Bloomberg Línea — Las instituciones democráticas y el Estado de derecho de Nicaragua afrontan un “desmantelamiento” sostenido ante la creciente concentración del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante, alertó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
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La denuncia aparece en un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que analiza la situación del país en los últimos doce meses.
El documento señala que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla el Legislativo, los 153 municipios y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe.
“El informe documenta la captura casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante”, afirmó Türk, quien agregó que “el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos”.
El informe atribuye parte de esa concentración a las reformas constitucionales que entraron en vigor en febrero de 2025 y a la Ley Orgánica 1259, aprobada en agosto de ese año, que situó bajo autoridad presidencial a organismos de supervisión y redujo la autonomía de instituciones como el Ministerio Público y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La ONU señala además que durante el período analizado prácticamente desapareció el espacio para la participación cívica y política independiente.
El informe documenta restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como detenciones, vigilancia y otras medidas contra personas percibidas como opositoras y a sus familiares.
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En materia electoral, el documento recuerda que los mandatos de las autoridades elegidas en 2021 fueron prorrogados por un año y que las elecciones generales previstas inicialmente para 2026 fueron aplazadas hasta noviembre de 2027.
El reporte agrega que las limitaciones estructurales actuales, “impiden la existencia de un entorno electoral propicio basado en el estado de derecho, en instituciones democráticas eficaces y en la protección de los derechos humanos”, condiciones indispensables para el pleno disfrute de los derechos a votar y a presentarse a unas elecciones libres y genuinas.
La situación podría cambiar nuevamente con las reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura por la Asamblea Nacional el 1 de septiembre. De acuerdo con el informe, estas reformas excluirían a fuerzas organizadas de oposición de futuras contiendas y volverían a aplazar las elecciones, esta vez hasta 2028, al extender el mandato de varias autoridades electas, incluida la copresidencia de la República, hasta un máximo de siete años.
Represión generalizada
La represión también se ve en las cifras de detenciones. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron 243 privaciones arbitrarias de libertad durante el período analizado, mientras que la Oficina de Derechos Humanos documentó directamente 35 casos. Al 15 de junio de 2026, al menos 46 personas permanecían detenidas por motivos políticos, según esas organizaciones.
El informe advierte de que estas cifras no son exhaustivas debido a las restricciones de acceso al país, la falta de cooperación de las autoridades y el temor a represalias entre víctimas y testigos. Türk instó al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
La ONU identificó además al menos ocho casos de desaparición forzada que continuaban abiertos al cierre del período analizado y documentó cuatro muertes de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. En 29 de los 35 casos de detención documentados por la Oficina, las personas afectadas fueron presuntamente víctimas de desaparición forzada durante su reclusión.
El deterioro institucional, según el informe, ha ido acompañado de un cierre progresivo del espacio para los medios y las organizaciones civiles.
Durante el período analizado fue clausurado al menos otro medio de comunicación, con lo que la cifra de medios cerrados en los últimos ocho años asciende a 56. También fueron disueltas otras cuatro organizaciones de la sociedad civil, elevando a más de 5.500 las entidades cerradas en ese período.
“Ya casi no queda nada por cerrar”, dijo Türk al referirse a esta situación.
Nicaragüenses en el exilio
La Oficina de Derechos Humanos también documentó formas de represión, como amenazas, vigilancia y restricciones para regresar al país, contra nicaragüenses en el exilio, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y personas consideradas opositoras al partido gobernante.
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Durante el período analizado, el ACNUDH documentó además al menos 41 casos de ciudadanos a quienes se les negó arbitrariamente la entrada a Nicaragua y otros 19 casos de personas a las que se denegaron pasaportes, partidas de nacimiento o títulos académicos por parte de los servicios consulares y de migración.
El informe señala que estas medidas pueden dejar a algunos afectados en una situación de “apatridia de hecho”. La situación también afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, según el informe, que advierte de una creciente distancia entre las garantías reconocidas en la legislación y su aplicación.
El ACNUDH señala que cerca de la mitad de las 81 concesiones mineras otorgadas durante el período analizado afectan a las regiones autónomas del Caribe, donde vive buena parte de estas comunidades.
El informe recoge además denuncias de violencia contra mujeres y niñas indígenas, restricciones a la libertad religiosa y agresiones contra personas LGBTQ+. En materia de violencia de género, organizaciones civiles documentaron 53 feminicidios en 2025, mientras que las autoridades no publicaron datos oficiales desglosados sobre estos casos.
En sus conclusiones, la Oficina de Derechos Humanos sostiene que Nicaragua mantiene un proceso de “desmantelamiento sostenido y sistemático” de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.
Türk pidió al Gobierno cambiar de rumbo, liberar a los detenidos arbitrariamente y restablecer la cooperación con ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos.
El Alto Comisionado también reclamó garantías para la libertad de expresión, asociación y reunión, la independencia judicial y la participación política, así como el restablecimiento de los derechos de nacionalidad, propiedad y participación pública de quienes hayan sido privados de ellos de manera arbitraria.
