Bloomberg Línea — Nueve países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Estados Unidos y Brasil, comunicaron su disposición a crear un grupo negociador con Nicaragua, según un documento al que tuvo acceso AFP.
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La conformación del Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua deberá quedar cerrada antes del lunes 2 de noviembre, precisó el documento de la organización. Una vez constituido, el grupo buscará abrir un diálogo con Managua y tendrá 60 días para presentar sus conclusiones.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú han manifestado su interés en integrarlo. Otros países aún pueden unirse.
La iniciativa responde a la resolución que los cancilleres del bloque aprobaron por consenso el 2 de octubre, en una reunión extraordinaria en Washington, para demandar la restitución de la democracia en el país centroamericano.
El texto prevé, si el diálogo no prospera, acciones de presión diplomática, económica y financiera, con excepción del uso de la fuerza.
El detonante fue la reforma constitucional con la que el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo busca excluir a la oposición de las elecciones. Managua, que se retiró de la OEA en noviembre de 2023, guardó silencio ante la nueva oferta, aunque el bloque insiste en que el país debe acatar la Carta Democrática Interamericana y respetar los derechos humanos.
La OEA no puede sancionar a sus miembros, pero sí emitir recomendaciones que cada gobierno aplica después según sus intereses. Estados Unidos, que ya impuso una batería de sanciones contra el gobierno nicaragüense, se muestra el más activo en la conformación del frente, según la AFP.
La tensión bilateral escaló este mes, cuando Nicaragua rechazó a la diplomática Natasha Franceschi como embajadora de Estados Unidos, la segunda designación vetada por Managua en cuatro años, tras la de Hugo Rodríguez en 2022.
El 17 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, y calificó el rechazo de “una actitud conflictiva” y “un teatro político hostil”.
Días después, el 22 de octubre, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, advirtió que “las autoridades son conocidas por incautar propiedades y activos financieros sin previo aviso ni justificación legal”, y recordó porqué el Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses a reconsiderar y tomar precauciones antes de viajar o invertir en Nicaragua.
La advertencia se produjo después de que nueve jubilados estadounidenses comenzaran a recuperar las llaves de sus viviendas de lujo en Tola, en la costa del Pacífico, ocupadas a finales de agosto por la Procuraduría General de Justicia y transferidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Las devoluciones arrancaron el 15 de octubre, cuatro días después de que el caso fuera revelado por medios independientes, incluyendo Confidencial, sin explicación oficial ni confirmación de que la restitución será total.
El pulso con China
La presión también apunta a la presencia económica china. La Embajada de Estados Unidos en San José afirmó el 23 de octubre que las prácticas de las mineras chinas que operan en Nicaragua, como la compra de mineral por debajo del precio de mercado, empujan a los mineros artesanales nicaragüenses a cruzar la frontera para extraer oro ilegalmente en Costa Rica.
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El gobierno de Ortega entregó entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras a 22 empresas chinas que ocupan más de 1,27 millones de hectáreas, una décima parte del territorio nacional, según datos de la oenegé Fundación del Río.
La Embajada de China en San José calificó de infundadas las acusaciones. “La gran mayoría de las empresas mineras que operan en Nicaragua son de capital norteamericano y latinoamericano (...). ¿No es esto un doble rasero?”, cuestionó, al tiempo que aseguró que Pekín exige a sus empresas en el extranjero cumplir las normas internacionales y las leyes locales.
El Gobierno de Nicaragua respaldó la postura de Pekín mediante un comunicado difundido en medios afines en el que expresó su pleno apoyo a la declaración de la representación diplomática china y destacó la veracidad de su contenido.
