Bloomberg Línea — Un grupo de inversores estadounidenses y británicos ha iniciado acciones legales contra el Estado de Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamando una indemnización superior a los US$80 millones por la expropiación arbitraria de una planta de procesamiento de oro.
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La empresa BHMB Mining, propiedad de BHMB Inc, constituida en Florida bajo el respaldo de capitales de Estados Unidos y Reino Unido, alega que las autoridades nicaragüenses orquestaron una toma de control violenta y sin compensación de sus instalaciones.
El representante legal de BHMB, Baruch Rapaport, dijo a La Prensa que la demanda se fundamenta en violaciones directas al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), así como al tratado bilateral de inversiones vigente entre Londres y Managua.
De acuerdo con el ejecutivo, el litigio se llevará al organismo del Banco Mundial tras la falta de respuesta del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el periodo de “enfriamiento” previsto para resolver disputas diplomáticamente.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el Ministerio de Energía y Minas ordenó la paralización de operaciones sin ofrecer clarificaciones.
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La situación escaló el 9 de septiembre del mismo año, cuando presuntamente representantes estatales y agentes de compañías chinas irrumpieron en la planta con ayuda de individuos armados, rompiendo candados y desalojando al personal de seguridad, según la divulgación de grabaciones de videovigilancia.
En X, el abogado Jason Ian Poblete dijo que BHMB recibió posteriormente una notificación formal de que sus activos habían sido confiscados. La instalación fue entonces transferida, a través del aparato de concesiones del gobierno, a entidades vinculadas con China, vinculadas a Zhong Fu Development y Santa Rita Mining.
“Para los estadounidenses y los responsables de las políticas, la advertencia es práctica: cuando un operador vinculado a Estados Unidos es expulsado, los socios chinos pueden sustituirlo, trasladando su influencia hacia Beijing y al mismo tiempo financiando a Ortega-Murillo”, dijo Poblete en el post que publicó el 11 de marzo.
Al respecto, de acuerdo con un informe de la organización ambientalista Fundación del Río, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cedido el 8,5% del territorio nacional a empresas chinas entre 2021 y 2026.
Solo en fechas recientes, el Diario Oficial La Gaceta publicó nuevas concesiones, como la otorgada a la empresa Tutuwaka Mining Company S.A. en la Costa Caribe Sur, sumando 74 lotes a 17 firmas de capital chino que, según alertan los analistas, carecen de trayectoria verificable en bolsas de valores o experiencia minera comprobable.
La arbitrariedad denunciada por BHMB incluye la concesión de los derechos sobre el lote “La Guadalupana” a la firma china Palacagüina Mining, pese a que el ministerio había certificado los derechos de la empresa sobre ese mismo terreno en 2020.
Las revocaciones han provocando más reacciones. El aliado político de la administración estadounidense, Richard Grenell, advirtió en X sobre posibles sanciones al sector, mientras que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) ya ha impuesto aranceles escalonados bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, calificando las acciones de Nicaragua como perjudiciales para el comercio de EE.UU.
La relevancia económica del litigio es crítica para Nicaragua, que registró exportaciones de oro por valor de US$1.960 millones en 2025.
