sitio donde en 2010 estaba previsto un proyecto de minería a cielo abierto a cargo de la empresa canadiense Infinito Gold Ltd, que posteriormente fue anulado por decisión judicial, tras una prolongada disputa legal.
Desde entonces, la zona ha sido ocupada de manera intermitente por mineros informales que trabajan sin permisos ambientales ni concesiones vigentes.
Por más de una década, el problema fue tratado principalmente como un asunto ambiental y de orden público dentro de Costa Rica. La diferencia radica ahora en el carácter sistemático del traslado de material hacia Nicaragua, lo que ha obligado a elevar el caso al plano diplomático.
La semana pasada, Zamora solicitó al ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, que interpusiera sus oficios para solicitar ante Nicaragua el incremento del patrullaje policial en el río San Juan.
A raíz de la petición y tras la respuesta del canciller nicaragüense Valdrack Jaentschke, ambos países acordaron reunirse el sábado 28 de febrero en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, con el objetivo de coordinar acciones frente al contrabando de oro y otras actividades ilícitas en la zona limítrofe.
“Ojalá el gobierno de Nicaragua quiera colaborar en esto. Sabemos que los interés detrás del robo ilegal y toda la red de criminalidad que existe alrededor de la minería ilegal son muy poderosos, tanto así que ni siquiera los ticos vemos a nuestros propios diputados queriendo arreglar eso”, dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa semanal de este 25 de febrero.
Expansión minera en Nicaragua
El reclamo costarricense coincide con un período de expansión formal de la actividad minera en Nicaragua. De acuerdo con datos oficiales analizados por el medio nicaragüense Confidencial, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado 72 concesiones mineras a 16 empresas chinas en menos de tres años, que en conjunto superan el millón de hectáreas.
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Entre las compañías con mayor número de concesiones figuran Thomas Metal S.A., Brother Metal S.A., Zhong Fu Development S.A. y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., con presencia en departamentos como Río San Juan, Nueva Segovia, Chinandega y la Costa Caribe. Algunas de estas concesiones se ubican en zonas cercanas a la frontera con Costa Rica.
Organizaciones ambientalistas, como la Fundación del Río, han señalado que el Gobierno nicaragüense ha facilitado la instalación de estas empresas mediante cambios en los procedimientos ambientales y la agilización en la entrega de permisos. Según su presidente, Amaru Ruiz, varias concesiones se han otorgado en áreas de reserva minera y zonas protegidas.
La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, por su lado, emitió una nota para rechazar los reportes que cuestionan la legalidad del sistema de concesiones mineras en el país.
La institución sostuvo que todas las concesiones han sido otorgadas conforme a la Ley Especial para la Exploración y Explotación de Minas y publicadas en el Diario Oficial.
El organismo afirmó además que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales y tributarias por parte de las empresas concesionarias. Según datos de la Procuraduría, las exportaciones de oro nicaragüense dejaron ingresos superiores a US$1.961 millones.
Tras el reclamo de Costa Rica, el Ejército de Nicaragua informó sobre la detención de 16 personas vinculadas a actividades mineras irregulares en zonas cercanas al río San Juan.
