Bloomberg — La administración Trump está dando marcha atrás en un objetivo de aplicación de la ley de inmigración ampliamente citado, diciendo a un tribunal federal de apelaciones que no existe una política formal que obligue a los agentes a detener a 3.000 personas al día.
La declaración se hizo en una presentación judicial del Departamento de Justicia la semana pasada, en defensa de la campaña de aplicación ampliada de la administración en el Gran Los Ángeles, donde un juez ha prohibido temporalmente a los agentes que se dirijan a las personas por motivos de raza, idioma o ubicación. El caso marca una importante prueba legal de la agenda de inmigración del segundo mandato del presidente Donald Trump y podría establecer límites sobre cómo opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en otras ciudades estadounidenses.
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“La alegación de que el Gobierno mantiene una política que ordena 3.000 detenciones al día parece tener su origen en informes de los medios de comunicación que citan a un asesor de la Casa Blanca”, escribió Yaakov Roth, abogado del Departamento de Justicia. “No se ha establecido tal objetivo como una cuestión de política, y no se ha emitido tal directiva a o por” el Departamento de Seguridad Nacional o el ICE, su brazo ejecutor.
El caso fue presentado por residentes del área de Los Ángeles, trabajadores y grupos de defensa que afirman que los agentes de inmigración han estado deteniendo e interrogando a personas en función de su aspecto, el idioma que hablan o el lugar en el que se encuentran.
En junio, la región de Los Ángeles se convirtió en un punto álgido en la represión de la inmigración por parte de la administración, ya que las protestas contra la deportación estallaron en toda la ciudad y la administración Trump desplegó miles de tropas de la Guardia Nacional de California y marines en servicio activo para proteger la propiedad federal y ayudar a los agentes del ICE, una medida tomada en contra de los deseos de los funcionarios estatales y locales demócratas.
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Los demandantes en el caso señalaron los comentarios públicos del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien dijo a Fox News en mayo que la administración estaba “buscando establecer” un objetivo mínimo de 3.000 detenciones al día y que Trump “va a seguir presionando para que ese número aumente.”
El mes pasado, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que no había una cuota, pero se hizo eco de la cifra de 3.000, diciendo a los periodistas que no era lo suficientemente alta. “Hagan cuentas: tendríamos que arrestar a 7.000 cada día durante el resto de esta administración solo para atrapar a los que Biden liberó en la nación”, dijo Homan.
En su presentación del 30 de julio, el Departamento de Justicia instó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. a anular una orden de un tribunal inferior que limitaba las tácticas de aplicación de la ley. La administración argumentó que las operaciones del ICE se guían por evaluaciones individuales y necesidades operativas, no por objetivos numéricos.
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Pero el viernes, un panel de tres jueces se negó a poner en pausa la orden, lo que significa que las restricciones seguirán en vigor mientras prosiga el caso. El fallo prohíbe a los agentes detener a personas sin sospechas razonables de que se encuentran en el país de forma ilegal y prohíbe utilizar factores como la raza, la etnia, hablar español, determinados tipos de trabajo o estar presente en zonas donde los inmigrantes suelen reunirse -como aparcamientos o esquinas- como justificación para aplicar la ley.
La batalla judicial se produce cuando la mayoría de los estadounidenses dicen no estar de acuerdo con la forma en que la administración está gestionando la inmigración. Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 62% de los adultos estadounidenses desaprueban el enfoque de Trump sobre la inmigración, incluido un 45% que lo desaprueba firmemente. Solo el 35% dijo que lo aprobaba.
El caso es Vásquez Perdomo contra Noem, 25-4312, Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito (San Francisco).
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