Bloomberg Línea — El Gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 3 de octubre, enviada a la Junta Directiva del organismo regional y, en paralelo, a la Cancillería de Guatemala, en su calidad de depositaria del tratado.
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“El Gobierno de la República de Nicaragua, en ejercicio pleno de su soberanía, ha decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, con efecto inmediato”, señala el documento.
La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, dijo a La Prensa de Nicaragua que, en resguardo de la institucionalidad, analiza “los alcances jurídicos y operativos” de la carta y que la someterá a sus órganos internos “para las consideraciones legales, políticas y diplomáticas correspondientes”.
El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y lo integraban Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que nunca se adhirió.
Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman los expresidentes y exvicepresidentes, que pasan a ser legisladores de manera automática.
Sin embargo, en julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas y partidos aliados al presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma constitucional para retirar al país del organismo, con el argumento de que es una institución inoperante. Como consecuencia de esta decisión, a partir de las elecciones de 2027, el país dejará de elegir representantes para este organismo.
Antes lo había intentado Panamá en 2009, sin éxito. La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) afirmó en una resolución sobre el Tratado Constitutivo del Parlacen, que no existe una cláusula de denuncia o retiro explícita, por lo que el país canalero no podía salirse de ese ente parlamentario regional.
En el caso de Nicaragua, la Junta Directiva del Parlacen ha sido convocada a una reunión extraordinaria este lunes para definir una posición oficial.
Por qué se va Nicaragua ahora
El Gobierno nicaragüense no explicó los motivos de su salida. El anuncio se produce después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución que exige elecciones libres y la liberación incondicional de presos políticos, tras el anuncio del copresidente Daniel Ortega de que no habrá más comicios en el país. Ortega gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.
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La resolución, aprobada en una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, insta además a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella, pero no impone sanciones concretas por parte de los Estados Miembros.
El texto fija un plazo de 90 días para que el gobierno avance en esas demandas, que incluyen el retorno de los exiliados, la restitución de propiedades confiscadas y el restablecimiento de medios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
“La resolución fue aprobada por absolutamente todos los países del continente americano. No quedó ni uno defendiendo a los Ortega Murillo”, afirmó la historiadora nicaragüense Dora María Téllez, en un video publicado en su canal de YouTube.
Eventual salida
Entre los analistas nicaragüenses hay lecturas distintas sobre el peso de la salida del Parlacen, aunque coinciden en el diagnóstico sobre el organismo.
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Para el economista Enrique Sáenz, se trata de “un retiro intrascendente, de un organismo también intrascendente”: el Parlacen, dice, nació con fines encomiables en tiempos promisorios para Centroamérica, pero “derivó en un organismo inútil y desprestigiado”. Los perjudicados, señaló en un mensaje en X, son los diputados alineados con Ortega —los “libero-orteguistas”, como José Antonio Alvarado, Morales Carazo y Ortega Reyes—, que dejarán de percibir esos emolumentos.
El analista Alex Aguirre, director ejecutivo del Instituto para la Paz y el Desarrollo (iPades), dijo a 100% Noticias que la salida del organismo no debe verse como un hecho aislado “ni únicamente como una decisión relacionada con la soberanía nacional”, sino como “un nuevo acto de represalia política contra el sistema de integración regional”.
A su criterio, la retirada se suma a la crisis en torno a la Secretaría General del SICA —donde, según él, Managua intentó imponer candidaturas sin consenso— y a la salida de Nicaragua de la CCJ en marzo de 2025.
Aguirre enumeró también los enfrentamientos con la OEA, órganos de tratados de la ONU, el Comité de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, y dijo que la conducta del Gobierno es ya “un factor de riesgo” para la arquitectura de integración centroamericana. “Debe entenderse como una advertencia”, advirtió.
