Fortalecer las condiciones para la innovación y el acceso en América Latina

Por Rafael Reis, Head de Asuntos Públicos para América Latina y Canadá en Novartis

América Latina atraviesa un momento decisivo para la salud. La innovación científica avanza a un ritmo acelerado, abriendo nuevas posibilidades para prevenir y tratar enfermedades. El desafío —y también la oportunidad— es lograr que estos avances lleguen a los pacientes de manera oportuna y equitativa.

Es una pregunta que escucho constantemente de todos los actores involucrados, especialmente de pacientes y médicos: si el tratamiento ya existe, ¿por qué no podemos acceder a él? Responderla requiere mucho más que innovación. Depende de la solidez del ecosistema de salud en su conjunto y de las decisiones de política pública que lo moldean.

Por qué la previsibilidad importa

Contar con un marco de propiedad intelectual (PI) predecible y eficaz es uno de los pilares fundamentales. De acuerdo con la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), desarrollar un nuevo medicamento toma entre 10 y 15 años, requiere una inversión de US$2.600 millones y solo el 12% de los tratamientos que ingresan a ensayos clínicos obtiene finalmente la aprobación. La protección de la propiedad intelectual es uno de los factores que orientan el nivel de inversión de largo plazo y la disposición a asumir riesgos, además de contribuir a crear un entorno donde la innovación pueda prosperar: no solo impulsando la investigación global, sino también fortaleciendo las capacidades científicas locales y las alianzas estratégicas.

Los avances recientes en dos países de la región son señales alentadoras en esa dirección. En marzo de 2026, Argentina derogó una legislación vigente desde 2012 que restringía severamente la patentabilidad farmacéutica y avanza hacia su adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, lo que refleja una intención más amplia de alinearse con el ecosistema global de innovación. En México, las modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraron en vigor en abril de 2026, agilizando los procedimientos y fortaleciendo la seguridad jurídica para los titulares de patentes, incluyendo la extensión de su vigencia para compensar retrasos en las aprobaciones regulatorias. Son decisiones de política pública que envían una señal clara: las inversiones estarán protegidas y los pacientes serán los beneficiados.

Al mismo tiempo, la experiencia en toda la región demuestra que el acceso está determinado por un conjunto más amplio de factores. Los tiempos de los procesos regulatorios, la claridad de las rutas de aprobación y la eficiencia administrativa influyen directamente en la rapidez con la que los nuevos tratamientos llegan a estar disponibles. Incluso después de su aprobación, los sistemas de fijación de precios y reembolso —muchas veces sometidos a una importante presión fiscal— desempeñan un papel decisivo para definir hasta qué punto los pacientes pueden beneficiarse de ellos.

Estas dinámicas ayudan a explicar por qué las demoras en el acceso persisten, incluso cuando la innovación avanza a nivel global. Enfrentar este desafío requiere un enfoque más integral.

Una agenda más integrada

Fortalecer los sistemas regulatorios es un punto de partida fundamental. Un mayor uso de modelos de reconocimiento regulatorio, mediante los cuales las autoridades nacionales toman como referencia las decisiones de agencias reguladoras de confianza, puede ayudar a reducir duplicidades y acortar los tiempos de aprobación. Asimismo, avanzar en la digitalización y contar con requisitos más claros y predecibles puede mejorar la eficiencia sin comprometer los rigurosos estándares de seguridad y calidad.

La región ya muestra avances en esta agenda. En septiembre de 2025, las autoridades aprobaron, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una nueva política regional —la primera de este tipo— para ampliar el acceso a tecnologías sanitarias de alto costo, priorizando la innovación, el fortalecimiento de los marcos regulatorios y la toma de decisiones basada en evidencia. Ahora, la pregunta es si esta iniciativa se implementará con la urgencia que requiere.

Del mismo modo, es fundamental evolucionar los modelos de fijación de precios y reembolso. Los sistemas de salud en América Latina enfrentan el desafío de responder a una demanda creciente con recursos limitados. En este contexto, modelos más flexibles —como los basados en valor, en resultados o en esquemas de reparto de riesgos— pueden ayudar a armonizar el acceso a la innovación con la sostenibilidad financiera. Algunos países de la región ya han implementado estos enfoques, demostrando que los modelos de acceso flexibles pueden ampliar el acceso de los pacientes mientras contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Otros países podrían considerar su adopción, siempre de acuerdo con las prioridades y capacidades de sus propios sistemas de salud.

La industria también tiene la responsabilidad de contribuir a las soluciones. En Novartis, el compromiso va más allá del desarrollo de tratamientos innovadores: también trabajamos para ampliar el acceso de los pacientes en la práctica cotidiana. Esto incluye programas de apoyo a pacientes, estrategias de precios diferenciados y alianzas orientadas a fortalecer la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, promoviendo diagnósticos más tempranos y fortaleciendo la capacidad de los sistemas.

Sin embargo, estos esfuerzos alcanzan su mayor impacto cuando forman parte de un entorno estable y con visión de largo plazo. En este contexto, los marcos de propiedad intelectual siguen desempeñando un papel esencial. Aportan la previsibilidad necesaria para impulsar la inversión de largo plazo y fomentar una colaboración sostenida. No obstante, su impacto depende de cómo interactúan con otros elementos del sistema, desde la eficiencia regulatoria hasta las políticas de acceso.

El potencial de América Latina

América Latina cuenta con importantes fortalezas para avanzar en esta agenda: una comunidad médica altamente calificada, capacidades de investigación en crecimiento y un compromiso compartido entre los países por mejorar los resultados en salud. El impacto económico también es significativo. Un análisis de IQVIA sobre la industria de las ciencias de la vida en América Latina concluyó que por cada dólar generado por el sector, otros 75 centavos se movilizan en distintas áreas de la economía, y que cada empleo directo genera más de un empleo y medio adicional. Los países que ofrecen entornos estables para la innovación y marcos alineados con estándares internacionales atraen inversiones, ensayos clínicos y lanzamientos tempranos de nuevos productos.

Los avances registrados en los últimos años demuestran que las reformas son posibles cuando existe una visión compartida en torno a objetivos comunes. La siguiente etapa consiste en consolidar ese progreso mediante un enfoque más coordinado, que reconozca que la innovación y el acceso están estrechamente vinculados y que ambos dependen del buen funcionamiento del sistema en su conjunto.

Este no es un debate de suma cero entre prioridades contrapuestas. Se trata de crear las condiciones para que la innovación continúe avanzando y los pacientes puedan beneficiarse de ella sin demoras innecesarias, de modo que una persona en Bogotá o Lima tenga las mismas oportunidades que una en Boston o Barcelona. Para lograrlo, es necesario avanzar de manera sostenida en distintos frentes: fortalecer los marcos de política pública, mejorar la eficiencia de los sistemas y promover modelos de acceso sostenibles.

El objetivo es claro y concreto. Los pacientes de América Latina deben poder beneficiarse de los avances médicos en plazos acordes con las posibilidades que hoy ofrece la ciencia. Alcanzarlo dependerá de una colaboración permanente entre gobiernos, industria y todos los actores del ecosistema de salud.

Si se generan las condiciones adecuadas, la región está en una posición privilegiada para seguir avanzando, no solo en la adopción de la innovación, sino también en la manera en que esta se desarrolla y se pone al servicio de las personas. Los tratamientos ya existen; garantizar el acceso es una decisión de política pública.