Bloomberg Línea — La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones libres y liberar incondicionalmente a los presos políticos, después de que el copresidente Daniel Ortega anunciara en julio que no habrá más comicios en el país.
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El texto, aprobado por consenso en una reunión extraordinaria de cancilleres, insta además a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella, pero no incluye sanciones concretas contra Ortega, de 80 años, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75 años.
La resolución fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. Nicaragua abandonó la organización en noviembre de 2023 por orden de Ortega, tras calificarla de instrumento de “injerencia”.
El mecanismo central es un Grupo Ministerial de Seguimiento, que debe iniciar trabajos dentro de 30 días y dialogar tanto con las autoridades como con la oposición. Sus recomendaciones —acciones diplomáticas y jurídicas que excluyan el uso de la fuerza— deben presentarse en 60 días, y la reunión podrá convocarse de nuevo a los 90 días o antes si las circunstancias lo exigen.
Para el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, es la primera vez que la región reconoce a la oposición, la sociedad civil y el exilio nicaragüense como interlocutores legítimos para definir el futuro del país.
El respaldo fue desigual, con solo siete de los 32 países activos representados por sus cancilleres (Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití); el resto mandó delegaciones de menor rango. Era la primera reunión de consulta del organismo desde 2019, cuando se abordó la crisis en Venezuela.
La reunión responde a una secuencia reciente. El 19 de julio, durante un acto conmemorativo de los 47 años de la Revolución Sandinista, Ortega declaró que no habría más elecciones; después, el Gobierno impulsó una reforma constitucional para impedir que participen personas consideradas “traidores a la patria” en referencia a la oposición, y en septiembre la Asamblea Nacional la excluyó del sistema electoral mediante otra reforma.
Tensión con Washington
En la reunión de este viernes, el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau denunció que Managua vetó a la embajadora nominada por Washington, Natasha Franceschi, ratificada el miércoles por el Senado.
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“Aprobar esta resolución por consenso demuestra nuestra voluntad de decirle a esta dictadura: todos nosotros les estamos vigilando”, dijo el diplomático.
En una conferencia posterior, el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, dijo que su país deja “todas las opciones sobre la mesa” y que el rechazo a Franceschi demuestra que Ortega “no tiene voluntad de negociar”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Administración Trump frenara la deportación de ocho nicaragüenses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Segura señaló que la decisión corresponde a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, no al Departamento de Estado.
Human Rights Watch (HRW) denunció que siete de ellos forman parte de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023 y despojados de su nacionalidad por el Gobierno de Ortega y Murillo. El octavo es el periodista Luis Galeano, también desnacionalizado ese año.
Aislamiento
República Dominicana anunció por su parte el cierre de su embajada en Nicaragua mientras “persistan las condiciones que afectan al ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país”, informó su canciller, Víctor Bisonó.
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En tanto, Ramdin calificó de “urgente” la recuperación del orden constitucional en Nicaragua y llamó a los Estados miembros a considerar medidas como sanciones económicas que no perjudiquen a la población, además de restricciones financieras y de viaje para determinados funcionarios.
La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, fue más lejos y describió al país centroamericano como un “estado policial” y afirmó que “la situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional, y no solo un problema interno”.
Ese tipo de lenguaje generó reservas. Brasil y Uruguay dejaron constancia en notas al pie de su objeción a señalar a Nicaragua como amenaza a la paz regional.
“La llamada paz por la fuerza es un lema que puede tener cierta resonancia en determinados círculos; esa falsa paz supone la alienación de la soberanía nacional”, dijo el embajador brasileño Benoni Belli.
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Tras negociación, el texto final se limitó a expresar preocupación por “el riesgo de interferencia extranjera” en materia de seguridad y tecnología.
México, a través del embajador Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, sostuvo que caracterizar la situación interna de Nicaragua como una amenaza a la paz del hemisferio “podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización”, al tratarse de asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA.
Desde el exilio, la oposición celebró. “Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional no tolerará expresiones como las de Ortega de que no habrá más elecciones”, dijo Juan Sebastián Chamorro, exiliado y desnacionalizado. A su juicio, si el régimen ignora las recomendaciones, se abrirá “una nueva etapa de acciones concretas y directas”, principalmente económicas.
