Bloomberg Línea — Venezuela ha avanzado mucho más allá de la etapa en la que las criptomonedas eran un activo reservado para inversionistas o entusiastas de la tecnología. Las stablecoins se han convertido en una herramienta habitual para preservar valor y acceder a dólares digitales en una economía marcada durante años por la depreciación del bolívar y las dificultades para acceder a divisas.
Pero esa adopción no ha venido acompañada necesariamente de una integración equivalente con el resto del sistema financiero.
“Yo situaría a Venezuela en una fase de alta adopción y baja integración”, dice André Sprone, responsable para Latinoamérica de la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC. A su juicio, el país ya “ha superado con creces la fase inicial de experimentación”, aunque la conexión entre las plataformas de criptomonedas, los bancos, los sistemas de pago y un marco supervisor predecible sigue estando menos desarrollada que en otros mercados de la región.
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La comparación permite dibujar una de las paradojas del mercado venezolano. Mientras Brasil ha avanzado hacia una mayor integración entre el ecosistema de activos digitales y el sistema financiero tradicional, Argentina ha incorporado las stablecoins a prácticas cotidianas de ahorro y comercio. Venezuela comparte con este último mercado una fuerte demanda práctica por estos instrumentos, pero enfrenta mayores limitaciones en el acceso a la banca, la conectividad internacional y la seguridad normativa.
El resultado es un ecosistema en el que los activos digitales pueden cumplir funciones financieras concretas para los usuarios, sin que esa infraestructura esté plenamente conectada con el resto de la economía.
Esa diferencia se vuelve especialmente visible en el momento de transformar los activos digitales en dinero utilizable dentro del sistema financiero local. El desarrollo de nuevas herramientas de pago vinculadas a plataformas de criptomonedas apunta a reducir esa distancia, pero también pone de manifiesto que la adopción tecnológica no elimina automáticamente las fricciones de la economía venezolana.
La reciente incorporación de tarjetas vinculadas a saldos en criptomonedas, por ejemplo, permite acercar los activos digitales al consumo cotidiano. Sin embargo, para los usuarios venezolanos la utilidad de estos instrumentos también depende de las condiciones bajo las cuales se produce la conversión y de las referencias cambiarias utilizadas para liquidar las operaciones.
En una economía donde el tipo de cambio oficial convive con otras referencias utilizadas en el mercado, la forma en que se convierte un dólar digital puede tener un impacto directo sobre el poder de compra. La posibilidad de mantener fondos en USDT no resuelve por sí sola las fricciones que aparecen cuando esos recursos deben entrar en contacto con el sistema de pagos local.
Para Sprone, el siguiente paso de Venezuela dependerá de factores que van más allá de la adopción. Unas reglas más claras, canales locales fiables para entrar y salir del ecosistema cripto, mayores garantías para los consumidores y productos que expliquen de manera sencilla sus derechos y riesgos serán necesarios para cerrar esa brecha.
¿Después del dólar digital?
La siguiente frontera también podría ampliar el papel que hoy cumplen las plataformas de criptomonedas para los usuarios venezolanos.
Si durante años el principal atractivo de las stablecoins ha sido ofrecer una vía para preservar valor y acceder a dólares digitales, las exchanges comienzan a explorar la posibilidad de convertirse también en puntos de acceso a activos financieros tradicionales.
Sprone considera que el oro sería el punto de partida más natural para los usuarios venezolanos. “Se considera ampliamente como una reserva de valor y se ajusta a las prioridades de los usuarios acostumbrados a la inflación y a la incertidumbre monetaria”, señala.
Después podrían ganar interés los índices bursátiles generales de Estados Unidos, que permiten una exposición más diversificada a los mercados internacionales, antes de una eventual expansión hacia empresas globales de sectores como tecnología, energía y consumo.
Los datos de MEXC muestran una tendencia más amplia, aunque no específica de Venezuela. En julio, el oro se mantuvo como la principal fuente de volumen en los futuros vinculados a activos financieros tradicionales de la plataforma, mientras que el volumen de futuros sobre acciones individuales aumentó un 111% frente a junio. Las acciones estadounidenses tokenizadas, además, representaron el 62% del volumen al contado de estos activos.
El comportamiento apunta a una demanda que combina activos considerados defensivos con la búsqueda de exposición a los grandes temas de los mercados bursátiles globales.
Pero esa ampliación del acceso también plantea nuevas diferencias que los usuarios deben comprender. Comprar una exposición tokenizada a una acción, un futuro o cualquier otro derivado no equivale necesariamente a poseer directamente el activo subyacente. Las estructuras pueden implicar distintos derechos, acuerdos de custodia y niveles de riesgo.
Exchanges y brokers
Para los venezolanos con dificultades para abrir y financiar una cuenta en un broker internacional, las plataformas de criptomonedas podrían convertirse en un punto de acceso más sencillo a los mercados globales. Pueden reducir algunas fricciones operativas, permitir montos de entrada más bajos y ampliar la disponibilidad de productos financieros.
Pero Sprone advierte que esa transición todavía enfrenta límites importantes.
La claridad regulatoria, la verificación de sanciones, las conexiones bancarias locales, la disponibilidad de divisas, la liquidación de operaciones, la resolución de disputas y la protección de los inversionistas siguen siendo elementos fundamentales.
Además, los derechos económicos y legales asociados a un activo tokenizado o a un derivado pueden diferir de los que tendría un inversionista que posee un valor a través de un intermediario convencional.
Por eso, la evolución del mercado no necesariamente apunta a que las exchanges sustituyan por completo a los bancos o los brókers tradicionales. Más bien, Sprone prevé un modelo en el que ambos sistemas cumplan funciones complementarias: las plataformas pueden ampliar el acceso, mientras la infraestructura financiera regulada mantiene un papel central en la custodia, los derechos de propiedad y la protección del consumidor.
Para Venezuela, el desafío parece estar precisamente en construir ese puente.
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El país ya cuenta con una amplia familiaridad con los activos digitales y ha desarrollado usos prácticos para las criptomonedas que otros mercados de la región apenas comienzan a explorar. La próxima etapa, sin embargo, no dependerá únicamente de que más venezolanos abran una billetera o compren USDT.
Dependerá de si esa adopción puede conectarse, finalmente, con un sistema financiero más amplio, predecible y capaz de transformar los activos digitales de una alternativa frente a las limitaciones existentes en una herramienta plenamente integrada a la economía.